ARGENTINA POLÍTICA. De cómo el asesinato del gobernador
rionegrino termina en movimientos de alta política
Imputada la mujer del gobernador argentino fallecido por un disparo
…A partir de hoy, los
622.000 habitantes de Río Negro pasarán a ser gobernados por el hasta ahora
vicegobernador, Alberto Weretilneck, del centroizquierdista Frente Grande, aliado del peronismo en la
provincia y en el Gobierno nacional que encabeza Cristina Fernández de
Kirchner. Es más, los analistas políticos de la provincia observan que Weretilneck tiene más
coincidencias ideológicas con Fernández que las que mantenía Soria, un
dirigente del peronismo más tradicional.
Weretilneck, antiguo aliado del radicalismo kirchnerista
de Río Negro, será el primer gobernador de provincias en la historia del Frente
Grande, el partido que había fundado el exvicepresidente argentino Chacho
Álvarez (1999-2000). El Frente Grande gobernó
la ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2006, primero en alianza con el
radicalismo y después, con el kirchnerismo.
Pese a que algunos dirigentes peronistas
rionegrinos consideraban que no
podían ceder el poder 21 días después de haber acabado con 28 años de hegemonía
radical, Fernández mostró su respaldo a Weretilneck al enviar al acto de
su jura al jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, y al
ministro del Interior, Florencio Randazzo….
ARGENTINA Y SUS CUENTAS
PÚBLICAS. El decretazo de fin de año reasignando partidas da cuenta de unas
cuentas un tanto jugadas, por un lado, y de cómo las empresas estatizadas que
antes pagaban al Tesoro nacional hoy reciben dinero del Estado, en un negocio
poco comprensible
Por decreto, amplían el presupuesto en $ 22.000
millones para cerrar el 2011
ESTEBAN RAFELE Buenos
Aires
El Gobierno dispuso una
ampliación del Presupuesto de unos 22.200 millones de pesos el último día hábil
del año, tal como tal como fue publicado ayer en el Boletín Oficial. En las 91
planillas anexas al decreto 324, firmado por la presidenta Cristina Fernández y
todo su Gabinete, hay de todo:
ampliación de subsidios para servicios públicos, refuerzo de partidas para planes sociales de
la ANSeS y hasta 15.500
millones de pesos extra de endeudamiento, que explican el 79% del mayor
gasto.
…Como suele ocurrir, el
Ministerio de Planificación fue el más agraciado. Recibió dinero extra para
atender subsidios a la
electricidad (destinados a la Compañía Administradora del Mercado
Eléctrico o Cammesa) por $ 500 millones, otros $ 850 millones para subsidiar el
transporte automotor
y $ 197 millones para
Aerolíneas Argentinas. Las empresas públicas habían recibido otros $ 2.000 millones en
una reasignación presupuestaria de la semana pasada. Así, Cammesa superó en lo que va
del año los $ 23.000 millones
en subsidios, el transporte
terrestre bordea los $ 20.000
millones y la aerolínea
de bandera recibió recursos por casi $ 3.300 millones. Así surge al
actualizar un reciente relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto
(Asap) con los nuevos refuerzos.
Por otro lado Vialidad
Nacional, que también depende de la cartera de Julio De Vido, recibió más de $
691 millones para obras de infraestructura.
Entre las numerosas
ampliaciones de recursos también se destaca un “apoyo a operadores derivados de
energía” por $ 6.598 millones, correspondiente al régimen de gasoil subsidiado.
Otras empresas públicas recibieron refuerzos, como AySA ($ 150 millones), Yacyretá ($ 70
millones) Nucleoeléctrica SA ($ 200 millones) y Enarsa ($ 100 millones).
Además, la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibió otros $ 950 millones para el programa de
entrega de netbooks a alumnos Conectar Igualdad y $ 300 millones para el pago de jubilaciones.
El pago de los servicios de la deuda externa se
incrementó en $ 8.800 millones. Según un especialista en temas
presupuestario, la ampliación obedecería a la contabilización de los pagos del
Cupón PBI correspondientes a diciembre.
Para financiar esta suba
del gasto, el Gobierno
incrementó la emisión de deuda pública en $ 15.500,7 millones. Según el
experto en temas presupuestarios consultado por El Cronista, se trataría de la
actualización correspondiente al financiamiento con adelantos transitorios del Banco Central y la
colocación de títulos intra sector público. A su vez, los ingresos
corrientes aumentaron en $ 6.708,6 millones, de los cuales más de $ 6.500
millones corresponden a impuestos al comercio exterior, como las retenciones.
La ampliación
presupuestaria incluye un aumento en los fondos del Fondo de Garantía y
Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS de $ 27.000 millones. Allí se contemplan las
operaciones efectuadas por el organismo a lo largo de 2011.
El FGS vendió títulos
públicos por $ 16.380 millones el año pasado, principalmente nominados en
pesos. Fuentes del mercado relacionaron esas transacciones con el freno de las
operaciones de contado con liqui, en medio de la fuga de divisas de octubre y
noviembre. Las tenencias de bonos en pesos de la ANSeS cayeron en el año $
10.000 millones y las de bonos en dólares subieron $ 14.000 millones. Los
recursos disponibles en caja y bancos disminuyeron en $ 7.920 millones.
ARGENTINA AUTORITARIA.
Más conceptos anti ley antiterrorista
Luz roja ante la ley antiterrorista
Daniel Muchnik
Periodista. Ensayista
No, de ninguna manera,
no es un “disparate” como calificaron ex funcionarios y actuales funcionarios a
las reacciones frente a la sanción de la Ley Antiterrorista, sancionada en la
madrugada del jueves pasado. Es un tema muy grave, que hubiera requerido un
debate en profundidad. Porque “Terrorismo” es un tema de inaudita vaguedad,
cuestionado internacionalmente, que sirve para cualquier propósito o
intencionalidad política.
La Ley se conoció sin
ningún tipo de imprescindibles polémicas y análisis en profundidad que la
Argentina viene desconociendo, tal vez por darle la espalda a elementales
conceptos democráticos. Asusta que después de un año de escasísima producción,
el Parlamento aprobara con una rapidez inusitada un paquete de leyes
consideradas “Express, entre las que se incluye la Antiterrorista. Y es así
porque muchos lo hicieron, como consideró un legislador, “como ofrenda a la
Presidenta, que las había pedido.
Hubo naturales y
expresivas reacciones desde distintos sectores. De políticos, de Centros de
Derechos Humanos, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de entidades
empresarias, de distintos expertos, del Juez de la Corte Suprema Eugenio
Zaffaroni, de FOPEA (Foro del Periodismo Argentino ). Y del vasto conjunto de
comunicadores después que José Sbatella, titular de la Unidad de Información
Financiera (UIF) considerara que titulares y notas periodísticas podrían
incluírse en el delito que se lanza. Sin olvidar que la norma puede servir
también para criminalizar la protesta social.
El pretexto del
nacimiento de esta Ley es un pedido del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un
foro intergubernamental que viene solicitando esquemas punitivos para el
blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o de organizaciones
terroristas. El GAFI estaba calificando desde hace años a la Argentina como “país
no confiable para las inversiones”. Sin duda que el origen de esta teórica “red
de protección” está en el atentado a las Torres Gemelas y otras acciones de
extrema violencia en el mundo. Argentina no quedó aislada en la presión del
GAFI porque Paraguay puso en vigencia, en junio del 2010, su propia Ley
Antiterrorista con penas de hasta 30 años de prisión. Otra nación vecina,
Chile, tiene su Ley Antiterrorista que fue sancionada por el gobierno militar de
Augusto Pinochet para aplicarla contra combatientes adversarios y contra los
comuneros indios mapuches.
Sin embargo, el juez
Zaffaroni consideró públicamente al GAFI como “un organismo de segunda categoría”
que se atribuye derechos mayores que las Naciones Unidas. Agregó que la Ley
Antiterrorista , sobra, porque todos los delitos que pretendería abarcar están
incluidos ya en el Código Penal.
El dilema crucial de
esta Ley es qué significa para los que la elaboraron y aprobaron “terrorismo, un término sin
especificidad, indefinible, en torno al cual las mismas instituciones
internacionales no se han podido poner de acuerdo. A fines del primer
trimestre de este año, cuando se presentó el proyecto de Ley en el Parlamento,
la Asociación de Abogados de Buenos Aires consideró que “conforme a principios
elementales de derecho penal universalmente aceptados, es inadmisible la creación
de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico, aterrorizar. Se aplica “polisémico”
a una palabra que tiene varios significados.
Un terreno peligroso, por lo impreciso.
Recordó esta Asociación, que la Corte Suprema negó un “estatuto especial” al término
“terrorismo, teniendo en cuenta que el Código Penal prevé y reprime delitos
contra la vida, abuso de armas, delitos contra la libertad individual,
extorsión, daños, atentados contra la seguridad pública y el orden público. Lo
único que no forma parte es el delito de genocidio, que habría que incorporar
en una imprescindible reforma del Código Penal.
FOPEA reaccionó con
dureza frente a las leyes Express en tanto se consideró una sumatoria de
acosos. Pidió recaudos para que la producción y abastecimiento de papel para
diario y la norma ‘antiterrorista‘ se realice con criterios que beneficien a la
sociedad en su conjunto y no sobre la base de intereses particulares.
La acepción “terrorismo,
“terrorista”, ha dado pie en el Siglo XX a grandes injusticias y fue usado en
medio del furor de la Segunda Guerra Mundial y en renovados conflictos. La
historia argentina carga con leyes de excepción que no frenaron ninguno de los
actos terroristas que impactaron en el país. Y sólo fueron útiles para la
represión social y política.
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