Lunes 14-XII-09

ARGENTINA CORRUPTA. Sabe Dios por el momento qué curso tomará la cámara oculta que pasó Lanata el domingo pasado la que revela la trama de la corrupción de Néstor Kirchner y, podría finalmente, exponer a la propia trama de la Presidente. Indigna la corrupción por sí misma, pero el saKeo realizado en más de 10 años de gobiernos kirchneristas, tiene más de 100 muertos además de incumplimientos de sentencias de la Corte Suprema en relación con los jubilados y amenaza, además, con llevarse puesto al país constitucional. El Juez interviniente dispondrá de una prolífica jurisprudencia sobre las cámaras ocultas: se las invalida judicialmente y la prueba así invalidada hace inexistente cualquier acto que se denuncie. Por su parte, los afectados han empezado a defenderse con naturalidad contra “dos diletantes” que tendrán que responder ante la Justicia de la mano de sus abogados. Contra los dichos de aquellos “dos divagadores”, están los dichos de estos. ¿Qué investigará el Juez? Porque Oyarbide cuando sobreseyó a los Kirchner por sus declaraciones juradas lo hizo sobre la base de formalidades: si el formulario era el correcto, si la fecha de presentación y esas cosas. Nunca sobre el fondo, sobre cómo habían hecho tamañas ganancias. Pero un aspecto gravísimo, en nuestra opinión, es la capacidad que tiene un gobierno que se establece para hacer “negocios” sobre el presupuesto nacional, de la obra pública, los planes sociales, al imponer una ley de impunidad como fue la de blanqueo emitida en tiempos de Néstor. El blanqueo fue un escandaloso perdón de actividades ilícitas, penales que los senadores y diputados oficialistas votaron a libro cerrado.  Es un escándalo sin proporciones. El aparato del Estado Argentino ha sido usado, primeramente para el sakeo y, seguidamente, para establecer leyes que ocultan un eficaz perdón a la conducta inmoral de toda una familia ya reinante. Lo que vimos en el programa de Lanata no llega a ser el hueso: imagínate si hablara Lázaro Báez, pero sí le da absoluto sentido a la conducta ladrona a la par que se  usa el Estado para crear impunidad: tomar los medios, tomar a la Justicia, aplastar a la oposición. Ya no es “el modelo nacional y popular” sino el robo a saco lleno del dinero de impuestos. El Klan no sabemos si tiene muertos directos, pero ciertamente ha logrado hacerse de muchos millones de pesos en forma espúrea y, debemos suponer, apretando aquí, amenazando allá y actuando acá. Más allá de la profunda indignación que tenemos muchos argentinos, no te ilusiones en los trámites judiciales ni en la caída de la imagen de Cristina. Es muy posible que el Juez interviniente actúe para lograr el sobreseimiento de Néstor y de Cristina y el encanutamiento de un nuevo Schoklender, Leo Fariñas. El público que vota a Cristina, ¿tendrá capacidad de analizar moralmente la cuestión y escandalizarse? No le vemos al tema más futuro que el que le pueda dar la gente desde el 18 de abril. Si esperás a jueces abalanzándose sobre la causa, te equivocás. Si creés que la militante votada por todos para el puesto de Procuradora General va a designar a un cuerpo de fiscales aguerridos y guerreros, te equivocás. Y si me equivoco yo….¡grande Argentina!

ARGENTINA CORRUPTA. Está claro que Alí Babá y los 40 ladrones necesitan sí o sí reformar al Poder Judicial aún en el caso de perder las elecciones y no poder ir Cristina (Alí Babá) a una re-re-elección. Si el escenario es que todos estos ladrones quedan en el llano sin cobertura como diputados o senadores o presidente, necesitan, al menos, otros atorrantes pero con investidura de juez. ¿Te queda claro?

¿Democratización o la suma del poder público? Sonia Escudero El proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende reformar la estructura actual del Consejo de la Magistratura se inscribe dentro de la proclamada voluntad de democratización de la Justicia: el oficialismo invoca, en tal sentido, la soberanía popular como única fuente de legitimidad política que, se sostiene, debe extenderse al Poder Judicial habilitando una mayor participación y control ciudadano en dicho poder. Puedo compartir, con algunos matices, esas premisas pero el mencionado proyecto está muy lejos de concretarlas; antes bien, reproduce el gesto autoritario, tantas veces visto en la historia, de oligarquías gobernantes que, al amparo de contingentes mayorías obtenidas electoralmente, pretenden perpetuarse en el poder. Insisto: este proyecto sólo contempla la participación y el control ciudadano en la letra; en su espíritu y sus efectos previsibles sólo se propone propiciar la conservación del poder por la elite política y económica que gobierna el país desde hace diez años, colonizando el Poder Judicial. ¿Cuál es el mecanismo que el proyecto plantea para alcanzar ese objetivo? En primer lugar, establece que los jueces, abogados y académicos que se postulen para el cargo de consejeros deben que hacerlo como parte de la propuesta electoral que los diferentes partidos políticos presenten para las elecciones presidenciales: en el caso de los jueces, ello implica romper con la tradición republicana –reflejada en diferentes normas legales nacionales y provinciales- que impide la participación de jueces en toda actividad política, pues ello pondría en cuestión su imparcialidad; y todos (jueces, abogados, académicos) quedarían así, obviamente, disciplinados al partido que los postularía. La lista de candidatos al cargo de consejeros que obtenga más votos se quedará con la mayoría de los cargos y la primera minoría con el resto, lo que en los hechos supone una suerte de revival del espíritu del Pacto de Olivos que, más que previsiblemente, otorgará al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical el monopolio de la representación en el Consejo. Me pregunto: si se pretende, realmente, democratizar la justicia, ¿por qué no se utiliza, para la elección de consejeros el sistema D´Hondt, demostrando la vocación pluralista de permitir la incorporación de otras fuerzas políticas que representan a porciones sustanciales del electorado, aun sin ser mayoría y primera minoría? Pero incluso para la primera minoría la representación en el Consejo será punto menos que testimonial porque -y en esto radica el ataque a la vez más grave y burdo a la independencia del poder judicial-, el proyecto modifica el régimen actual que exige, para la selección o remoción de magistrados, una mayoría de dos tercios de los votos computables, reemplazándolo por la exigencia de una simple mayoría absoluta. Si actualmente la oposición podía vetar, con el peso numérico de su representación, los nombramientos de candidatos o la remoción de jueces, a futuro, de prosperar el proyecto, bastará el voto de los miembros del Consejo integrantes de una misma fuerza política (que podría ser la que, al mismo tiempo, ocupe el Poder Ejecutivo, la que tenga la mayoría en el Poder Legislativo y la que tenga mayoría, también, en el Consejo de la Magistratura) para seleccionar a un magistrado o sentenciar esa destitución. Que es lo mismo que decir que el oficialismo podrá integrar a voluntad cualquier vacante en un tribunal y, también a voluntad, remover a cualquier magistrado, por buenas o malas razones. En esas condiciones: ¿qué quedará de la independencia del Poder Judicial? Poco y nada y más nada que poco. ¿Qué duda puede caber? Jueces adictos al poder político o temerosos del mismo nunca podrán constituir un Poder Judicial auténticamente democrático. http://opinion.infobae.com/sonia-escudero/2013/04/15/democratizacion-o-la-suma-del-poder-publico/