18/4/13

ARGENTINA REVOLUCIONARIA. Que la banda K conjuga conductas de Alí Babá y las metas revolucionarias de los 70s es algo ya común. Desde NdF venimos desde hace 2 años señalando este perfil del cristi-kirchnerismo. La concentración de poder que ha logrado y que está por lograr, propio de los socialismos absolutistas, se combina con la toma de empresas y actividades económicas por parte de la banda –faceta Alí Babá- y no necesariamente su “socialización” o “estatización”. Ocurrida ésta, de todas formas, coloca a su tropa a costa del presupuesto de la empresa estatizada, lo que es lo mismo que se chupa al Tesoro Nacional y, finalmente, a la Anses y a la emisión de moneda. La revolución está en marcha y para muestra basta el botón de Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación, votada casi por aclamación por la oposición de todo signo y color. De tener éxito el embate contra la Justicia, no dudes que será la Presidente de la Corte Suprema Revolucionaria, con Cristina, para Cristina y hacia Cristina
Gils Carbó y los “Jorges”
Carlos Mira
Los que quieran tener una versión adelantada de lo que será la Argentina sin Justicia -o, lo que es lo mismo, el país bajo la “Justicia democratizada”- sólo deberían prestar atención a lo que ha ocurrido con el Ministerio Público Fiscal desde que la presidente echó al procurador Esteban Righi (luego de que Amado Bodou lo acusara falsamente de tráfico de influencias en el caso Ciccone [Righi en realidad "renunció", pero a buen entendedor, pocas palabras]) para colocar allí a Alejandra Gils Carbó, luego de que su primer intento de coronar al impresentable de Daniel Reposo fracasara abiertamente por la intríseca ignorancia y brutez que el candidato mostró en las audiencias del Senado.
La señora Gils Carbó, el mismo día que asumió, se puso a “disposición de lo que la presidente necesitara” (esas fueron sus palabras textuales) cuando en realidad el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente y autónomo del Poder Ejecutivo cuya principal misión es defender los intereses de la sociedad frente al Estado y generar la actuación de oficio cuando el patrimonio y los recursos de todos los argentinos estén en peligro.
Desde que está en su puesto, Gils Carbó no ha hecho otra cosa que sobreactuar su genuflexión frente a la presidente. Es más, desde su sillón encabezó un movimiento público para respaldar el avance del poder ejecutivo sobre el Poder Judicial en lo que finalmente anunció la señora de Kirchner hace una semana.
Desde que el programa PPT de Jorge Lanata emitió al aire un informe con muy serias pruebas que involucran al ex presidente Kirchner en maniobras corruptas viabilizadas por su socio Lázaro Báez a través del dinero de la obra pública que el Estado le concedía a la empresa del ex empleado bancario santacruceño, la señora Gils Carbó no ha instruido a ningún fiscal para que tome cartas en el asunto e investigue qué se hizo con ese dinero aspirado de los bolsillos inocentes de los argentinos.
A este momento no se conoce una sola iniciativa del Ministerio Público que pretenda indagar sobre los dichos de los “arrepentidos” que declararon por TV el domingo a la noche.
Uno de ellos, Leonardo Fariña, llegó a mensurar la fortuna de Baez (a quien no dudó en identificar como socio de Néstor Kirchner) en U$S 5000 millones que se encontrarían depositados en efectivo en la bóveda del la ex sucursal del Banco Hipotecario de Río Gallegos que Baez habría hecho trasladar a su estancia cuando el banco cerró esa dependencia.
La denuncia, con abundante documentación, de estos hechos, sin embargo, no ha hecho que Gils Carbó moviera un dedo. Su movimiento quinta columna “Justicia Legitima” sí se cansó de emitir comunicados para respaldar el avance de la presidente sobre la imparcialidad del Poder Judicial, pero de esto no ha dicho ni hecho nada.
En esta realidad se halla resumido el futuro que le espera a los argentinos cuando sus intereses individuales aparezcan en controversia con los del Estado (es decir, de ahora en más, con los caprichos y las ocurrencias de la presidente): ningún juez actuará, como así tampoco actuaron los fiscales dirigidos por la teóricamente “independiente” Gils Carbo en el caso de Baez/Kirchner.
Otro costado de esta cuestión es el ingente esfuerzo del gobierno y de sus medios controlados para que lo que claramente es el caso “Baez/Kirchner” (o “Baezgate”, como prefieran) sea presentado como el caso “Fariña/Rossi” o, peor aún, como una farandulesca versión de Karina Jellinek y de Ileana Calabró que termine discutiéndose en Intrusos, el programa de Jorge Rial.
La verdad es que a veces el destino cruza tragicómicamente lo que el poder jamás hubiera querido que se crucen. Que el estallido del Baezgate se haya producido en la misma semana en que la presidente pomposamente anunció que la Justicia para ser democrática debe fallar siempre en el mismo sentido que se expresa la voluntad de los funcionarios elegidos por la mayoría circunstancial de una elección, es una ironía casi sobrenatural.
Resulta que el mismo poder que se autoatribuye ser la voz inatacable del mismísimo pueblo, frente al que ningún individuo puede retobarse y frente al que ninguna Justicia puede dictar un fallo que lo contradiga, es aquel que desvía fondos que ese mismo pueblo paga trabajosamente a través de sus impuestos para engordar los bolsillos privados de personas privadas que, despojadas de todo su ropaje de poder público, deberían ser iguales que nosotros frente a la ley.
No puede más que seguir resultando paradójico que el gobierno que eleva lo “publico” prácticamente al estadio de la divinidad y condena lo “privado” prácticamente al escarnio de lo inmoral use el resultado dinerario del esfuerzo de millones para enriquecerse privadamente y que luego utilice la misma estructura del poder público para no investigar, para cajonear y para desviar la atención de la causa.
Estamos frente a un momento decisivo de la historia democrática (si es que se le puede dar ese nombre) del país. En muchos otros, por mucho menos, los gobiernos debieron dar una profunda cuenta de lo que hicieron y señalar con nombre y apellido a los culpables.
¿Estará la Argentina a la altura de las circunstancias? ¿O lo que se denunció seriamente en el programa de un “Jorge” (Lanata) terminará diluido banalmente entre plumas de vedettes en el programa de otro “Jorge” (Rial)?
OEA Y VENEZUELA. El legendario Secretario General de la OEA, colaborador imperturbable de los regímenes de izquierda en la región, ha jugado de vuelta y, nuevamente, a favor de un gobierno de izquierda. En los casos en que en América y bajo el juego de la constitución local, un presidente de izquierda era desplazado, el señor Insulza salía a respaldarlo desmereciendo la constitución local. En el caso de Nicaragua, el Tribunal Supremo hizo una interpretación imposible y permitió la reelección de Ortega, solamente por ser de izquierda. En esta coyuntura venezolana, hizo más de lo mismo, aunque arrancó con inaudible pedido de recuento de votos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, reconoció esta mañana el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela, pero reclamó la apertura del diálogo político entre los sectores antagónicos en los que quedó dividido ese país y condenó los hechos de violencia que ocurrieron en las últimas horas.
"Somos respetuosos de las formas legales y constitucionales de Venezuela", afirmó Insulza en una entrevista con Radio Mitre de Buenos Aires, para quien "el Consejo Electoral ya adoptó" una decisión al reconocer a Maduro como nuevo presidente.
ARGENTINA KORRRRRUPTA. Veremos cómo se comporta este juez. En Primera instancia un juez puede embarrar la cancha. Ciertamente será la Cámara la que fiscalice lo actuado y las resoluciones, pero un ejemplo es Oyarbide a quién suelen llamar la atención pero las causas quedan, se alargan, siguen y….
Un juez cercano a La Cámpora investigará el caso contra Báez por lavado de dinero
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal resolvió ayer que el juez Sebastián Casanello será quien deba actuar en la causa por asociación ilícita y encubrimiento, que acumula las denuncias presentadas a partir del informe de Jorge Lanata sobre maniobras que involucrarían al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una supuesta red de lavado de dinero y fuga de capitales.
Casanello es uno de los cuatro jueces que designó Cristina Kirchner el año pasado para cubrir las cuatro vacantes de primera instancia que había en Comodoro Py. Las fuentes judiciales aseguran que mantiene un fuerte vínculo con la agrupación oficialista La Cámpora. (Ver parte).
La decisión de la Cámara llegó tras una contienda de competencia entre el Juzgado Federal N´ 7, a cargo de Casanello, y el Juzgado Federal N´ 6, cuyo titular es el juez Rodolfo Canicoba Corral, pues ninguno de los dos jueces quiso asumir la investigación.
Casanello ya resolvió dar vista de las denuncias al fiscal federal Ramiro González quien se prevé que resuelva hoy y le dio intervención en la causa a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que depende de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, para no entorpecer el curso de la investigación.
El camarista Martín Irurzun firmó la resolución adjudicando el expediente número 3017/13 a Casanello para la mejor y más pronta administración de justicia y fundamentó su decisión en la fecha impuesta en el cargo, o sea la primera denuncia penal recibida en los juzgados federales. Así Casanello quien asumió en el cargo en octubre acumulará todas las denuncias que ingresaron para que se investigue lo que reveló el programa de Canal 13 Periodismo Para Todos respecto al presunto lavado de dinero de fondos públicos en el que se involucra a Báez, al financista Leonardo Fariña y al propio ex presidente Néstor Kirchner, entre otros…


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