HOY, Colombia por 2, para comprender cómo el proceso de paz impacta en las presidenciales del 2014 y cómo éste puede colarse en el proceso de paz.
POST ELECCIONES ARGENTINAS. Mucho ruido y pocas nueces es lo que sostenemos es el resultado concreto de la elección del domingo. Fijate el cuadro de la composición final de la Cámara de Diputados.
COLOMBIA entre el proceso de paz y una nueva elección presidencial. El ex Presidente Uribe comienza a tallar en las reelección del Presidente Santos. Lo hace diferenciándose del proceso de paz de Santos, reproduciendo el discurso de la práctica uribeña cuando presidente. Las farc, por su parte, se convierten en árbitro entre Uribe y Santos, como señala el segundo artículo que publicamos.  Sin embargo, las farc van a tener que “elegir” a cuál de ellos perjudicar. Si quieren el proceso de paz, deberán apoyar a Santos. Si quieren patear el tablero y recobrar fuerzas, apoyarán a Uribe. Será como decir, “la lucha continúa”.  Esto se explica con el golpe militar del 76 en Argentina: Montoneros lo veía como una oportunidad de fortalecerse.-
Nuestro consejo al Presidente Santos: si va por la reelección, suspenda el proceso de paz a resultas del nuevo gobierno. El anuncio sólo producirá una crisis en el seno de las farc ya que o proponen continuar y terminar ante la posibilidad de que Santos pierda o volverán a fojas cero con un nuevo presidente proveniente de Uribe.
Candidato presidencial colombiano pide terminar ‘ya’ proceso de paz con las FARC
 El candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, apoyado por el ex mandatario Álvaro Uribe con miras a las elecciones del 2014 en Colombia, abogó el lunes por terminar “ya” el proceso de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC llevan adelante en La Habana.
… “Yo he dicho que eso hay que terminarlo y terminarlo ya”, dijo Zuluaga al afirmar que el proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzó hace un año “nació muerto y está mal planteado porque nace de una premisa completamente equivocada”.
El economista y ex ministro de Hacienda y Crédito Público entre el 2007 y el 2010 explicó que un Estado legítimo “no puede negociar de igual a igual con una organización que sigue cometiendo actos terroristas y reclutando menores”.
Por eso afirmó que si en las elecciones del 25 de mayo del 2014 es elegido presidente y detecta voluntad de paz por parte de las FARC, le exigirá a esta guerrilla que “cese toda acción criminal y violenta contra los colombianos, suspenda su financiación con el narcotráfico y que haya un cese de acciones unilaterales verificable”.
Zuluaga reiteró el lema que marcó su primer discurso como candidato y señaló que “la paz no se negocia en La Habana y el modelo de país no se negocia con las FARC”.
Además, comparó el actual proceso de paz con las FARC para terminar el conflicto armado con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) que se desarrolló durante el gobierno de Uribe en el 2005, y determinó que la diferencia es que el “paramilitarismo se sometió” y no discutió la agenda del país.
El ex ministro defendió que él tendrá un “sello” y “estilo” propio pese a la alargada sombra de Uribe, que al haber agotado los dos periodos en la Presidencia que establece la Constitución sólo puede postularse como cabeza de lista al Senado en los comicios parlamentarios del 9 de marzo. “Tengo mi sello, propongo un modelo educativo muy ambicioso. El país sabe que yo tengo talante”, agregó….
Las FARC, árbitro entre Santos y Uribe
M. A. BASTENIER
Tan solo en junio pasado parecía que todo salía a pedir de boca. El 26 de mayo se había llegado a un primer acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC sobre el problema de la tierra. Era solo uno de los seis puntos en litigio en las conversaciones de La Habana entre los negociadores de Bogotá, que dirige Humberto de La Calle (exvicepresidente) y la guerrilla de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez, y alias de alias, Timochenko, representado en la capital cubana por Iván Márquez.
Pero lo acordado era, como lo calificó la revista Semana, una auténtica ‘arma de transformación masiva’, una reforma agraria que pretendía hacer realidad lo que había intentado sin éxito el presidente López Pumarejo en los años treinta. Pero desde septiembre ese optimismo se ha trocado en decepción. Mientras se agigantaba la sombra del expresidente Uribe, para quien Juan Manuel Santos, pese a haberlo apadrinado como sucesor, es la viva imagen de la traición; las FARC, tanto en Cuba, como con atentados sobre el terreno, no contribuían precisamente a que avanzaran las negociaciones. Caían los índices de apoyo al presidente con un abrumador 72% en contra e incluso su reelección, que en mayo parecía una mera formalidad, se hacía brumosa. Y, tras una larga campaña de feroz crítica contra Santos, Álvaro Uribe se disponía a fin de octubre a elegir candidato para las presidenciales de mayo de 2014. El expresidente no podía por ley optar a un nuevo mandato, por lo que tenía que conformarse con ser cabeza de lista de su partido, recién creado, Uribe Centro Democrático, para el Senado, en marzo, también del año próximo. Toda una novedad en un país en el que los expresidentes pueden ser influyentes pero se están quietecitos en su casa.
Las cosas habían comenzado a embolatarse —en colombiano contemporáneo, “complicarse”— con el estallido de una vasta protesta campesina en la zona del Catatumbo, que la izquierda juzgaba fruto emponzoñado del Tratado de Libre Comercio con EE UU por el que los productos norteamericanos le hacían la competencia con ventaja a la agricultura local. El paro se extendió a gran parte del país, el Polo y otras fuerzas organizaron marchas ciudadanas, las FARC lo saludaron con el mismo entusiasmo que si fuera idea suya; pero lo más grave fue que el presidente Santos, de ejecutoria prudente y competente olfato, perdió una excelente oportunidad de callarse cuando negó que hubiera “paro nacional” alguno. Si la habitualmente pasiva ciudadanía colombiana se encrespaba con una protesta que duró semanas y una intensidad inédita desde hacía décadas, hubo quien hasta barruntó que aquello podía ser un nuevo comienzo.
Ese mismo septiembre Santos aireaba internacionalmente sus preocupaciones lanzando ante la asamblea general de la ONU un ultimátum a la guerrilla: “Ya llevamos un año de conversaciones y solo hemos logrado acuerdos en un punto de la agenda…y la paciencia del pueblo colombiano no es infinita”. Las conversaciones a cara descubierta, pero no públicas, habían comenzado en otoño de 2012 en la capital cubana y apenas a comienzos de octubre se entraba a discutir un segundo punto, aunque ciertamente mayúsculo, como era la participación política o incorporación de los guerrilleros a la legalidad, que concitaba una cuestión capital: ¿impunidad para los culpables? Ante la posibilidad de que matarifes convictos y confesos no recibieran castigo, la opinión pública reaccionaba mayoritariamente indignada, lo que prestaba un excelente trampolín a Uribe para cargar contra el jefe del Estado.
Ante el desbarrancadero de las encuestas Santos había procedido a un reajuste gubernamental, significativamente anunciado como ‘Gabinete de Unidad para la Paz’, donde destacaba el nombramiento de Alfonso Gómez Méndez en Justicia para lidiar con el espinoso problema de la participación política, y Rubén Darío Lizarralde en Agricultura, encargado del reparto de tierras a campesinos despojados y desplazados por el conflicto. El Gobierno decía tener a mano, entre baldíos, expropiaciones y recuperación de tierras del narcotráfico, entre tres y seis millones de hectáreas.
Estaba claro, sin embargo, que los insurgentes no iban a aceptar ni un solo minuto de cárcel —jefes o subordinados— lo que obligaba al poder a desplegar tales acrobacias jurídicas como solo conoce el acervo político colombiano. El llamado ‘marco jurídico para la paz’ preveía una solución enigmáticamente denominada ‘justicia transicional’, que zascandileaba con suspensión de penas y posibles deportaciones al extranjero para no tener que enviar a los culpables a la cárcel. Pero las FARC no admitían ni siquiera un simulacro de condena. El fiscal general Montealegre había alimentado la idea de que solamente los culpables de delitos atroces irían a presidio, y el propio Santos había reiterado que los mayores culpables penarían cárcel. Pero Iván Márquez no había ido a La Habana para que le extendieran un certificado de penales, y la guerrilla siempre había sostenido que la guerra, cuyo comienzo databa del fracaso de la reforma agraria de López Pumarejo en 1936, era responsabilidad del Gobierno. Llegado el otoño, el calendario era lo que más debía preocupar al presidente.
Juan Manuel Santos había previsto un proceso negociador “breve, realista y conciso”, de meses, y en ningún caso años. Ya a principios de diciembre de 2012 una elemental prudencia le aconsejaba, sin embargo, ampliar el plazo a noviembre de 2013. Y habida cuenta de la politización extrema del segmento activo de la ciudadanía, el hecho de que las legislativas estuvieran fijadas para el 9 de marzo de 2014, significaba que ya se estaba en plena campaña. Santos es lógico que pretendiera presentarse a la reelección con la firma del fin de las hostilidades en el bolsillo, y aunque ya había insinuado que sería candidato, no lo había anunciado formalmente. Se barajaban por ello diversas posibilidades: que se presentara con firma o sin ella; y que no lo hiciera si no había acuerdo, o incluso si lo hubiera, en plan de regidor magnánimo que no ambiciona el poder, una vez cumplidas sus promesas. Pero la peor hipótesis parece la más probable: que haya elecciones con las negociaciones aún por desenredar.
La actitud de las FARC, entre tanto, es insondable. ¿Alarga la guerrilla la negociación pidiendo lo imposible como que las elecciones sean constituyentes, porque bajo esa presión creen que Santos sería más “manejable”? ¿No le importa que una negociación fracasada sirva a los propósitos de Uribe, que ha tronado —y trinado, colombiano para tuitear— contra la negociación? ¿No temen los insurrectos que si las elecciones se celebraran sin acuerdo tuvieran que vérselas con unas cámaras nutridas de uribistas y con el expresidente dominando el Senado? Y tampoco habría que descartar que el desastre cobrara tal magnitud que en las presidenciales tuviera posibilidades el ungido de Uribe.
La posición de las FARC sobre participación política se ha endurecido en las últimas semanas, pero quizá por ello puede haber grietas en su equipo negociador. Se dice que los que han sufrido los peores arreones del Ejército son los más receptivos a los argumentos de Bogotá, como Pablo Catatumbo, longevo comandante sobre el terreno, mientras que los que llevan tiempo fuera del país haciendo relaciones públicas de una tropa de terroristas, secuestradores y asesinos, como el segundo de Timochenko, Iván Márquez, son mucho más de la cáscara amarga. Existe una posición intermedia, de quienes operan en zonas próximas a la frontera con Ecuador, donde han podido hallar durante años refugio. El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo en una entrevista en 2008 que su país lindaba por el norte “no con Colombia, sino con las FARC”. Y uno de los que milita en esa ambigüedad y tiene gran peso en la organización es Joaquín Gómez, lugarteniente del líder histórico de la fuerza guerrillera, Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez y, alias de alias, Tirofijo, que falleció por causas naturales en la jungla en marzo de ese último año.
Pero las dificultades no acababan ahí. Un factor que añadía urgencia a las negociaciones era el llamado “refrendo popular para la paz”, que el Gobierno pretende que se celebre por vía de referéndum coincidiendo con las elecciones legislativas o presidenciales, opción que rechaza la guerrilla porque es probablemente consciente de su impopularidad. Y Uribe, siempre atento, reprochaba que esa consulta solo tendría sentido si las FARC entregaban previamente las armas porque, si no, sería “como votar con los fusiles en la nuca”.
El gran ‘suspenso’ del pasado fin de semana lo ha aportado la elección del candidato de Uribe a la presidencia. Unos 1.300 compromisarios del Centro Democrático debían optar entre tres aspirantes: Oscar Iván Zuluaga, hombre del aparato, que ha sido el vencedor; Pacho Santos, primo hermano del presidente; y Carlos Holmes Trujillo, político profesional. El periodista y ex vicepresidente con Uribe, Pacho Santos, habría ganado claramente, como es creencia universal, si la elección hubiera tenido lugar, como estaba previsto, por consulta popular. Pero el expresidente prefería en apariencia que ganara Zuluaga, razón por la que impuso la votación intra-partidaria, susceptible de primar cuestiones burocráticas y alianzas internas. La versión más racional de la preferencia por Zuluaga, político escasamente conocido, era que si las presidenciales se dirimían entre dos primos, Juan Manuel Santos y Francisco (Pacho) Santos, el espectáculo sería de ‘república bananera’, un mano a mano oligárquico.
A punto de cumplirse un año de negociaciones, solo está aprobado el punto de la tierra, lo que está lejos de ser un éxito porque el único acuerdo de fondo entre Gobierno y guerrilla es que “nada estará acordado, si no está todo acordado”, como dice Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz y gran responsable de la estrategia negociadora. Y aun faltan por debatir la erradicación del narcotráfico, que debería quedar para cuando hubieran cesado las hostilidades; la reparación a las víctimas, que estaría básicamente satisfecha con la consolidación de la reforma agraria y la resignación popular a un alto grado de impunidad para los asesinos; y, por último, la terminación del conflicto armado, que se desprendería naturalmente del acuerdo sobre todos los puntos anteriores.
La inclinación de Álvaro Uribe por un político profesional en lugar de un aspirante a tribuno como Pacho Santos, ha ahorrado al público algo inédito en la historia de las elecciones no solo colombianas sino latinoamericanas: que dos primos hermanos y además primos dobles, como se dice en Colombia, de padre y madre, se enfrenten por la presidencia. Zuluaga, al que hay que ver en el mejor de los casos como un ’hombre ligio’ del expresidente, ya ha estigmatizado la continuación de las negociaciones y tiene meses de campaña para actuar como eco implacable de su jefe. Paradójicamente, son las FARC quienes pueden decantar la balanza en favor del Santos presidente, apresurando la marcha hacia la firma de alguna promesa de paz a la vista de los idus de marzo.
POST ELECCIONES 2013. Como dijéramos ayer, mucho ruido y pocas nueces fue la elección del domingo. Básicamente, el cristinismo retiene la mayoría en ambas cámaras. Lo que quedaría sepultado es el sueño de modificar la Constitución y la pretensión de llevar a la Corte Suprema a juicio político. De aquí al 2015, nada más querida y querido lector de NdF.
Sin embargo, la elección tiene un efecto secundario: la de haber lanzado tempranamente a los candidatos presidenciales del 2015. El cristinismo tendrá que buscar a quién promover –que no será Scioli lo damos por seguro-, mientras que Scioli, Massa y Macri han actuado de cara a sus candidaturas. Desde hoy en más, todo se referirá al 2015. Y comenzó nomás con el traspaso de diputados macristas en la lista de Massa que van a su redil, salvo uno.
Y los medios han dado tanta letra a imaginar cuáles diputados cercanos al cristinismo se acercarían a los de Massa que obviaron la posibilidad inversa, cuántos de Massa pasarán de bando con el tiempo. Hoy son los de Macri aunque parece muy natural. ¿Mañana?
Los votantes votamos mirándonos la punta de la nariz. Los candidatos miran más allá. Y hacía allá van aunque sigamos mirándonos el ombligo.
¡Ah! Y Cristina también ganó: retiene mayorías suficientes para gobernar sin la oposición hasta el 2015. Que la economía se le desbarranque, es otra cosa.
Empezó la guerra política entre Macri y Massa: tres diputados del FR se pasan al PRO
Horas después del final de la votación legislativa y con el análisis de los resultados sobre la mesa, ya se lanzó una cruda guerra política entre dos de los ganadores de la elección, con claras aspiraciones presidenciales en 2015. Macri vs. Massa; Massa vs. Macri.
"En mi lista del PRO de 2015 no va haber ningún integrante de un antiguo gabinete", desafió el propio Macri al tigrense en medio de las celebraciones porteñas. "Massa ayer era una aliado, hoy es un adversario", sentenció la senadora electa Gabriela Michetti.
La pelea entre el PRO y el Frente Renovador tiene una explicación y fue anticipada por sus protagonistas semanas atrás. En la lista de 35 postulantes a diputados -ingresaron 16- que encabezó Massa figuran cuatro macristas de pura cepa. Soledad Martínez (6º), de estrechos vínculos con el primo Jorge Macri; la larretista y actual legisladora nacional del PRO Gladys González (12º); el exdiputado del PRO Christian Gribaudo (13º), que reconoce como jefe político al presidente de Boca, Daniel Angelici, y Marcelo D'Alessandro (14º), jefe de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) del Gobierno porteño y sobrino de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Se estima que D'Alessandro se quedaría en el FR, mientras que Martínez, González y Gribaudo se enrolarán en el PRO. De este modo, el massismo bajará de 19 a 16 miembros en la Cámara baja y el macrismo se incrementa a 21, ya que con esta elección subió de 11 a 18.
Sin embargo, el intendente de Tigre ya lanzó una telaraña para atrapar a otros legisladores que boyan sin destino cierto en la Cámara baja. En las próximas horas Massa buscará sumar a los diputados que responden a Hugo Moyano, José Manuel De la Sota, Luis Barrionuevo, Mario Das Neves, Carlos "Lole" Reutemann y Jorge Busti para conformar un interbloque de una treintena de diputados. Y aunque en el Senado el massismo no tendrá representación por ahora, no se descarta que el expiloto de F1 se convierta en su primer representan en la Cámara alta.
Los dos fueron los ganadores en los dos distritos electorales más importantes del país. En el total país, Massa consiguió 3,8 millones de votos, mientras que Macri apenas llegó a los 3 millones. Se unieron hasta hace horas para frenar el avance del kirchnerismo, en particular en la Provincia, y lo logaron. Hoy son dos feroces contrincantes.
Así queda la Cámara de Diputados y podrás comprender nuestra posición “mucho ruido y pocas nueces” con que titulamos nuestra entrega de ayer. Y si los medios opositores encontraron en la frase “una ajustada mayoría”, es para no decir lo que te decimos: no tendrá problemas el Gobierno para gobernar mirado desde su posicionamiento en el Congreso. Ciertamente, el Gobierno debe temer más de sí mismo que de la composición legislativa. Fijate que de las 127 bancas en juego, el 37% fueron obtenidas por el oficialismo. UNEN-FAP-UCR levantaron un 28%. El peronismo disidente, el 20%. Pro, un 9%. La pérdida a nivel nacional contra el 54% de la elección presidencia, fueron 17 puntos. Es el electorado fluctuante, no habiéndose logrado perforar el importante electorado militante que acompaña al FPV. Lo que le restó fue más peronismo.
partido
antiguas
nuevas
totales
particip
FPV
83
47
130
50,6%
UNEN-FAP-UCR
25
36
61
23,7%
Peronismo disidente
11
26
37
14,4%
Pro y aliados
5
12
17
6,6%
Izquierda
3
3
6
2,3%
otros
3
3
6
2,3%
totales
130
127
257
100,0%


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