18/11/13

Para esta semana preparamos una Noticias de Fondo con artículos de fondo. Sabemos que la Presidente vuelve al cargo y esto dará pasto a los medios para buena parte de la semana: cómo se compadecerán las especulaciones realizadas por casi un mes con lo que la Presidente exhiba desde sus discursos, su semblante, sus gestos. No nos hemos prendido de tales especulaciones y veremos en la realidad cómo vuelve Cristina. Mientras tanto para no entrar en la masividad, los artículos que te proponemos son los relevantes. Salvo alguna cosa que lo amerite, no publicaremos más durante esta semana.
Nota nuestra sobre la explosión de inseguridad en algunas partes del conurbano y la reflexión si ya no cabe esperar más nada del Estado y es tiempo de la autodefensa.
Argentina al borde del abismo narco, por Julián Obiglio
Electorados Mutantes. Buscando explicaciones al triunfo del Partido Obrero en Salta, nos lleva a mirar  lo ocurrido al PP en España: disminuye votos pero el electorado no se los da al PSOE. Una dinámica que promete extenderse a Francia.
Gobernador Scioli y los horribles números de su gestión. ¿Todavía pensás que es una buena opción presidencial?
El revisionismo histórico se saca chispas, por Claudio Chaves. Básicamente, el revisionismo está en pugna entre el nacionalismo y el marxismo.
PROCESO DE PAZ COLOMBIANO. Dos artículos que, desde una perspectiva crítica del proceso, establecen la interrelación farc y reelección del Presidente Santos.
MITOS ARGENTINOS: Suecia es la sociedad y Estado ideal, el paraíso de la organización social perfecta. Un artículo que desmitifica. Al fondo.
REPORTAJE DE FONDO. Se trata del reportaje a un ex miembro del Tribunal Supremo brasileño sobre la libertad de prensa. Leelo con atención y compará con la situación argentina en que el kirchnerismo y bajo identidad ideológica del socialismo de Binner, el radicalismo, el pinismo y de los partidos de izquierda ganadores en las últimas elecciones, se intenta reglamentar a la prensa. Para empezar, hoy por hoy se la “regula” desde los aportes del Estado conforme la línea editorial favorable o no.
Hasta el próximo lunes, si es que no ocurre algo recontra de fondo.
INSEGURIDAD CONURBANO - ¿AUTODEFENSA?
En San Isidro en menos de dos semanas se registraron al menos 8 robos en domicilios en solamente uno de sus barrios. De madrugada o a plena luz del día. Silenciosos o tomando prisioneros a los habitantes de la casa. En general sin violencia física expresa, pero sí psíquica, aunque un cuchillo en tu garganta no sabríamos cómo categorizarlo. Es como que han salido a “cobrar” lo que el apaciguamiento pre electoral les había costado.
La percepción es que la gente ya tiene claro  que nada más debe esperar desde el Estado. Peor aún, nada de lo que pueda hacer el Estado provincial impactará en el aquí y ahora. Veamos cómo se pusieron los funcionarios nacionales ante la denuncia del Episcopado  y de la Corte Suprema. Veamos cómo reacciona Scioli tratando de morigerar los dichos de estas instituciones antes que un plan novedoso en materia de seguridad.  Es decir, responden desde las palabras y no desde los hechos.
Lo cierto, es que si el asalto no tiene víctimas, se apilan las causas en las fiscalías y punto. Para movilizar la estructura judicial y policial se requiere una violación, al menos.  Un herido leve no mueve el amperímetro. Que un auto robado lo encuentre primero Lo Jack a que lo haga la bonaerense es la distancia entre rescatarlo sano y salvo o desguazado.
Así las cosas, para quienes venimos desde hace 15 años buscando respuestas legales, oficiales, institucionales ante la ola criminal que se vive llegamos a una conclusión: es el tiempo de la auto defensa. De cómo organices tu casa previniendo áreas en las que estés vos y tu familia y a  la cual sea muy difícil acceder, la probabilidad de despertar con un cuchillo o un arma en tu cabeza son hoy muy altas. El bunker debería, al menos, dar la oportunidad de llamar al 911 o a tu compañía de alarmas.
Si por años defendimos no tener armas en casa, hoy recomendamos abiertamente tenerla pero con la preparación que requiere un arma y la organización familiar que evite una desgracia aún peor.
El punto es que tu vida es aleatoria: el asaltante tanto puede llevar la cosa sin consecuencias como, sin motivo aparente o visible, la lleve hacia la muerte. Hay tantos ancianos que no constituían peligro alguno para sus captores y sin embargo fueron asesinados casi por gusto.
El Estado –nacional, provincial y municipal- ha llegado al límite de lo que podía dar en el marco ideológico en el que la clase política se puso.  La Justicia está masivamente tomada por un pensamiento liberador antes que de defensa de la sociedad. Las policías tienen un alto grado de corrupción, entendido esto como que son parte de los delitos que se cometen. Pueden hasta estar  regenteando algunos de ellos, como el narcotráfico.  Los políticos están entrampados en discursos y sus acciones cuando son positivas, no llegan al terreno o son morigeradas por los jueces.
Las reuniones vecinales preocupadas por la inseguridad barrial, han agotado las instancias y los recursos. Se multiplican cámaras que pueden servir para el día después mas no como prevención. Los recursos humanos comunales y de la bonaerense puestos en la calle adolecen de saturación, desidia y hasta connivencia.
Nada es esperable del Estado y, por lo tanto, solamente es esperable lo que venimos constando año a año: una criminalidad que crece y que actúa con inmunidad e impunidad a partir de los incentivos que establecen la connivencia de funcionarios del Estado, las reglas judiciales y carcelarias y un marco ideológico poco amistoso para combatir a la delincuencia. Saben poner freno a cualquier modelo copia a Cuba, por ejemplo, pero no proponen nada que impida el crecimiento delincuencial. No admiten discutir el tema al que ponen el freno de acusación de facio y punto.
Mientras tanto, amiga y amigo lector, empezá a considerar cómo te defendés vos. El debate viene para largo todavía y de ocurrir el milagro de que despierten nuestros políticos, el impacto inmediato será muy bajo.
NARCOSOCIEDAD. El Episcopado argentino ha brindado un muy útil servicio a la sociedad con su denuncia del avance del narcotráfico y la necesaria connivencia con el poder en sus formas de policías, jueces o políticos. La Corte salió al escenario expresando que de antes que los obispos ellos venían observando al Gobierno sobre el tema al trasladar quejas de jueces del Norte argentino. Alguno que otro político se montó en el flete (1) pero sin demasiada repercusión entre la oposición.
El siguiente artículo expresa los temas en debate sobre el narcotráfico en nuestro país.
Argentina al borde del abismo narco
Julián Obiglio
El narcotráfico actúa como un globo a medio inflar, que al ser apretado en un sector, desplaza el aire hacia el extremo contrario. Gracias al combate que México y Colombia desarrollaron contra los narcos, el negocio de la droga se ha ido desplazando hacia tierras menos controladas, que permitan mayor movilidad y, por lo tanto, reducción de costos de producción, traslado y comercialización.
Nuestro país se ha convertido en una de esas tierras liberadas en la que cada día alrededor de cien vuelos ilegales cruzan la frontera para ingresar o extraer drogas, personas o productos de contrabando. Cien vuelos que aterrizan o despegan de alguna de las más de mil quinientas pistas clandestinas que florecen por todo nuestro territorio.
Ello sucede porque no se toman esenciales medidas de seguridad, similares a las que se aplican en la mayoría de los países de nuestra región, y sin dudas, en los Estados Unidos y Europa. El primer paso debe ser blindar nuestras fronteras, tanto terrestres, como aéreas y fluviales. No sirve de nada poner escáneres en los puestos aduaneros si los traficantes ingresan impunemente a escasos metros del control oficial. La Gendarmería debería patrullar esas zonas cumpliendo la función para la cual ha sido entrenada, en lugar de estar ocupando tareas que desconoce, como la seguridad urbana. Lo mismo vale respecto de la Prefectura en los cursos fluviales. Hoy esa fuerza debería estar patrullando los ríos fronterizos, pero en cambio el Gobierno le ha asignado tareas tales como la protección de los políticos que viven en Puerto Madero.
Es indispensable una radarización real, esto es con tecnología específicamente diseñada para detectar aviones en vuelo, su altura y su trayectoria. La radarización requerida es la de tecnología 3D, ya que ubica a la aeronave en latitud, longitud y altura. Hoy hay tan sólo tres radares de ese tipo funcionando, cuando en realidad se requieren al menos quince para cubrir la totalidad de la frontera norte.
Los radares tipo RASIT que se emplazaron en la frontera cuando Cristina Kirchner anunció el rimbombante “Plan Escudo Norte” no sirven para detectar aviones. Esa tecnología está diseñada para detectar formaciones de tanques en planicies o buques en altamar, lo cual no tiene nada en común con los medios con que operan los traficantes, quienes se desplazan en grupos pequeños por la selva.
Es absolutamente necesario contar además con un protocolo de intercepción de aeronaves, que pueda llegar al punto del disparo de derribo, siguiendo pasos similares a los que hoy usan la Prefectura y la Armada para el disparo de hundimiento de buques no identificados detectados navegando ilegalmente dentro de nuestro litoral marítimo. Contar con radares pero no tener este tipo de protocolo funcionando es como tener policías que solamente se dediquen a mirar las cámaras de seguridad, sin facultad de intervenir ante la ocurrencia de un delito.
Diversos funcionarios del Gobierno Nacional han dicho que una ley de derribo equivale a aplicar la pena de muerte sin juicio previo. Ello es absolutamente errado y lo saben, ya que todo protocolo de intercepción establece ciertos pasos que necesariamente se deben cumplir previo al derribo de una aeronave hostil (pedido de identificación, contacto visual, orden de aterrizar, vuelos rasantes, tiro de advertencia, etc.). Y no solo ello, sino que en la mayoría de los protocolos del mundo se reserva la orden de derribo al ministro de Defensa, que debe confirmarla en dos o tres oportunidades por vía radial.
Debido a la falta de estas políticas Argentina se ha convertido en un país de elaboración, consumo y tránsito de droga. Es decir que somos un país que recibe la materia prima, la procesa y luego la exporta o consume en su propio territorio. Esta situación se traduce en un aumento del delito en todas las esferas. La droga es la culpable de las muertes por enfrentamientos entre bandas de traficantes en disputa por un territorio; o la que lleva a los jóvenes a robar, asesinar y secuestrar para conseguir los fondos con los cuales comprarla. La adicción es la que empuja a miles de jóvenes a la prostitución y la que trae aparejada, entre otras cuestiones, la trata de personas.
Son muchas las medidas que deben tomarse para combatir y vencer al narcotráfico. Acciones de prevención e inclusión social deben combinarse con sostenidas políticas de seguridad que incluyan adecuada remuneración y entrenamiento del personal de las fuerzas de seguridad. El documento recientemente presentado por la Iglesia indicó perfectamente algunos de estos ejes.
Luego de diez años al frente del Gobierno Nacional, la señora Presidenta y su gabinete de ministros deberían entender que la lucha contra las drogas no reconoce ideologías, sino la sincera voluntad de vencer a un enemigo que lucra con la muerte de nuestros ciudadanos. Es tiempo de asumir responsabilidades e implementar un plan integral de lucha contra el narcotráfico que está devorando nuestra sociedad. No hacerlo demuestra ausencia de interés por lo que le sucede a los argentinos, o en todo caso un alto nivel de inoperancia, o lo que sería más grave aún, un grado de complicidad importante con los narcotraficantes.
ELECTORADOS MUTANTES, es decir, electores que mudan “A”ideológicamente. El caso de Francia en que se votó a Hollande –Socialista- luego de Sarkozy –derechista-, las noticias desde España es que el PP pierde votantes que no gana el PSOE y en Argentina, la izquierda hace una votación histórica, especialmente en Salta, provincia harto conservadora. ¿Qué mensajes dan los electores a los políticos? ¿Qué “leen” los políticos ganadores” Ciertamente, el cansancio en “los de siempre” lleva a los electorados a votar lo contrario, es decir “a los de nunca” sin advertir el cambio ideológico sobreviniente y, usualmente, la pérdida de tiempo que implicará cambios en zigzag. Hollande hoy está tan cuestionado como Sarkozy y la derecha de Le Pen sueña con un batacazo. Y posiblemente lo logre. Hasta que, como el PP en España, “hagan los deberes” y terminen perdiendo rápidamente el favor de los electores que buscarán en otros, tal vez “los de siempre” lo que creían encontrar en el anterior.
¿Y qué es lo que se busca? En Europa a salvadores que los saque de la crisis pero sin afectación de los “derechos” obtenidos en años de estado de bienestar. Como no resulta, la maquinaria devora a los actores políticos.
En Argentina, se presenta “fatiga de material”. El peronismo en sus diversidad de facetas presentadas en cada turno gubernamental, ya exhibe que sus discursos no se condicen con la realidad y, principalmente, que no hay gobernante peronista que no haya cambiado su situación económica para él y  dos o tres generaciones siguientes.  En los radicales, pocas poblaciones confían en ellos como para votarlos, quedando partidos que no han gobernado y cuyas presentaciones basadas en la moralidad en el ejercicio de la función pública.
El Partido Popular sufrió una fuerte caída de su caudal electoral
POR JUAN CARLOS ALGAÑARAZ. MADRID, CORRESPONSAL.
Según un sondeo publicado por el diario El Mundo, perdió en apenas dos años un 41 por ciento de sus votantes. También cayeron los socialistas.
A dos años de su abrumador triunfo electoral por mayoría absoluta (44,6% de los votos) un sondeo de El Mundo revela que el Partido Popular ha perdido el 31% de su caudal electoral. En caso de realizarse ahora comicios generales el partido conservador en el gobierno obtendría un 30,6% de los sufragios una caída del 14,6% respecto a noviembre de 2011.
Los socialistas siguen en caída libre porque después de haber sufrido su peor descalabro en las urnas (28,8%) hace dos años profundizan su descenso y llegan al 27% de las preferencias.
El colapso del PP se produce a solo 24 meses de su gran triunfo y no hay ningún antecedente de semejante caída electoral en la mitad de un primer mandato. Las elecciones generales tedrían que producirse a finales de 2015 o primeros meses de 2016.
El 86% de los consultados por la empresa SYGMA DOS para El Mundo reclaman una remodelación a fondo del gabinete de ministros algo que rechaza de plano Mariano Rajoy.
Ha finalizado el bipartidismo que ha dominado la política española desde la transición democrática ha terminado.
Con estos resultados, el PP debería aliarse con otras fuerzas para llegar a una mayoría que le permita mejorar. Pero las disponibles son el PSOE, Izquierda Unida, que obtendría el 13,% de los sufragios y la cada vez más pujante Unión del Pueblo y Democracia liderada por Rosa Diaz.
La disidente del Partido Socialista de Euskadi por el acuerdo de tregua con ETA, que terminó en un gran fracaso, llegaría al 10,1% duplicando el apoyo que logró en las generales pasadas.
Es muy significativa la valoración de los líderes políticos que recoge la encuesta. Rosa Díaz es la que recibe más apoyo, 3,76 puntos. El presidente Mariano Rajoy, se aleja en la tabla hasta los 3,36, seguido por el coordinador de Izquierda Unida, 3,34 puntos y final el líder socialista Miguel Angel Perez Rubalcaba con un desvaído 3,12.
Dos años después de su gran descalabro electoral los socialistas no consiguen reemplazar su vieja dirección estrechamente vinculada a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Hace unos diez días un sondeo indicó que el 40% de los españoles se define como socialdemócrata pero de esa masa de votantes solo el 22% está dispuesto a apoyar al PSOE.
GOBERNADOR SCIOLI. Tantos años lustrando la imagen de este inútil Gobernador que ha sorprendido este finde el siguiente artículo publicado en Clarín. Recordamos nosotros cuántas veces trabajamos sobre la figura de Scioli: expresábamos no entender el alto nivel de imagen que presentaba para un gobierno tan malo como el que llevó adelante en su primer mandato y estalló en el segundo. A su inocuidad en los temas centrales, este artículo muestra el pésimo manejo de las finanzas públicas provinciales. Leelo y decinos si todavía pensás que es un buen candidato presidencial, para que lo votés vos.
En 6 años la deuda de la Provincia se duplicó y se triplicó el rojo fiscal
POR ISMAEL BERMUDEZ
Pese a la mayor presión impositiva y por la pérdida relativa de las transferencias correspondientes por la coparticipación, la provincia de Buenos Aires acumula un persistente déficit fiscal. En 6 años el endeudamiento superó los $ 80.000 millones, creciendo cerca de $ 10.000 millones por año (ver infografía).
Esta deuda se alimentó, fundamentalmente, del rojo fiscal que se multiplicó cerca de tres veces. Por esto, tanto el aumento de 18% del impuesto Inmobiliario como la solicitud de endeudamiento por otros $ 15.000 millones por el gobernador Daniel Scioli, son los ejes de la polémica para aprobar la ley de Presupuesto provincial 2014.
La discusión trasciende lo “económico o financiero”. Las fuerzas políticas en pugna son encabezadas por los dirigentes Daniel Scioli y Sergio Massa con aspiraciones presidenciales para 2015. En la legislatura habrá un debate en torno a los números.
Pero además, y como señala la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires merece una atención especial, tanto por su impacto en la población bonaerense como por su magnitud y participación en el presupuesto del sector público consolidado de Argentina. La provincia de Buenos Aires concentra no sólo el 38,9% de la población del país, sino también el 35,3% del PBI”. Y los gastos representan una cuarta parte de los gastos del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Así el presupuesto bonaerense es el de mayor relevancia a nivel provincial por su tamaño.
Desde el punto de vista de los recursos, la estructura provincial está compuesta: 31% de ingresos tributarios provienen del Estado Nacional vía coparticipación, 34% de recaudación provincial de ingresos brutos, 15% de aportes y contribuciones a la seguridad social y el 20% restante son otros impuestos provinciales tributarios (como inmobiliario urbano y rural, sellos, automotor) Esta estructura lleva a que los ingresos fiscales dependan de los giros del Gobierno Nacional y, por el peso de Ingresos Brutos, del nivel de la actividad económica, incluida la propia inflación.
Estos ingresos fueron favorecidos en los últimos años por la reforma tributaria que se implementó en 2012 y los cambios impositivos en 2013, que elevaron la presión tributaria provincial, en especial en el impuesto inmobiliario. Por eso, ahora la propuesta de un incremento de 18% en el impuesto inmobiliario, con la promesa de destinarlo a seguridad, genera tanta controversia. Además, el cobro del impuesto no distingue entre grandes y pequeñas propiedades.
Por el lado de los gastos, se destaca el gasto en remuneraciones al personal que ocupa un poco más de la mitad del total. Le siguen las transferencias corrientes (por ejemplo a municipios) con el 21%, y las prestaciones de seguridad social que representan el 18,8%, componentes que reflejan la rigidez que presenta el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires.
Siguiendo la lógica del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, los proyectos de presupuesto de la Provincia se presentan sin incrementos en las partidas de salarios y jubilaciones para no adelantar ningún piso en las negociaciones paritarias. Eso lleva a que el resultado financiero previsto para cada ejercicio luzca mejorado. Luego a través de disposiciones especiales el gasto se ajusta el gasto revirtiendo o agravando los resultados fiscales de cada ejercicio.
HISTORIA. Un poco de debate sobre ¿cuál es hoy la “historia oficial”? Por años, la “historia oficial” referenció a Bartolomé Mitre y a la historia liberal del país. Con el tiempo, el avance del “revisionismo histórico” y el ingreso actual del marxismo llevan al autor a preguntarse sobre cuál debe ser considerada la “historia oficial”.
El revisionismo histórico se saca chispas
Claudio Chaves
Que los cenáculos culturales afines al kirchnerismo son una secta es tan sólo una verdad de Perogrullo. Galasso le dice no al Instituto Dorrego, porque ve en alguno de sus componentes cierta inclinación nacionalista, rosista-uriburista, y O’Donell, despechado, descalifica luego a Galasso por tener un esquema de análisis marxista. Estos desencuentros entre kirchneristas son raros, máxime cuando vemos que en la inauguración del Congreso del Instituto Dorrego, tres de los que estaban sentados a la mesa son marxistas. Y no lo digo con espíritu macarthista, sino sencillamente porque no se entienden estas descalificaciones mutuas entre bueyes sin cornamentas. Si así son entre ellos, ¡cómo serán con los de afuera!  Extremadamente ásperos y descalificatorios. De cada idea hacen un asunto de vida o muerte. Patriota o cipayo. Bueno o malo. Negro o blanco.
El origen de las discordias
Con la irrupción, al finalizar la primera guerra mundial, de la revolución soviética y de los distintos nacionalismos en boga en Europa, se extendió la creencia, pronto asumida masivamente, de que las instituciones liberales ya nada tenían para ofrecer. A derecha e izquierda creció la idea de revolución como única posibilidad de cambio. La llegada a nuestras playas de la nueva atmósfera mundial ganó adeptos y la crisis del 30 cerró un ciclo. Sin embargo la idea de dependencia o imperialismo, que hoy reactualiza el kirchnerismo cultural a través del Instituto Dorrego, no fue originaria de nuestro país. Habían contribuido a su desarrollo, por un lado el pensamiento de Lenin, quien en su líbelo “El imperialismo, etapa superior del capitalismo” actualizó el marxismo de cara al siglo XX. Y por el otro, el auge de los nacionalismos alemán, italiano y japonés que profesaban el mismo discurso contra Gran Bretaña y los EEUU, en su condición de naciones liberales. Samir Amin, Franz Fanon, Edward Said, Noam Chomsky y Paulo Freire, entre otros, abrazaron la doctrina del imperialismo y la dependencia cultural. En nuestro país, Raúl Scalabrini Ortiz en el prólogo a su libro Historia de los ferrocarriles argentinos, copió textualmente y sin citar párrafos del libro de Lenin.
En definitiva, una síntesis de nacionalismo y marxismo hizo furor en el mundo y particularmente en Iberoamérica, mientras el internacionalismo de fines del siglo XIX se hundía profundamente desacreditado. A partir del 30 emergió, entonces, un mundo compartimentado, hermético, con naciones que se tabicaron bajo un fuerte proteccionismo económico y un relato ideológico que cerraba por “arriba” la realidad subyacente. El nacionalismo y el socialismo en un sólo país fueron el cuerpo doctrinario de aquella realidad. En paralelo el liberalismo sucumbía de la mano de Keynes en Inglaterra y de Prebisch y Pinedo en la Argentina.
El revisionismo histórico y el peronismo
La visión histórico-política de los nacionalistas se agrupó en torno al Instituto Juan Manuel de Rosas. Con el afán de desandar la historiografía liberal, a la que denominaron “Historia Oficial“, buscaron en el pasado sus raíces para no aparecer como una doctrina importada. ¡Como efectivamente lo era!  Y de tanto revisar la historia construyeron un linaje, un tanto caprichoso. Pero como sea, lo realizaron. Pasado y presente fueron enlazados en una hermenéutica armónica, con un subido sesgo mecánico. Lo cierto fue que el peronismo mientras gobernó fue refractario al revisionismo. Perón se hallaba más cerca del liberalismo que de cualquier otro sistema de ideas. Fue su caída, por la irracionalidad de la revolución del ’55, lo que llevó al peronismo, en la clandestinidad, a encontrar en el revisionismo sus colores y sonidos. Y una nueva camada de intelectuales se sumó a la anterior para direccionar a un peronismo inerte. Jauretche, Murray, José María Rosa, Abelardo Ramos, Hernández Arregui, fueron algunos de los intelectuales que contribuyeron a esa mutación. La rebelde clase media en su sector juvenil universitario y no universitario devoró, insaciable, a dichos pensadores.
El eje fundamental de aquellos escritos se afirmaba en la necesidad de construir una identidad cultural argentina, que el liberalismo decimonónico había destruido. ¿El objetivo? Ser un país autónomo e independiente. Afirmándose en su mercado interno y en “vivir con lo nuestro”, según lo indicaba la dirección de la política mundial.  Finalmente, el pensamiento “nacional”, como se autotituló, ganó la batalla cultural contra el liberalismo “extranjerizante”. Al menos así lo creo, cuando observo que la élite política argentina, en su totalidad, aceptó, sin chistar, todas y cada una de las nacionalizaciones y estatizaciones celebradas por el actual gobierno. El Instituto Dorrego más que bochinchear contra la “Historia Oficial”, de sesgo liberal, debiera sacarse la careta y asumir que la historia oficial son ellos, pues es la vertiente que ha triunfado, luego de ochenta años de prédica. Sin embargo dejo una pregunta: si la lucha contra el imperialismo guardaba relación con la atmósfera cultural de aquellos años, ¿qué tiene que ver este pensamiento con la actualidad? Cuando China, India, Vietnam y Brasil, entre otros, se abren al mundo, ¿se integran sin complejos de aculturación o pérdida de la identidad? Nuevos vientos soplan en el mundo y el kirchnerismo se refugia en el pasado.

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA y la influencia en el mapa pre electoral colombiano, principalmente en la re elección de Santos. Presentamos dos artículos muy críticos de los conceptos bajo los cuales se firmó el segundo acuerdo y presentan la interrelación que hay desde ahora entre las farc y Santos candidato a la reelección.
Las FARC, jugadas por la reelección de Santos
Darío Acevedo Carmona
Por todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial. Como lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los diálogos está en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que le firmaran algún documento.
El texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una idea bastante equivocada sobre Colombia.
En efecto, cualquier francés o norteamericano o japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías para la oposición. Que las FARC son una guerrilla que lucha por esos ideales, que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para hacer actividad política en la legalidad.
Así lo hemos percibido en estos días de euforia desmedida y de congratulaciones diplomáticas. La palabra paz, aunque siga estando lejos, ejerce una atracción fascinante y da amplios réditos políticos a quienes se la apropian. No importa que el precio sea abrir la puerta de la democracia a la implantación de un régimen de corte castro-chavista por la vía de la combinación de todas las formas de lucha, pero ahora, con el énfasis en las grandes ciudades y en las masas urbanas.
El Estado colombiano cede a algo que se supone había negado antes o que no existe. Según los firmantes, en adelante se “profundiza y robustece nuestra democracia” como si la Constitución vigente no contemplase un amplio régimen de garantías que ha permitido, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos de diversas tendencias, el crecimiento electoral de la principal fuerza de izquierda, el Polo Democrático Alternativo, la existencia de una ambiente de libertad de prensa y de opinión, la realización de protestas, huelgas y movilizaciones de sectores sociales que han tenido como sus grandes enemigos no a los gobiernos ni una política de estado, sino la acción armada ilegal de grupos de extrema izquierda y extrema derecha.
Hay párrafos bastante desafortunados para el sentido común como ese que dice “la firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia… A fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia…”. Pues se acepta que no habrá entrega de armas y se da por sentado que la guerrilla lucha por la democracia y que ella está por llegar.
Los aspectos más polémicos del acuerdo son los referidos al compromiso de crear “Circunscripciones Especiales de Paz” en zonas de conflicto, sin decir cuántas ni dónde ni por cuánto tiempo. No es necesario ser muy perspicaz para asociar esta concesión a la vieja pretensión comunista impulsada por “Tirofijo” en los años 60 para crear zonas de autodefensa campesina que hoy se pretenden reciclar en las llamadas “zonas de reserva campesina” que servirían de retaguardia social a las fuerzas guerrilleras que hayan “dejado”, más no “entregado” las armas y en las que no imperarían algunas normas del estado de derecho. Tradúzcase “creación de repúblicas independientes” que cumplirían la función estratégica de apoyar el levantamiento popular al que parece estar apuntando las FARC en su cambio de estrategia para hacer la revolución.
No está por demás advertir que la idea de las circunscripciones especiales es una “medida extraordinaria” de las que contempla el documento gubernamental de la negociación, que supone reforma constitucional, que puede violar el bloque de constitucionalidad al alterar los principios de representación política y de proporcionalidad de la misma.
De parte de las FARC no hay un sólo compromiso en el acuerdo. Sabedoras de tener en sus manos la suerte del presidente Santos han cobrado duro ese poder al dar a entender al mundo que ellas no son una fuerza terrorista sino democrática que trata de alcanzar un espacio en un país que no les ha brindado oportunidad de hacerlo pacíficamente.
Sin duda, pues, las FARC van ganando, tienen la iniciativa, no han cedido en nada, seguirán atacando la Fuerza Pública y acometiendo actos violentos, han asumido una retórica democrática con la que solapan su credo comunista. Se han convertido de hecho en aliados electorales del presidente Santos en la búsqueda de la reelección presidencial.
Con la firma de este documento han logrado (gratis) extender la negociación hasta por lo menos agosto del 2014 cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno. En los meses por venir, jugarán un rol protagónico y se pueden convertir en árbitros de la campaña presidencial. El presidente Santos nos ha demostrado que puede hacer concesiones “extraordinarias”, o sea, inconstitucionales, y feriar la institucionalidad con tal de aplastar el uribismo y hacerse reelegir.
Diálogo con las FARC: una luz en medio del show
Fernanda Kobelinsky
Colombia acepta la participación política de la guerrilla cuando se firme la paz. Las FARC aceptan entregar las armas para hacer política. El acuerdo en este terreno es quizás lo más cerca que estuvo Colombia de firmar la paz. No conocemos aún los detalles, los negociadores prometieron difundirlos en los próximos días. Pero lo que sí sabemos es que en medio de la fiebre mediática que los guerrilleros experimentan en la más que receptiva Cuba, cuando se habla a puertas cerradas, se negocia.
Las FARC entregarán las amas y Colombia promete ampliar su democracia. El acuerdo en este punto, el segundo de la agenda, es el que podría destrabar los demás: el fin del conflicto (dejar las armas), el narcotráfico y víctimas y verdad (comisión de la verdad).
“Nada está pactado hasta que se pacte la paz”, acordaron en Oslo el 18 de octubre de 2012 cuando públicamente decidieron sentarse a negociar. Esta última coincidencia, que detractores califican como un insulto a la democracia e independientes y oficialistas catalogan como histórica, llega en el momento más crítico de las negociaciones de cara a la opinión pública.
Es que como las charlas son secretas, cuando se prolongan y no hay novedades, el show de las FARC en La Habana copa la escena. No es el yate, ni los paseos por los agradables jardines del complejo El Laguito lo que debería preocupar al presidente Juan Manuel Santos. Al fin y al cabo son sólo lujos pasajeros de la negociación.
Sin embargo, la disponibilidad mediática es la gran cuestión a contrarrestar para el gobierno colombiano. El grupo de negociadores de la FARC tiene a su disposición todos los micrófonos internacionales para opinar del proceso en discusión como de cualquier punto de la vida política de los colombianos.
A un año de su inicio, la prolongación de las conversaciones impacienta. Aun así, las encuestas marcan que Colombia está a favor de seguir dialogando, aunque no confía en la guerrilla. Sus razones tiene, con un conflicto que lleva más de 50 años, 5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos, desplazados y secuestrados.
Vale decir que no hay cese de fuego: el gobierno sigue buscando guerrilleros y las FARC siguen atacando violentamente. Sólo entre octubre y estos días de noviembre podemos contabilizar una decena de episodios (ataques, emboscadas, voladura de oleoductos, paros armados, etcétera).
Mientras los ciclos de negociación (el próximo comienza el 18 de noviembre) sean más herméticos y sin pausas, más posibilidades tendrá Santos de que la sed mediática de las FARC no se fagocite el proceso.
Para sumarle tensión a las ya complicadas negociaciones, 2014 es año electoral. Santos seguramente irá por la reelección y deberá mostrar avances si quiere mantener el puesto. Sus contrincantes, especialmente Álvaro Uribe y su delfín electoral, lo fustigarán por sentarse a negociar con la guerrilla.
Si quiere crecer y recuperar la imagen perdida, deberá contener las declaraciones mediáticas de los guerrilleros. Es que las FARC le tomaron el gustito a los micrófonos. Mientras el gobierno quiere mantenerse en la agenda acordada sin revelar detalles, los jefes guerrilleros dan conferencias de prensa prácticamente todos los días. Hablan de todo, opinan de todo… están cómodos. “Negociar” el proceso de paz les sienta mejor que la paz misma
MITOS ARGENTINOS. Uno de los mitos argentinos (además del de los ferrocarriles impuesto por Pino Solanas) está el de Suecia como país Meca de una sociedad organizada, feliz y plena de “derechos” (subsidios). Los radicales tiempo atrás referían a ella como ideal de sus gobiernos: altísimo nivel de impuestos y llenos de subsidios desde el Estado. Este artículo te lo explica cómo surge el modelo y cómo ha evolucionado. Explica porqué, de pronto, ganó una coalición de derecha y cuando los socialistas retomaron siguieron haciendo lo que la derecha hacía.
Mitos en torno a Suecia y el Estado de Bienestar
Adrián Ravier
En la literatura se considera a los países nórdicos como aquellos que han logrado disfrutar de los beneficios del “socialismo de mercado” y el “Estado de Bienestar”, caracterizado como un sistema intermedio entre la economía de mercado y la economía socialista, que toma lo mejor de cada uno y deja de lado sus fallas. Entre estos países nórdicos, se dice, Suecia ha encontrado el modo de alcanzar los más elevados niveles mundiales de igualdad social, sin coartar el espíritu empresarial. Suecia se presentaría como el modelo a seguir, por países avanzados y en desarrollo, por haber alcanzado un equilibrio entre la equidad y la eficiencia. El objetivo de este artículo es analizar el debate entre economía de mercado y Estado de Bienestar, sobre la base del caso sueco. En la literatura, y también en la opinión pública, predomina un mito sobre la economía sueca y su Estado de Bienestar que es necesario reconsiderar.
El modelo capitalista sueco
Hacia finales del siglo XIX, Suecia inició un período exitoso de desarrollo económico construido sobre la base de la economía de mercado. Johan Norberg, en un artículo acerca de los “modelos suecos” (2006), explica que “los comerciantes suecos podían exportar hierro, acero y madera, y los empresarios crearon innovadoras empresas industriales que se volvieron líderes mundiales. Entre 1860 y 1910 los salarios reales de los trabajadores industriales crecieron en un 25% por década, y el gasto público en Suecia no rebasó el 10% del PIB”. En 1932, el Partido Socialdemócrata llega al poder. Y no fue algo coyuntural. Entre 1930 y 1988 este partido contó con un apoyo electoral del 40%, según documenta Mauricio Rojas en el libro Suecia después del modelo sueco, publicado por la Fundación CADAL (2005). Se trataba de un partido de clase media, el cual se esforzó por crear sistemas de seguridad social que permitieran extender beneficios en jubilaciones, desempleo, maternidad y salud a toda la población. La política aplicada fue de socialización gradual por el lado del consumo, esto es, el cobro de impuestos a los trabajadores para ofrecer estos servicios a toda la población, pero sin controlar ni intervenir en los medios de producción. Norberg explica, sin embargo, que hasta 1950 “el peso total de los impuestos no era mayor al 21 % del PIB, más bajo que en los Estados Unidos y Europea Occidental”. Hay que destacar que Suecia se mantuvo al margen de las dos guerras mundiales, lo que permitió a la economía alcanzar resultados asombrosos. Suecia era un país rico. En 1970 tenía el cuarto ingreso per cápita más alto del mundo, de acuerdo con estadísticas de la OCDE.
El modelo sueco del Estado de Bienestar
Pero entonces comenzó un cambio de paradigma y Suecia terminó por abandonar los principios que le habían permitido hasta entonces alcanzar niveles elevados de bienestar. Los socialdemócratas expandieron la asistencia social y el mercado laboral se volvió enormemente regulado. El gasto público entre 1960 y 1980 se elevó del 31 al 60 % del PIB, lo que requirió que entre 1960 y 1989 se duplicara la carga tributaria, del 28 al 56 % del PIB. Fue entonces que el modelo mostró dificultades. La economía de mercado fue transformada en una economía planificada, algo que se observó en el abandono de una economía industrial para ofrecer fundamentalmente servicios. A medida que más trabajadores abandonaban sus empleos y se sumaban a la asistencia social, los impuestos recaudados se reducían, y el gasto aumentaba, lo que llevó al país a evidenciar problemas fiscales serios. Lo dicho llevó a la economía a moderar su magnífico desarrollo previo. Norberg nos ilustra señalando que entre 1975 y 2000, mientras el ingreso per cápita creció un 72% en Estados Unidos y un 64% en Europa Occidental, el de Suecia sólo creció en un 43%. Para el año 2000, Suecia cayó al lugar 14 en el ranking de la OCDE sobre ingreso per cápita. En 1990, la grave crisis económica mostró una pérdida de 500.000 puestos de trabajo, superando la tasa de desempleo el 12%. El exitoso modelo sueco se convirtió en un fracaso. Y esto ocurrió porque el “modelo sueco de mercado” practicado hasta 1950, fue abandonado por el hoy conocido “modelo sueco” del Estado de Bienestar. El enorme costo de la burocracia se hizo presente.
Radiografía del problema sueco
Norberg explica que el problema central del nuevo modelo sueco es que “erosionó los principios básicos que volvieron viable el modelo en primer lugar.” “El servicio civil es un ejemplo portentoso de este fenómeno. La eficiencia del servicio civil significaba que el gobierno podría expandirse, pero esta expansión empezó a dañar su eficiencia. De acuerdo a un estudio de 23 países desarrollados del Banco Central Europeo, Suecia ahora obtiene el menor servicio por dólar gastado del gobierno”. En el campo de la salud por ejemplo, Norberg cita un estudio de la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones, quienes informan “que los doctores suecos atienden a cuatro pacientes al día en promedio, una reducción del promedio de nueve que tenían en 1975. Es menor que en cualquier otro país de la OCDE, y menos que la mitad del promedio. Una razón es que un doctor sueco consume entre el 50% y 80% de su tiempo en trámite administrativos”. Mauricio Rojas, por su parte, explica que la mayor asistencia social indujo a un aumento de la tasa de población pasiva sobre la tasa de población activa. Los incentivos al trabajo fueron modificados y con ello un país exitoso y rico, comenzó a mostrar resultados opuestos sobre el bienestar.
El retorno al capitalismo
La crisis económica de 1990 llevó al electorado a abandonar su apoyo por el partido socialdemócrata, y Carl Bildt inició un proceso de desmantelamiento del estado benefactor maximalista. Paliar el déficit fiscal implicó recortar gastos y beneficios provistos por el Estado. Poco a poco la población sueca perdió su confianza en el estado benefactor y se abrió paso a la privatización de los servicios públicos. Suecia es un ejemplo en la implementación del sistema de Vouchers para el sistema educativo, reforma desarrollada en 1992. La aparición de bolsones de exclusión llevó entonces al electorado a apoyar nuevamente al partido socialdemócrata, pero en lugar de revertir las medidas practicadas entre 1991-1994, las reformas fueron profundizadas. Esto permitió sanear las cuentas fiscales, bajar la deuda pública y reducir la carga tributaria. Siguiendo el modelo chileno, Suecia privatizó el sistema de pensiones, permitiendo que la población activa elija sus administradoras privadas. Las privatizaciones llegaron también a las telecomunicaciones, los transportes, la infraestructura, la energía y el correo. En el caso de la salud, si bien aparecieron proveedores privados, se mantuvo el servicio público dando lugar a vías paralelas de acceso. Esto originó cierta desigualdad entre quienes pueden pagar y quienes no pueden hacerlo, y más aún entre las diferentes regiones del país, pero el pueblo aceptó el costo de la pérdida de equidad, a cambio de un país en funcionamiento y desarrollo. El crecimiento económico desde entonces es aceptable, pero los desafíos para el futuro abren una incógnita sobre la economía sueca. ¿Podrá Suecia mantener el sistema capitalista que la llevó a ser el cuarto país con mayor PIB per cápita del mundo? ¿O retornará ese Estado de Bienestar que se transformó en parte de la cultura de quienes hoy componen la población activa? Lo cierto es que en estas últimas décadas, el proceso inmigratorio ha sido muy fuerte y la población activa ya no se presenta tan homogénea como lo era en los años 1950.
Reflexión final
A modo de cierre, basta decir que el modelo sueco del Estado de Bienestar no ha sido exitoso y no debiera ser simulado por los países latinoamericanos, ni por los europeos, ni tampoco por los Estados Unidos. Los costos de eficiencia y bienestar de practicar tal modelo están a la vista. Serán necesarios nuevos esfuerzos en los estudios históricos de tales experiencias para evitar que el mito de la economía sueca y el Estado de Bienestar hoy vigente, sea difundido entre los profesionales que hoy están formándose y que liderarán la política económica del mañana.
REPORTAJE DE FONDO
“El Estado no tiene libertad de prensa, la prensa libre es la de los medios privados”
POR MIGUEL WIÑAZKI
Fue el presidente del Supremo Tribunal Federal del Brasil durante un inmenso escándalo de corrupción pública que terminó con la condena de José Dirceu, jefe de Gabinete del gobierno de Lula da Silva y hombre fuerte del PT (el Partido de los Trabajadores, el de Lula y el de Dilma). Carlos Ayres Britto fue propuesto para ser presidente del Supremo Tribunal precisamente por Lula. Y fue su voz y su relato la voz y el relato de la condena a José Dirceu, ¿El cargo concreto? Pagar sobornos en el Congreso brasileño. El caso es conocido en Brasil como el Mensalao. Ayres Britto dejó su puesto tras cumplir 70 años de edad, según lo estipula la ley en Brasil. Los avatares del Mensalao continuaron y esta semana la Corte decidió finalmente que Dirceu, el diputado José Genoino y el otrora tesorero del PT gobernante, Delubio Soares, fueran detenidos y encarcelados. Amante del fútbol, como todo brasileño de ley, de la poesía en portugués y de la filosofía, Ayres Britto es él mismo un poeta valorado en su país. Y es por cierto un jurista reconocido en el mundo entero.
¿Recibió presiones directas del gobierno de Lula mientras transcurría el proceso por el Mensalao?
Jamás.
¿No habló usted nunca en secreto con el presidente Lula durante el proceso, no lo llamaron nunca funcionarios allegados al presidente?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca, jamás. Por supuesto, un juez debe reunirse con las partes que disputan entre sí, escuchar a todos. Pero las reuniones con las partes nunca fueron secretas. Y, esencialmente, hay una absoluta distancia entre el hecho de reunirse con las personas que se enfrentan en un juicio a obedecer a una de las partes. Podemos asistir a eventos protocolares con las autoridades electas, pero nunca en secreto.
No lo llamaron dice usted del gobierno, pero ante un caso de esa dimensión las presiones siempre existen. ¿Qué tipo de presiones recibió durante este proceso?
Era natural que toda la prensa, toda la sociedad, encendiera su mirada crítica, más curiosa, más aguda, más vigilante, sobre un caso de esa trascendencia. Toda la sociedad, toda la prensa, internacional incluso, lo siguió. Además, las sesiones del Supremo Tribunal son abiertas, públicas, se transmiten por Internet, son televisadas, las cubren las radios y los diarios. Todas esas emisiones eran en tiempo real. Los programas no eran editados. Lo que ocurría se transmitía. Entonces durante cuatro meses muy intensos, la sociedad fue vigilante, crítica, con el ojo encendido ante el caso. Fueron cuatro meses. Para la dimensión del caso, todo fue rápido.
¿Qué piensa usted de la prensa? Usted vivió el escrutinio de la prensa como nadie. ¿Le molestó?
Yo también llevé adelante en el Supremo Tribunal las discusiones y el dictamen sobre la naturaleza y el rango de la libertad de prensa en Brasil. La cuestión es simple. Se trata de respetar la Constitución y nada más. De acuerdo a la Constitución brasileña, la libertad de prensa es absoluta. Por eso en Brasil no hay leyes de prensa, basta con lo que enuncia la Constitución. Hay un estatuto de prensa sí, pero no una ley. La ley de prensa es la Constitución, y la libertad de prensa es un principio pétreo, así lo denominamos. Es de piedra. No puede modificarse. La libertad de prensa es un derecho individual y los derechos individuales son intocables.
¿Cuál es la relación actual entre el Gobierno, la justicia y la prensa en el Brasil?
La prensa atraviesa su mejor periodo histórico en Brasil. Tras la decisión del Poder Judicial de asumir el compromiso total con la libertad de prensa absoluta que ordena la Constitución, hay total conciencia de que una prensa plenamente libre es un imperativo constitucional y un requisito vital de la democracia. Hay un vínculo umbilical entre democracia y prensa libre. Se retroalimentan. Cuanto más se prestigia la prensa más se tonifica y se fortalece la democracia y viceversa. La prensa vive hoy su mejor momento histórico en Brasil, y por ende, la democracia también. La plena libertad de prensa está en la Constitución: párrafo primero del artículo 220. ¿Y qué es plena? Plena libertad de prensa significa que es completa, íntegra, llena, monolítica. No hay grietas para la censura previa.
¿El gobierno militar brasileño había suspendido “legalmente” la libertad de prensa?
La dictadura en Brasil había promulgado en 1967 una ley de prensa. Era una ley orgánica de prensa, que operaba comprimiendo y mutilando la libertad. Era una ley autoritaria y truculenta. Pero el Tribunal Supremo en democracia decidió que esa ley militar de prensa fuera declarada incompatible con la Constitución. Ese fue mi voto. Y se derrumbó toda la ley de la dictadura. No hay nada, absolutamente nada de esa ley.
¿Pero qué sucede frente a las calumnias o las injurias, por ejemplo?
Nadie le puede impedir a priori a la prensa o a las personas que se expresen y que eventualmente se excedan. No hay ni puede haber mordaza ninguna. Por supuesto, quien se exceda deberá responder a posteriori legalmente por eso. Pero no hay impedimentos por anticipación. La prensa habla primero, ese es el lema, y eso no se puede ni se debe impedir. Y el Poder Judicial habla al final. Si lo que se expresa a través de la prensa es judiciable, existirá una acción jurídica. Lo que está claro es que no hay mordaza ninguna.
¿Cuál es entonces el rol del Estado ante la prensa?
El Estado no tiene libertad de prensa.
¿Cómo es eso?
El Estado sólo puede querer lo que la ley quiere. La prensa no tiene esa restricción. La prensa puede enunciar lo que fuera. Prensa es libertad. ¿Qué es libertad? Autonomía de la voluntad. El Estado no tiene autonomía en esto. Repito: sólo puede querer lo que quiere la ley. El Estado no puede hacer marketing de sí mismo. La prensa, sí. La prensa es privada. Eso quiere decir que no hay, ni deben existir antídotos específicos contra la prensa para impedir eventuales abusos. Todo está en la Constitución. Y lo digo en términos poéticos: “no es por el temor al abuso que se va a prohibir el uso”. La prensa eventualmente descomedida, el Poder Judicial eventualmente descomedido, encuentran respuesta en la Constitución, en el plano de las consecuencias, de la responsabilización. Es que la vida enseña que no se le puede impedir a nadie que se exceda, pero quien se exceda va a responder por los excesos.
¿Entonces no hay prensa estatal?
El Estado tiene medios públicos, que son canales de difusión estatal, aparatos de comunicación social, pero bajo ningún aspecto aparatos de propaganda estatal. El Estado no puede constitucionalmente hacer marketing de sí mismo. En Brasil, lo que denominamos específicamente prensa son los medios totalmente privados. El Estado no puede hacer nada frente a eso, ni debe hacerlo. Salvo conceder las licencias en el campo audiovisual. Las concesiones son un pasaje hacia la iniciativa privada. Hay reglas, claro. Las licencias en radio duran 10 años. Y 15 años para la televisión, y pueden ser renovadas indefinidamente. De acuerdo a la Constitución, el servicio público de la comunicación debe ser concesionado a los privados.
¿Y cómo es el sistema de difusión pública estatal?
Yo entiendo que estos medios públicos son organismos, medios, aparatos, de comunicación social. Si toda prensa es comunicación social, no toda comunicación social es prensa. Porque la prensa informa bajo la perspectiva de formar opinión pública. El Estado solamente informa. Solamente comunica. No puede tener la pretensión de formar. No debe confundirse nunca propaganda con publicidad estatal. Publicidad es tornar públicos los actos del Estado. La prensa en cambio puede formar, influir en el curso de la opinión pública. La prensa es privada.
¿Cuál es la filosofía jurídica que rige para los medios audiovisuales?
En Brasil es así. Como he dicho, no todos los medios son sinónimo de prensa. La prensa es una parte de los medios. Yo entiendo, como jurista, lo repito una y otra vez, que según nuestra Constitución no hay prensa estatal. Hay medios estatales, pero no prensa estatal. La prensa y el Estado son como el agua y el aceite. Lo voy a decir de otra forma. Toda prensa es un organismo de comunicación social. Pero no todo organismo de comunicación social es prensa. El Estado tiene sus organismos de comunicación social, pero no son medios de prensa. Prensa es libertad. El Estado no tiene libertad, no tiene autonomía de voluntad. Cada persona tiene su voluntad individual. ¿Pero cuál es la voluntad del Estado? ¿El Estado tiene voluntad? Sí, pero no es una voluntad subjetiva, sino que es la voluntad objetiva de la ley. El Estado sólo puede querer lo que la ley quiere. La prensa, no. Prensa es libertad. ¿Qué es libertad? Autonomía de voluntad. El Estado no tiene autonomía de voluntad. Sólo pude querer lo que quiere la ley.
¿Y si la prensa opina en contra de lo que ordena la ley?
Está en su derecho. Deberá eventualmente someterse a las consecuencias jurídicas si las hubiera. Puede opinarse en contra de la ley, pero no transgredir la ley, obviamente. La prensa libre es la base de todos los valores: el desarrollo, la justicia, la libertad, la igualdad, la legalidad. La prensa es la democracia y la democracia es la prensa. Son siamesas. La savia más nutritiva de la democracia es la libertad de prensa.


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