EE.UU Electoral. Además de Presi y
Vice se vota la marihuana y la pena de muerte
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VENEZUELA POST ELECTORAL en
situación tan parecida a la Argentina post elección 2011
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HOY:
ARGENTINA Y LA INSEGURIDAD
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ARGENTINA DESTINO de mafiosos. ¿Por
qué será?
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Mauro Martín, o la osadía de
difundir que lo habían retenido a la entrada del clásico pero, finalmente
estuvo en la tribuna. Connivencia policial
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CLAUDIA PEIRO advierte sobre la
reforma del código penal argentino de la mano de Zaffaroni. Largo y completo
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Diana Cohen Agrest escribe sobre
“En el país del crímen sin castigo”. Links a otros artículos de esta filósofa
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ARGENTINA MILAGROSA: La oposición
en el Congreso logró firma en conjunto una declaración sencilla: No a la reforma
de la Constitución. Muy importante
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ARTÍCULO DE FONDO. El “festival
electoral” del 2013 se prepara hoy: el debate sobre el presupuesto aprobado
es de interés pre-electoral
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EE.UU
Electoral. Además de Presi y Vice, en algunos estados de USA se vota algo más:
legalizar la marihuana en 3 estados y la eliminación de la pena de muerte en
California
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Estudio:
Legalizar marihuana en EEUU bajaría ingresos narco
La posible legalización de la marihuana para uso
recreativo que se votará la próxima semana en tres estados de los Estados
Unidos se traduciría en una pérdida de hasta un 30% de los ingresos que los
carteles mexicanos obtienen por la exportación de drogas a ese país, según un
estudio de un instituto de investigación mexicano divulgado el miércoles.
Opositores a la medida cuestionaron algunos de
los planteamientos del estudio al considerar que las iniciativas podrían
ofrecer nuevas oportunidades a los carteles para operar dentro de Estados
Unidos.
El 6 de noviembre, a la par de elegir al próximo
presidente de Estados Unidos, los votantes de Colorado, Oregón y Washington
también decidirán si aprueban la legalización de la marihuana para uso
recreativo.
Encuestas han mostrado que en Washington y
Colorado aún son cerradas las preferencias entre quienes están a favor y en
contra, aunque en el primero la iniciativa tendría mayores posibilidades de
ser avalada. En Oregón, la propuesta ha sido peor recibida y no es probable
que se apruebe.
El estudio “Si los vecinos legalizan”, realizado
por el Instituto Mexicano para la Competitividad, establece que bajo ciertas
condiciones la legalización que se plantea en Colorado, Oregón y Washington
podría implicar una reducción en los costos de producción y distribución de
la marihuana en esos estados, lo que incentivaría la exportación desde ahí a
otros lugares de Estados Unidos donde se mantendrá la prohibición y, a su
vez, desplazaría la participación de la marihuana enviada por los grupos del
narcotráfico mexicano…
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La pena de muerte es cara
Por: Yolanda Monge |
No
inmoral, cara. En
California, los grupos de activistas que pretenden que el próximo martes día 6 los
votantes de ese Estado rechacen la pena de muerte en referéndum están
basando sus campañas no en términos morales sino económicos. Si en lugar de
condenar a los presos a la máxima pena se les senteciará a cadena perpetua
sin posibilidad de libertad condicional, las arcas estatales ahorrarían cada
año más de 130 millones de dólares, según informa el organismo asesor
independiente Legislative Analyst´s Office. Otro estudio, este del año 2011
del Noveno Circuito de Apelaciones, asegura que la pena de muerte ha supuesto
a California un total de cuatro mil millones de dólares desde que se
reinstauró a nivel nacional en 1976…
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VENEZUELA
POST ELECTORAL. El paralelismo entre Argentina y Venezuela es extraordinario.
Almas gemelas podríamos definir a los líderes de estos países como así también
a sus procesos. Chávez, en esta oportunidad, copia a Cristina post elección
octubre 2011
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Pronostican
devaluación del bolívar y fuerte recorte de gasto en Venezuela
ANTONIO MARIA
DELGADO
Después de alimentar una falsa sensación de
prosperidad para las elecciones del 7 de octubre, el presidente venezolano Hugo
Chávez no tendrá más alternativa que devaluar al bolívar en un tercio de su
valor y darle un fuerte tirón al cinturón de las finanzas públicas para
encarar un gigantesco déficit fiscal que varios economistas ubican en casi 20
puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Analistas consultados advirtieron que el déficit
fiscal ha alcanzado tal magnitud en Venezuela que es inevitable la aplicación
de un paquete de ajustes, aún cuando éste dejaría al país petrolero sin
crecimiento económico por dos años y mantendría la tasa de inflación en un
rango de entre 20 y 30 por ciento.
Las medidas también pondrían fin a las esperanzas
de que el líder de la Revolución Bolivariana cumpla con los múltiples
compromisos que adquirió durante su campaña presidencial, incluyendo la
promesa de construir tres millones de casas en seis años como parte de su
Misión Viviendas.
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ARGENTINA
DESTINO DE MAFIOSOS. Llevamos ya varios años de crímenes mafiosos en nuestras
calles. Y es que Argentina se ha convertido en destino de mafiosos
colombianos o mexicanos. ¿Por qué será? Imaginá un par de respuestas
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Detenido
en Argentina el mayor proveedor de drogas de Los Zetas
López Londoño fue conducido a los tribunales de
Buenos AiresFoto: EFE
Buenos Aires.- El presunto narcotraficante
colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, detenido este
martes en Argentina, acusó a Colombia y Estados Unidos de “armar” una causa
contra él, en su primera declaración ante un juez de Buenos Aires.
El jefe de la policía colombiana, José Roberto
León, lo definió como el máximo proveedor de cocaína al cartel mexicano de
Los Zetas.
“Vine a la Argentina a instalarme con mi familia
y me iba a dedicar a la compra y venta de autos”, dijo el presunto narco al
juez. …
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ARGENTINA
HIPÓCRITA. ¿Se puede ser tan cínico? ¿No transgredimos un límite de
hipocresía? Al jefe policial del operativo, ¿no habría que destituirlo y
mandarlo a la casa o en cana? ¿Con qué autoridades de cuál/es club/es se
pactó esto?
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Mauro
Martín burló el derecho de admisión y estuvo en el Monumental
Pese a que en una primera instancia el Ministerio
del Interior destacó el éxito del sistema biométrico que habría detectado e
impedido el ingreso al River-Boca del jefe de "La 12", éste
finalmente logró entrar y dirigió a la barra a la vista de todos. Expuso así
la complicidad que hay con los violentos
Las fotos que muestran a Mauro Martín en el
centro de la barra brava de Boca durante el segundo tiempo del Superclásico
entre River y Boca del pasado domingo dan cuenta de, en principio, el
frustrado sistema biométrico promocionado por el Ministerio del Interior y
Transporte y el de Seguridad de la Nación para contener a los barras y expone
la complicidad de estos con las fuerzas policiales y, sobre todo, con el
poder político.
Una hora
antes del comienzo del partido, la agencia oficial Télam proporcionaba las
fotos de los efectivos policiales retirando del estadio a Mauro Martín como
consecuencia de que había sido detectado por el sistema biométrico para el
acceso a los estadios, un mecanismo implementado por el Ministerio del
Interior y Transporte conducido por Florencio Randazzo (fanático hincha de
Boca), quien organiza el desarrollo de dicho mecanismo junto con la AFA y el
Ministerio de Seguridad, con el supuesto objetivo de erradicar a los
violentos de las canchas del fútbol argentino.
En
principio, Martín había negado su identidad pero el sistema reconoció dos
veces sus huellas digitales y se le labró un acta con el que se le impedía el
acceso al Monumental. El acta tuvo la firma del subinspector Jorge Pereyra,
de la comisaría 25ta. y el texto rezaba que Martín, de 35 años, pretendió
ingresar por el acceso visitante de la avenida Figueroa Alcorta y Lidoro
Quinteros.
Allí mismo
se le aplicó el derecho de admisión por sus causas pendientes con la Justicia
y, para la foto, quedaba excluido del esperado partido.
Durante el
segundo tiempo, diferentes versiones daban cuenta de que Mauro Martín
finalmente había ingresado al estadio pero ninguna de estas se había
confirmado hasta hoy, cuando una serie de imágenes fotográficas encuentran al
barra que en agosto pasado estuvo herido de gravedad tras un enfrentamiento a
balazos entre diferentes facciones de la hinchada de Boca, en el centro de la
escena de “La 12”, primero escondido detrás de su hermano Gabriel y su
lugarteniente, Mauro Mazzaro, para luego evadir cualquier tipo de control y
mostrarse delante de todos, brazo en alto, dirigiendo a la hinchada.
Algunos
dicen que apeló a un disfraz que incluía una peluca blanca, otros indican que
pasó con todas las loas de quien se sabe poderoso. Con peluca o cara lavada,
Mauro Martín estuvo en el Monumental, dejando en ridículo o exponiendo, según
se quiera ver, a la policía y al poder político.
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ARTÍCULO DE FONDO: posible reforma del código penal
argentino. Alerta amarillo
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Polémica
por una iniciativa de Zaffaroni para reformar el Código Penal
Por Claudia
Peiro
Ezequiel Agrest, un estudiante de cine de 25
años, fue asesinado durante un robo el 6 de julio de 2011. Su madre, la
filósofa Diana Cohen Agrest, denunció que el anteproyecto de reforma del
Código Penal que impulsa el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni contiene
“modificaciones que van a contracorriente de los reclamos ciudadanos, pues
sancionará un ordenamiento jurídico que desconoce el poder disuasorio del
castigo”.
Además de la composición marcadamente garantista
de la comisión que reformará el Código (ver puntos importantes), el otro
motivo de discordia que surgió en las consultas realizadas por Infobae.com es
el de la oportunidad de esta reforma. El abogado penalista Eduardo Gerome fue
categórico: “No creo que sea necesaria una reforma, quizá sí un ordenamiento,
pero una reforma trae aparejados cambios en la orientación del derecho penal
y eso no es lo que necesitamos en este momento”.
La misma preocupación expresó su colega José
Scelzi: “Lleva tiempo crear una masa crítica en torno a los conceptos que
deben regir las instituciones respecto a los delitos conocidos por todos:
contra la vida, el honor, la libertad, el patrimonio, etcétera. Sobre estas
figuras, las posibilidades de reforma son muy reducidas, casi cosméticas. En
todos los proyectos anteriores hay un denominador común: prácticamente no se
altera la matriz de los delitos esenciales. Una reforma tiene que ser muy
acotada porque la seguridad jurídica exige que las normas tengan estabilidad
en el tiempo. Como el derecho crea una presunción que descansa sobre la idea
de que todos los ciudadanos conocen la ley, es necesario que se mantenga
estable; si se modifica radicalmente el Código Penal, eso haría que ni los
especialistas conozcan su contenido por lo menos por una década”.
“No hay que sentirse llamado a realizar una
revolución en la materia sino encarar un proceso de reforma con un espíritu
de prudencia y sin anteponer las aspiraciones académicas de ninguno de los
integrantes de la comisión a las necesidades reales de la sociedad”, agregó
Scelzi, en evidente alusión a Zaffaroni.
Consultado por este medio, Ricardo Gil Lavedra,
integrante de la comisión, señaló que críticas como la de Cohen Agrest parten
de “un doble equívoco”: “Primero, pensar que la situación de inseguridad la
resuelve el Código Penal, cuando en realidad eso depende de políticas
públicas para establecer una ciudadanía más respetuosa de la ley, una policía
eficiente y honesta, un servicio de justicia que actúe con prontitud y un sistema
carcelario que cumpla su función. El segundo equívoco es el de que las penas
tienen necesariamente un peso disuasivo en punto a su magnitud. Partiendo de
esas dos premisas se puede creer que una reforma del Código debe tender a
establecer penas muy duras. Pero hoy tenemos una situación grave de
inseguridad pese a todas las reformas Blumberg”.
Sobre esto, el doctor Gerome dice que “es muy
cierto aquí y en todo el mundo que si la ley no se cumple ni hay quien la
haga respetar, obviamente no se soluciona el problema”. Pero denuncia que “en
este momento los jueces están en una carrera por ver quién es más permisivo
en el tratamiento de los delincuentes y van encontrando permanentemente
nuevas interpretaciones del Código que permiten liberar gente que vuelve a
delinquir: los regímenes de prelibertad, libertad condicional, salidas
laborales, se han automatizado, no se constata debidamente si la persona está
en condiciones de ser liberada anticipadamente, porque el mero vencimiento
del plazo es suficiente para dejarla en libertad”.
“Claro que el Código por sí solo no soluciona el
problema –agrega–, tiene que haber políticas de inclusión, un tratamiento
diferente de la cuestión policial, prevención y disuasión. Precisamente todas
estas cosas que están alrededor de la ley penal son más importantes de
solucionar que la letra del Código”.
El propio doctor Gil Lavedra señala este déficit:
“En materia de seguridad hay una ausencia de políticas claras del gobierno
nacional, incluso hay cuestiones sumamente defectuosas, como el mal empleo de
las fuerzas de seguridad. A la Gendarmería se la saca de las fronteras, que
son un colador en materia de narcotráfico para cuidar Fuerte Apache, se
demora inexplicablemente una reforma de la ley orgánica de la Policía
Federal, no están especificadas las políticas de contención hacia un sector
muy preocupante que es el de los menores. El Gobierno se niega
sistemáticamente a dictar una ley penal juvenil”.
El debate sobre la reincidencia
Los temores a un relajamiento de la norma se centran
especialmente en la cuestión de la reincidencia, que en reiteradas ocasiones
el juez Zaffaroni ha calificado como anticonstitucional porque equivale,
según él, a juzgar dos veces a una persona por la misma causa.
Gil Lavedra dice que, “si hay una tasa de
reincidencia de 50%, ¿qué es lo que falló? Ha fallado el propósito esencial
que tiene la privación de la libertad, que el Estado se asegure de que la
persona que ingresa al sistema carcelario no vuelva a delinquir, pero esto no
es un problema del Código Penal, sino del sistema carcelario y del
tratamiento de la ejecución de la pena”.
¿La solución
entonces es eliminar la reincidencia?, fue la pregunta de Infobae.com.
–Es un anteproyecto, no hemos llegado a ese
punto.
Pero, ¿está o no en discusión el tema de la
eliminación de la reincidencia?
–“Seguramente lo va a estar”, responde. “Todavía
no llegamos a esa parte, de todos modos no importa, lo que cuenta es que
tenemos todos el mismo objetivo: una sociedad más pacífica, con seguridad
para poder gozar de bienes jurídicos como la vida, la libertad, la propiedad,
todos estamos de acuerdo en eso, en consecuencia se trata de definir cuáles
son los instrumentos”.
Federico Pinedo también dijo a Infobae.com que
aún no se ha debatido el tema en la comisión, pero aclara que, para él, “la
discusión sobre la peligrosidad de las personas es absolutamente relevante y
una de las principales cosas a tener en cuenta en esta reforma”. “En esto hay
dos posturas –puntualiza–, una que piensa el derecho penal como un derecho individual
y sostiene que no se puede penalizar a alguien por un hecho con motivo de
haber cometido otro anteriormente y hay otra visión del Código Penal como un
fenómeno público, colectivo, que busca la manera de proteger a la sociedad
frente a peligros inminentes. Para mí está claro que el derecho penal es un
derecho público, de valoración colectiva, que debe proteger la convivencia
frente a situaciones extremas”.
Es la misma postura de Scelzi, para quien el
Código Penal “es también una construcción cultural”. “Hay que tener uno que
sirva a las necesidades de justicia de una determinada comunidad. No se puede
decir ‘en Finlandia, frente a una persona que viola a una menor, se hace tal
cosa’. Acá, a quien viola un menor, la gente lo quiere ver preso, condenado y
privado de la libertad por muchos años. No es posible generar construcciones
minimalistas del derecho como las que arman algunos especialistas con
ideologías que no se concilian con el clamor de justicia de nuestro pueblo”.
“Hay temas sobre los cuales no se ha expedido el
Código Penal argentino –admite sin embargo Scelzi–: ingeniería genética,
eutanasia, delitos contra el medio ambiente; o derechos que han quedado
desprotegidos, como el honor de las personas, el crédito de las empresas o la
ofensa a los símbolos religiosos; sobre eso se podría avanzar, pero nunca ir
hacia el desistimiento del derecho penal como, por ejemplo, la famosa figura
de la reincidencia que se quiere eliminar. Países culturalmente afines al
nuestro, como Uruguay, no eliminaron la reincidencia”.
“Ni siquiera en términos abstractos tiene sentido
la argumentación contra la reincidencia, sostiene Gerome. Si interpretamos el
derecho en sentido contrario a los intereses de la sociedad, lo podemos
hacer, pero en todos los países del mundo el concepto de reincidencia es
tenido en cuenta. El mejor juicio a una política son los resultados y hoy en
Argentina padecemos los resultados de esta política permisiva. La cárcel no
soluciona todos los problemas de la delincuencia; influye la política social,
pero no podemos permitir que por nuestra actitud permisiva tengamos los
hechos delictivos que tenemos a diario”.
“Parece que quienes encaran este tipo de reforma
lo están haciendo para un mundo ideal, no para la sociedad de hoy, dijo
Gerome. Es indiscutible que tiene que haber garantías para un delincuente.
Pero también tiene que haber garantías para la sociedad en el enjuiciamiento
a ese delincuente”.
Y advirtió: “Una reforma implicaría llevar al
Código Penal todas estas orientaciones que apuntan a dar mayores
posibilidades para que el que comete delitos no sea sancionado o pueda aludir
el rigor de una pena y la reforma va en ese sentido, cambia la orientación
hacia una reducción de la aplicación del derecho penal”.
“El abolicionismo es una tragedia para la
Argentina, coincide Scelzi. El derecho penal es indispensable para tener
seguridad jurídica, un principio que exige una ley cierta, es decir, conocida
por todos y absolutamente segura en su contenido, una autoridad que la
aplique necesariamente de acuerdo a la normativa que la propia ley establece,
y que lo que esa autoridad decida se cumpla. Esto es lo que en nuestro país
en este momento no existe. Y hay gente que sigue propiciando reducir la
injerencia del derecho penal en la vida de los argentinos. Son teorías que
están trayendo tragedia e inseguridad jurídica”.
¿Consultas
o libro cerrado?
“Si tuviésemos la tranquilidad de que después se
le va a dar a toda la comunidad científica la posibilidad de expedirse sobre
esta reforma… –acota Scelzi– pero los últimos ensayos están mostrando que se
aprueba a libro cerrado lo que deciden estas comisiones”.
Hay una página web en la cual se pueden dejar
sugerencias. Pero además, Gil Lavedra dijo que cuando la comisión tenga “un
preproyecto” no sólo lo va a dar “a publicidad” sino que van a acceder “a una
etapa de consulta, con las universidades, con las entidades intermedias”. “Cuantas
más personas se consulten, mayor legitimidad va a tener el proyecto y mayor
posibilidad de acierto”, aseguró.
“Seguramente vamos a proceder a consultas en un
momento posterior, coincidió Pinedo, pero por ahora estamos trabajando.
Mientras tanto, hay mecanismos de consulta no orgánicos, yo tengo reuniones
regulares con catedráticos de derecho penal”.
Infobae.com también preguntó a Diana Cohen Agrest
acerca de si alguna autoridad se comunicó con ella luego de la publicación de
su artículo. “Es ingenuo pensar que me van a llamar. Menos mal que tenemos a
los medios. Aunque es verdad que a veces hacen amarillismo, es el único
ámbito donde se pueden ver cosas que en otros lados se tapan”.
“La gente te invalida por ser víctima, no se
puede hablar desde el dolor, dicen. El progresismo asegura que ‘hay que
devolverle la voz a la víctima, pero a ésta sólo se la escucha cuando
colabora con el sistema”.
Y a modo de reflexión final dijo: “Siempre los
grandes cambios se hacen desde los márgenes. Y en este momento el margen es
esto, no es el del supuesto progresismo”.
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ARGENTINA INSEGURA. La articulista encara de frente
march el debate “garantismo”
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En
el país del crimen sin castigo
Por Diana
Cohen Agrest (*)
En Crimen y castigo, el gran Dostoievski penetró
en las profundidades más inabordables del alma humana, en ese territorio
abismal en donde se incrusta el ancestral sentimiento de culpabilidad. En sus
páginas, Raskolnikov comienza siendo un antihéroe que, tras matar a una
vecina para hacerse de un dinero, logra sortear el castigo de la ley
positiva, termina por encarnar una conciencia moral que se torna un flagelo
personal que emerge de su lucha interior frente al mal cometido.
No se trata de una cuestión epocal, pues una de
las prohibiciones sobre las que se construyó la civilización es el homicidio.
Frente al impulso de destrucción, disponemos de apenas dos armas: la angustia
de culpabilidad y el temor al castigo. Esas armas fueron neutralizadas en la
Argentina que nos duele. Un Raskolnikov que se entrega voluntariamente a la
justicia es poco creíble cuando el delincuente es tenido por una víctima
condicionada por factores psicosociológicos que lo exoneran de la culpa, en
un sistema penal que favorece la evanescencia de la angustia de culpabilidad
y la exoneración de la pena por cumplir gracias a la cual puede continuar
delinquiendo.
Pero lo que nos duele no es literatura. La
deslegitimación del sistema penal es alentada por el ministro de la corte
Eugenio Raúl Zaffaroni, cuyas ideas fueron acogidas acríticamente por sus
discípulos, jueces, fiscales y docentes universitarios que no perciben los
riesgos de llevar al terreno operativo postulados que si bien pueden ser la
fuente de interesantes debates teóricos, no deberían ser puestos en práctica,
tal como lo prueba el incremento del delito de los últimos años.
La doctrina vigente defiende un abolicionismo
disfrazado de derecho penal mínimo, orientado a proteger a los perseguidos
por un Estado-Leviatán, una especie de monstruo animado por una compulsión a
castigar discrecionalmente a sus víctimas, seleccionadas entre los más
vulnerables, entre los pobres y los marginales que sobreviven condicionados
por fuerzas estructurales que los sobrepasan, tales como "la frustración
escolar de la persona", Zaffaroni dixit. En este escenario compasivo, no
parece advertirse que tal como observa el investigador mexicano Alejandro
Tomasini, "esos factores socioculturales son nociones extrajurídicas que
señalan los condicionamientos de un sujeto y hasta las causas que pueden ser
el caldo de cultivo del delito, pero no son las razones motivacionales que
llevan a delinquir, que es el objeto de la juridicidad".
Quienes "caen presos", añade el
magistrado, caen por "tontos" y "torpes". Y en una
sociedad injusta es injusto castigarlos cuando no se castigan los grandes
negociados (ejercidos en complicidad con las autoridades políticas y, de más
está decirlo, judiciales). Se impone entonces una lógica impunitiva
"igualitaria" que en lugar de buscar sancionar a todo aquel que
transgrede la norma, se lo exonera: como no se castiga al poderoso, tampoco
debe castigarse al "tonto" y "torpe".
Ya el jurista Carlos Nino señalaba veinte años
atrás que la victimización desconoce la capacidad de elección del
delincuente. Y al descalificarlo, hace de él "un objeto de manipulación
con fines benéficos", omitiéndose que los factores socioculturales
invocados afectan de forma semejante tanto al delincuente como al que no lo
es.
Este ideario niega, además, la eficacia
preventiva del castigo y aduce que el endurecimiento de la pena "no
sirve para nada" porque el delincuente no circula con el Código Penal en
la mochila como si se tratara de una guía turística para consultar para saber
de antemano cuál de los delitos es sancionado más gravosamente o cuál puede
gozar de mayores beneficios de excarcelación. Pese a esta caricaturización
del delincuente, es innegable que éste hace un balance del costo-beneficio,
pues le inquieta la debilidad o fortaleza del sistema de investigación
criminal que determina la aplicación de la norma o los medios que se emplean
para hacerla efectiva. Si en lugar de confiar en chicanas procesales que le
reducirán o hasta lo exonerarán de la sanción, el delincuente tuviera la
certeza de que la pena fijada se cumplirá sin una sarta de
"beneficios" tan legales como riesgosos para la sociedad, se
acabaría el negocio en un sistema penal cimentado en la connivencia y la
complicidad entre delincuentes y numerosos policías, abogados y jueces. Un
negocio que empieza a facturar apenas es capturado: si la pena perpetua fuera
perpetua (como lo es la pena de quienes lloran a las víctimas) o de ser
menor, fuera de efectivo cumplimiento y no se negociara, se acabaría con gran
parte de la corrupción del sistema.
Cuando es denunciada, la defensa corporativista
obstaculiza todo intento de enjuiciar a magistrados cómplices, como Axel
López (uno más entre otros ya exonerados como Sal Lari o Carlos Flores), a
quien el Consejo de la Magistratura exculpó porque "no había hecho nada
malo" cuando benefició con salidas transitorias a un violador que
reincidió. Es el mismo juez que le concedió libertad condicional al cuádruple
violador, devenido remisero, quien usó ese "beneficio" para matar a
Tatiana Kolodziez. "Beneficios" que, pese a ser optativos, son
concedidos con prodigalidad asesina por jueces indirectamente asesinos.
Con su complicidad, el Estado insiste en su
experimento social que se vale de este ideario como de un instrumento
homicida tan legal como ilegítimo: un informe de la OEA concluye que
encabezamos el ranking de robos en el continente. Y el Ministerio de Salud de
la Nación denuncia que el segmento "muertes de causa externa de
intención no determinada" encubre las tasas reales de muertes violentas.
Con su silencio, el Estado es -por omisión- un ejecutor indirecto de los
crímenes.
Hay dos vías no excluyentes para combatir el
delito: una se construye a partir de políticas sociales autosustentables
basadas en una escolarización de calidad, en la formación de los jóvenes en
escuelas técnicas y de oficios, y en la creación de fuentes genuinas de
trabajo. Pero como es lenta y aporta escaso rédito político a corto plazo, la
oportunidad de implementarla se perdió en los últimos años con la ejecución
de políticas asistencialistas que no contribuyeron a disminuir la
delincuencia.
La segunda vía es la sanción penal, inaplicable
mientras sólo se invoquen las garantías constitucionales a favor del reo y se
alegue que aplicar las penas o tipificar conductas es un error inútil que en
poco tiempo terminará por colapsar el sistema, pasándose por alto que si la
cadena sancionatoria es vulnerable, no se deben imponer sanciones más laxas,
sino hacer que sus eslabones se encarnen en una fuerza policial, un poder
judicial y un servicio penitenciario más eficientes y menos corruptos.
Con el beneplácito de un Gobierno que se ufana de
la defensa de las garantías que afectan de forma desigual a los
"vatayones militantes" y barras bravas que a los que viven en el
marco de la ley, los agentes públicos que nos representan -los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial- carecen de la voluntad política de
penalizar el delito. Si el Gobierno fuera tan igualitario en el ámbito penal
como se proclama en todas las demás áreas de su incumbencia, si le importara
que una vida arrancada por la absurda violencia sea consentida y alentada por
su complicidad y por su silencio garante de la impunidad, si los derechos
humanos no fueran privativos de los que delinquen y si se tomara conciencia
de que, cuando un inocente es asesinado, poco tienen que ver la izquierda o
la derecha o las dictaduras o las democracias o el gobierno o la oposición;
si en lugar de llorar sólo a los muertos de la dictadura se llorara también a
los muertos silenciados por la democracia, que no le sirven al relato, si
pudiera todo ese dolor hacerse carne en cada uno de los argentinos que
aspiramos a una nación pacificada y previsible, habríamos dado el primer paso
en un itinerario guiado por la cordura, por la verdad y por la justicia. Ese
itinerario que, si aspiramos a sobrevivir como un Estado de Derecho, debemos
comenzar a recorrer.
Diana
Cohen Agrest (Buenos Aires, Argentina).
Es
doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en
Bioética por el Centre for Human Bioethics de la Monash University de
Australia. Desde 1983 se desempeña como docente e investigadora en el
Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y ha participado como profesora invitada en
varias universidades del extranjero.
Entre
sus libros, se cuentan: El suicidio: deseo imposible. O la paradoja de la
muerte voluntaria en la filosofía de Baruj Spinoza (2003), Temas de bioética
para inquietos morales (2004) e Inteligencia ética para la vida cotidiana
(2006). Ha publicado también numerosos artículos en revistas especializadas y
en antologías nacionales e internacionales y colabora con frecuencia en
diversos medios periodísticos nacionales, entre ellos, el diario La Nación. Fondo
de Cultura Económica ha editado Por mano propia. Estudio sobre las prácticas
suicidas (2007).
OTROS
ARTÍCULOS:
El escudo protector de la minoría de edad: http://www.lanacion.com.ar/1513462-el-escudo-protector-de-la-minoria-de-edad
"Nunca pensé que iba a convertirme en una
madre del dolor" http://www.lanacion.com.ar/1388703-la-conmovedora-carta-de-una-madre-que-perdio-a-su-hijo-en-un-violento-robo
"Pido perpetua, porque es perpetua la falta
de mi hijo" http://www.lanacion.com.ar/1463639-diana-cohen-agrest-pido-perpetua-porque-es-perpetua-la-falta-de-mi-hijo
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ARGENTINA
ELECTORAL. El voto de los jóvenes de 16 años. El contrasentido de esta norma
es que violenta un principio del sistema electoral: quien vota puede ser
votado. Para cualquier cargo electivo se requieren 18 años de edad. Pero
bienvenidos los nuevos votantes y vamos a ir viendo qué hace el Gobierno para
captar el voto de los jóvenes. Temas de los jóvenes de 16 años son: los
estudios, el alcohol, la marihuana, el deporte. Claro que su perspectiva no
es exactamente la misma que la de la población adulta. ¿Requerirán Ipods o
zapatillas en el sistema de compra de votos? Una fácil: que la computadora
que deben devolver al finalizar los estudios….¡se la queden!
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SI
QUERÉS VOTAR, VOTÁ
Por Miguel Jorquera
Diputados convirtió en ley el derecho al voto
para los jóvenes de 16 y 17 años, sin sanciones para los que no lo hagan, con
el respaldo del oficialismo y sus aliados. La oposición llegó dividida al
debate, pero abandonó el recinto antes de la votación…
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ARGENTINA
INÉDITA. Por fin, la oposición ha logrado firmar algo en conjunto. ¡Milagro argentino! La oposición en el
Congreso ha firmado una declaración sencilla, fácil desde todo punto de
vista: no a la reforma de la Constitución Nacional. Punto. Se comprometen a
votar en contra si se presenta el tema. ¡Milagro, milagro!
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Veintiocho
senadores de la oposición se comprometieron a bloquear la re-re
Por Sergio
Crivelli
En una conferencia de prensa que obligó a
interrumpir por unos minutos la sesión de la Cámara los legisladores
difundieron una declaración por la que se comprometen "a votar en contra
de cualquier proyecto legislativo que intente declarar la necesidad de la
reforma constitucional y en contra de cualquier intento de re-reelección
presidencial ajeno al texto vigente".
El pronunciamiento de radicales, peronistas
disidentes y del Frente Amplio Progresista deja a la mayoría kirchnerista sin
chance teórica de conseguir los votos indispensables para una reforma de la
Constitución.
Para cambiar la cláusula constitucional que hoy
prohíbe a la presidenta Fernández de Kirchner presentarse como candidata en
las presidenciales 2015 se requiere una mayoría de dos tercios en ambas
Cámaras del Congreso.
En un Senado integrado por 72 legisladores, los
28 que se pronunciaron por la intangibilidad de la ley fundamental superan
holgadamente los 25 votos (el tercio más uno) necesario para frenar cualquier
ofensiva por la "re-re" hasta por lo menos el 10 de diciembre de
2013, fecha en el que se renovará un tercio del cuerpo.
Más aún, si se toma en cuenta esta última
circunstancia, la posición del oficialismo puede razonablemente empeorar a
partir del año próximo, ya que en las elecciones de renovación legislativa
pone en juego muchas más bancas que la oposición.
Sobre 32 escaños correspondientes a ocho
distritos, el año que viene el Frente para la Victoria debe renovar 12 y sus
aliados 5, mientras que la oposición arriesga sólo 7. Lo que quiere decir que
de los 28 firmantes de la declaración "anti re-re" 21 permanecerán
en sus bancas después de la renovación parcial del Senado.
Los que se oponen al plan "Cristina
eterna" son 16 radicales, 5 del Frente Amplio Progresista (Rubén
Giustiniani, Luis Juez, Norma Morandini, María Eugenia Estenssoro y Jaime
Linares) y 7 peronistas disidentes: Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Reutemann,
Liliana Negre, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Roberto Basualdo y
Graciela di Perna.
La sorpresa y el secreto caracterizaron la
estrategia para anunciar el compromiso público antirreforma. El hermetismo de
los firmantes obedeció a dos razones. La primera, evitar cualquier
"operación" de la Casa Rosada sobre algunos legisladores para
evitar que suscribieran la declaración. La segunda, desplazar del tope de la
agenda mediática los dos proyectos que el kirchnerismo logró aprobar ayer en
el Congreso vinculados con la rerrelección….
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ARTÍCULO
DE FONDO. El debate sobre el presupuesto en una apretada y rica síntesis es
la base de lo que el Gobierno prepara para el 2013 electoral: ajuste hoy
aceptado y profundizado ya que en el 2013 lanzará el “festival electoral”
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El
Gobierno se asegura financiamiento por
u$s
8.000 millones del BCRA en 2013
El Gobierno volverá a utilizar a pleno las
reservas del Banco Central en 2013 como mecanismo de financiamiento para
cumplir con los vencimientos de deuda. Así lo estipula el Presupuesto para el
año próximo que anoche se aprestaba a aprobar el Senado. Concretamente, el
artículo 33 autoriza al Ejecutivo a constituir el Fondo de Desendeudamiento
por u$s 7.967 millones con las reservas del Central.
Siguiendo el ritmo que marca la mayoría
kirchnerista y con el apoyo de sus aliados tradicionales, esta madrugada el
oficialismo preveía convertir en ley la iniciativa oficial, que no sufrió
ninguna modificación en su paso por el Congreso. Aunque la oposición se cansó
de hacerle objeciones y críticas a las previsiones de crecimiento (4,4%) e
inflación (10,8), entre otras cuestiones.
La discusión se inició a las 19 de ayer, luego de
que la Cámara aprobase la reglamentación del per saltum (ver pág. 8). Por el
kirchnerismo, defendió el texto el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández,
quien enfatizó que el Gobierno “no prioriza
las metas de inflación, sino que
prioriza el crecimiento” y destacó que “endeudarse en
el exterior para financiar déficit de
cuenta corriente ya no es política de los
argentinos”.
La propuesta es esta. No estamos dispuestos a
ceder un tranco de pulga en lo que la Presidenta (Cristina Fernández de
Kirchner) dio en llamar el beneficio siempre para los más vulnerables,
sentenció. “Somos el país que más ha crecido, resaltó y subrayó que la
Argentina alcanzó una
cobertura previsional del 95%, a la que definió como “la más alta de América Latina”.
Además, siguiendo el libreto del oficialismo en
los últimos meses, ensayó una cerrada defensa del cepo cambiario. “Entre pagar costos sociales generados por la
devaluación y limitar
acceso de dólares para
atesoramiento, hemos tomado esta herramienta, sostuvo. También defendió el pago de
la deuda pública con
reservas del Banco Central, tras admitir que si el Ejecutivo no usara ese
mecanismo no tendría divisas
para atender los compromisos externos. “Si no lo
hacemos con las reservas, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para pagar?,
preguntó retóricamente.
Le respondió la legisladora y economista del
radicalismo Laura Montero, quien anticipó el rechazo de su bancada a la
iniciativa, a la que calificó de “presupuesto
mentiroso. “No nos
mientan, no nos falten el respeto. Mienten en los supuestos económicos y a partir de ello hacen mal los cálculos de recursos, reclamó a viva voz.
La mendocina señaló además que “la Argentina ya no es el país que más crece” y exhortó a las
espadas oficialistas a que “no busquen
las causas afuera. “Las causas
son bien criollitas, remarcó.
Montero sostuvo en ese sentido que el Gobierno
debe reconocer que “a partir del
2008 se cayeron los supuestos económicos del
modelo, porque empezó la inflación” y los
principales indicadores de crecimiento, de inversiones, de exportaciones, de
importaciones y de superávit “siguen bajando”, aunque no
hay reconocimiento oficial.
El Presupuesto 2013 tiene una previsión de
crecimiento del 4,4%, un dólar oficial de $ 5,10 y una pauta inflacionaria
anual del 10,8%. Estima además un superávit primario de 55 mil millones de
pesos con un saldo comercial positivo de u$s 13.500 millones y calcula un
crecimiento de la recaudación del 22,7%.
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