HOY, Colombia por
2, para comprender cómo el proceso de paz impacta en las presidenciales del
2014 y cómo éste puede colarse en el proceso de paz.
POST ELECCIONES
ARGENTINAS. Mucho ruido y pocas nueces es lo que sostenemos es el resultado concreto
de la elección del domingo. Fijate el cuadro de la composición final de la
Cámara de Diputados.
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COLOMBIA entre
el proceso de paz y una nueva elección presidencial. El ex Presidente Uribe
comienza a tallar en las reelección del Presidente Santos. Lo hace
diferenciándose del proceso de paz de Santos, reproduciendo el discurso de la
práctica uribeña cuando presidente. Las farc, por su parte, se convierten en
árbitro entre Uribe y Santos, como señala el segundo artículo que
publicamos. Sin embargo, las farc van
a tener que “elegir” a cuál de ellos perjudicar. Si quieren el proceso de paz,
deberán apoyar a Santos. Si quieren patear el tablero y recobrar fuerzas,
apoyarán a Uribe. Será como decir, “la lucha continúa”. Esto se explica con el golpe militar del 76
en Argentina: Montoneros lo veía como una oportunidad de fortalecerse.-
Nuestro
consejo al Presidente Santos: si va por la reelección, suspenda el proceso de
paz a resultas del nuevo gobierno. El anuncio sólo producirá una crisis en el
seno de las farc ya que o proponen continuar y terminar ante la posibilidad de
que Santos pierda o volverán a fojas cero con un nuevo presidente proveniente
de Uribe.
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Candidato presidencial colombiano pide
terminar ‘ya’ proceso de paz con las FARC
El candidato presidencial Oscar
Iván Zuluaga, apoyado por el ex mandatario Álvaro Uribe con miras a
las elecciones del 2014 en Colombia, abogó el lunes por terminar “ya” el proceso de paz
que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC llevan adelante
en La Habana.
… “Yo he dicho que
eso hay que terminarlo y terminarlo ya”, dijo Zuluaga al afirmar que el
proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que
comenzó hace un año “nació muerto y está mal planteado porque
nace de una premisa completamente equivocada”.
El economista y ex
ministro de Hacienda y Crédito Público entre el 2007 y el 2010 explicó que un
Estado
legítimo “no puede negociar de igual a igual con una organización que sigue
cometiendo actos terroristas y reclutando menores”.
Por eso afirmó que
si en las elecciones del 25 de mayo del 2014 es elegido presidente y detecta
voluntad de paz por parte de las FARC, le exigirá a esta guerrilla que “cese toda
acción criminal y violenta contra los colombianos, suspenda su financiación
con el narcotráfico y que haya un cese de acciones unilaterales verificable”.
Zuluaga reiteró el
lema que marcó su primer discurso como candidato y señaló que “la
paz no se negocia en La Habana y el modelo de país no se negocia con las FARC”.
Además, comparó el
actual proceso de paz con las FARC para terminar el conflicto armado con el
proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC,
paramilitares) que se desarrolló durante el gobierno de Uribe en el 2005, y
determinó que la diferencia es que el “paramilitarismo se sometió” y no
discutió la agenda del país.
El ex ministro
defendió que él tendrá un “sello” y “estilo” propio pese a la alargada sombra
de Uribe, que al haber agotado los dos periodos en la Presidencia que
establece la Constitución sólo puede postularse como cabeza de lista al
Senado en los comicios parlamentarios del 9 de marzo. “Tengo mi sello,
propongo un modelo educativo muy ambicioso. El país sabe que yo tengo
talante”, agregó….
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Las FARC, árbitro entre Santos y Uribe
M.
A. BASTENIER
Tan solo en
junio pasado parecía que todo salía a pedir de boca. El 26 de mayo se había
llegado a un primer acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC sobre el
problema de la tierra. Era solo uno de los seis puntos en litigio en las
conversaciones de La Habana entre los negociadores de Bogotá, que dirige
Humberto de La Calle (exvicepresidente) y la guerrilla de Rodrigo Londoño
Echeverri, alias Timoleón Jiménez, y alias de alias, Timochenko, representado
en la capital cubana por Iván Márquez.
Pero lo acordado
era, como lo calificó la revista Semana, una auténtica ‘arma de
transformación masiva’, una reforma agraria que pretendía hacer realidad lo
que había intentado sin éxito el presidente López Pumarejo en los años
treinta. Pero desde septiembre ese optimismo se ha trocado en decepción.
Mientras se agigantaba la sombra del expresidente Uribe, para quien Juan
Manuel Santos, pese a haberlo apadrinado como sucesor, es la viva imagen de
la traición; las FARC, tanto en Cuba, como con atentados sobre el terreno, no
contribuían precisamente a que avanzaran las negociaciones. Caían los índices
de apoyo al presidente con un abrumador 72% en contra e incluso su
reelección, que en mayo parecía una mera formalidad, se hacía brumosa. Y,
tras una larga campaña de feroz crítica contra Santos, Álvaro Uribe se
disponía a fin de octubre a elegir candidato para las presidenciales de mayo
de 2014. El expresidente no podía por ley optar a un nuevo mandato, por lo
que tenía que conformarse con ser cabeza de lista de su partido, recién
creado, Uribe Centro Democrático, para el Senado, en marzo, también del año
próximo. Toda una novedad en un país en el que los expresidentes pueden ser
influyentes pero se están quietecitos en su casa.
Las cosas habían
comenzado a embolatarse —en colombiano contemporáneo, “complicarse”— con el
estallido de una vasta protesta campesina en la zona del Catatumbo, que la
izquierda juzgaba fruto emponzoñado del Tratado de Libre Comercio con EE UU
por el que los productos norteamericanos le hacían la competencia con ventaja
a la agricultura local. El paro se extendió a gran parte del país, el Polo y
otras fuerzas organizaron marchas ciudadanas, las FARC lo saludaron con el
mismo entusiasmo que si fuera idea suya; pero lo más grave fue que el
presidente Santos, de ejecutoria prudente y competente olfato, perdió una
excelente oportunidad de callarse cuando negó que hubiera “paro nacional”
alguno. Si la habitualmente pasiva ciudadanía colombiana se encrespaba con
una protesta que duró semanas y una intensidad inédita desde hacía décadas,
hubo quien hasta barruntó que aquello podía ser un nuevo comienzo.
Ese mismo
septiembre Santos aireaba internacionalmente sus preocupaciones lanzando ante
la asamblea general de la ONU un ultimátum a la guerrilla: “Ya llevamos un
año de conversaciones y solo hemos logrado acuerdos en un punto de la
agenda…y la paciencia del pueblo colombiano no es infinita”. Las
conversaciones a cara descubierta, pero no públicas, habían comenzado en
otoño de 2012 en la capital cubana y apenas a comienzos de octubre se entraba
a discutir un segundo punto, aunque ciertamente mayúsculo, como era la
participación política o incorporación de los guerrilleros a la legalidad, que
concitaba una cuestión capital: ¿impunidad para los culpables? Ante la
posibilidad de que matarifes convictos y confesos no recibieran castigo, la
opinión pública reaccionaba mayoritariamente indignada, lo que prestaba un
excelente trampolín a Uribe para cargar contra el jefe del Estado.
Ante el
desbarrancadero de las encuestas Santos había procedido a un reajuste
gubernamental, significativamente anunciado como ‘Gabinete de Unidad para la
Paz’, donde destacaba el nombramiento de Alfonso Gómez Méndez en Justicia
para lidiar con el espinoso problema de la participación política, y Rubén
Darío Lizarralde en Agricultura, encargado del reparto de tierras a
campesinos despojados y desplazados por el conflicto. El Gobierno decía tener
a mano, entre baldíos, expropiaciones y recuperación de tierras del
narcotráfico, entre tres y seis millones de hectáreas.
Estaba claro,
sin embargo, que los insurgentes no iban a aceptar ni un solo minuto de
cárcel —jefes o subordinados— lo que obligaba al poder a desplegar tales
acrobacias jurídicas como solo conoce el acervo político colombiano. El
llamado ‘marco jurídico para la paz’ preveía una solución enigmáticamente
denominada ‘justicia transicional’, que zascandileaba con suspensión de penas
y posibles deportaciones al extranjero para no tener que enviar a los
culpables a la cárcel. Pero las FARC no admitían ni siquiera un simulacro de
condena. El fiscal general Montealegre había alimentado la idea de que
solamente los culpables de delitos atroces irían a presidio, y el propio
Santos había reiterado que los mayores culpables penarían cárcel. Pero Iván
Márquez no había ido a La Habana para que le extendieran un certificado de
penales, y la guerrilla siempre había sostenido que la guerra, cuyo comienzo
databa del fracaso de la reforma agraria de López Pumarejo en 1936, era
responsabilidad del Gobierno. Llegado el otoño, el calendario era lo que más
debía preocupar al presidente.
Juan Manuel
Santos había previsto un proceso negociador “breve, realista y conciso”, de
meses, y en ningún caso años. Ya a principios de diciembre de 2012 una
elemental prudencia le aconsejaba, sin embargo, ampliar el plazo a noviembre
de 2013. Y habida cuenta de la politización extrema del segmento activo de la
ciudadanía, el hecho de que las legislativas estuvieran fijadas para el 9 de
marzo de 2014, significaba que ya se estaba en plena campaña. Santos es
lógico que pretendiera presentarse a la reelección con la firma del fin de las
hostilidades en el bolsillo, y aunque ya había insinuado que sería candidato,
no lo había anunciado formalmente. Se barajaban por ello diversas
posibilidades: que se presentara con firma o sin ella; y que no lo hiciera si
no había acuerdo, o incluso si lo hubiera, en plan de regidor magnánimo que
no ambiciona el poder, una vez cumplidas sus promesas. Pero la peor hipótesis
parece la más probable: que haya elecciones con las negociaciones aún por
desenredar.
La actitud de
las FARC, entre tanto, es insondable. ¿Alarga la guerrilla la negociación
pidiendo lo imposible como que las elecciones sean constituyentes, porque
bajo esa presión creen que Santos sería más “manejable”? ¿No le importa que
una negociación fracasada sirva a los propósitos de Uribe, que ha tronado —y
trinado, colombiano para tuitear— contra la negociación? ¿No temen los
insurrectos que si las elecciones se celebraran sin acuerdo tuvieran que
vérselas con unas cámaras nutridas de uribistas y con el expresidente
dominando el Senado? Y tampoco habría que descartar que el desastre cobrara
tal magnitud que en las presidenciales tuviera posibilidades el ungido de
Uribe.
La posición de
las FARC sobre participación política se ha endurecido en las últimas
semanas, pero quizá por ello puede haber grietas en su equipo negociador. Se
dice que los que han sufrido los peores arreones del Ejército son los más
receptivos a los argumentos de Bogotá, como Pablo Catatumbo, longevo
comandante sobre el terreno, mientras que los que llevan tiempo fuera del
país haciendo relaciones públicas de una tropa de terroristas, secuestradores
y asesinos, como el segundo de Timochenko, Iván Márquez, son mucho más de la
cáscara amarga. Existe una posición intermedia, de quienes operan en zonas
próximas a la frontera con Ecuador, donde han podido hallar durante años
refugio. El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo en una entrevista en
2008 que su país lindaba por el norte “no con Colombia, sino con las FARC”. Y
uno de los que milita en esa ambigüedad y tiene gran peso en la organización
es Joaquín Gómez, lugarteniente del líder histórico de la fuerza guerrillera,
Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez y, alias de alias,
Tirofijo, que falleció por causas naturales en la jungla en marzo de ese
último año.
Pero las
dificultades no acababan ahí. Un factor que añadía urgencia a las
negociaciones era el llamado “refrendo popular para la paz”, que el Gobierno
pretende que se celebre por vía de referéndum coincidiendo con las elecciones
legislativas o presidenciales, opción que rechaza la guerrilla porque es
probablemente consciente de su impopularidad. Y Uribe, siempre atento,
reprochaba que esa consulta solo tendría sentido si las FARC entregaban
previamente las armas porque, si no, sería “como votar con los fusiles en la
nuca”.
El gran
‘suspenso’ del pasado fin de semana lo ha aportado la elección del candidato
de Uribe a la presidencia. Unos 1.300 compromisarios del Centro Democrático
debían optar entre tres aspirantes: Oscar Iván Zuluaga, hombre del aparato,
que ha sido el vencedor; Pacho Santos, primo hermano del presidente; y Carlos
Holmes Trujillo, político profesional. El periodista y ex vicepresidente con
Uribe, Pacho Santos, habría ganado claramente, como es creencia universal, si
la elección hubiera tenido lugar, como estaba previsto, por consulta popular.
Pero el expresidente prefería en apariencia que ganara Zuluaga, razón por la
que impuso la votación intra-partidaria, susceptible de primar cuestiones
burocráticas y alianzas internas. La versión más racional de la preferencia
por Zuluaga, político escasamente conocido, era que si las presidenciales se
dirimían entre dos primos, Juan Manuel Santos y Francisco (Pacho) Santos, el
espectáculo sería de ‘república bananera’, un mano a mano oligárquico.
A punto de
cumplirse un año de negociaciones, solo está aprobado el punto de la tierra,
lo que está lejos de ser un éxito porque el único acuerdo de fondo entre
Gobierno y guerrilla es que “nada estará acordado, si no está todo acordado”,
como dice Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz y gran responsable de la
estrategia negociadora. Y aun faltan por debatir la erradicación del
narcotráfico, que debería quedar para cuando hubieran cesado las
hostilidades; la reparación a las víctimas, que estaría básicamente satisfecha
con la consolidación de la reforma agraria y la resignación popular a un alto
grado de impunidad para los asesinos; y, por último, la terminación del
conflicto armado, que se desprendería naturalmente del acuerdo sobre todos
los puntos anteriores.
La inclinación de
Álvaro Uribe por un político profesional en lugar de un aspirante a tribuno
como Pacho Santos, ha ahorrado al público algo inédito en la historia de las
elecciones no solo colombianas sino latinoamericanas: que dos primos hermanos
y además primos dobles, como se dice en Colombia, de padre y madre, se
enfrenten por la presidencia. Zuluaga, al que hay que ver en el mejor de los
casos como un ’hombre ligio’ del expresidente, ya ha estigmatizado la
continuación de las negociaciones y tiene meses de campaña para actuar como
eco implacable de su jefe. Paradójicamente, son las FARC quienes pueden
decantar la balanza en favor del Santos presidente, apresurando la marcha
hacia la firma de alguna promesa de paz a la vista de los idus de marzo.
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POST
ELECCIONES 2013. Como dijéramos ayer, mucho ruido y pocas nueces fue la
elección del domingo. Básicamente, el cristinismo retiene la mayoría en ambas
cámaras. Lo que quedaría sepultado es el sueño de modificar la Constitución y
la pretensión de llevar a la Corte Suprema a juicio político. De aquí al
2015, nada más querida y querido lector de NdF.
Sin embargo,
la elección tiene un efecto secundario: la de haber lanzado tempranamente a
los candidatos presidenciales del 2015. El cristinismo tendrá que buscar a
quién promover –que no será Scioli lo damos por seguro-, mientras que Scioli,
Massa y Macri han actuado de cara a sus candidaturas. Desde hoy en más, todo
se referirá al 2015. Y comenzó nomás con el traspaso de diputados macristas
en la lista de Massa que van a su redil, salvo uno.
Y los medios
han dado tanta letra a imaginar cuáles diputados cercanos al cristinismo se
acercarían a los de Massa que obviaron la posibilidad inversa, cuántos de
Massa pasarán de bando con el tiempo. Hoy son los de Macri aunque parece muy
natural. ¿Mañana?
Los votantes
votamos mirándonos la punta de la nariz. Los candidatos miran más allá. Y
hacía allá van aunque sigamos mirándonos el ombligo.
¡Ah! Y
Cristina también ganó: retiene mayorías suficientes para gobernar sin la
oposición hasta el 2015. Que la economía se le desbarranque, es otra cosa.
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Empezó la guerra política entre Macri
y Massa: tres diputados del FR se pasan al PRO
Horas después
del final de la votación legislativa y con el análisis de los resultados
sobre la mesa, ya se lanzó una cruda guerra política entre dos de los
ganadores de la elección, con claras aspiraciones presidenciales en 2015.
Macri vs. Massa; Massa vs. Macri.
"En
mi lista del PRO de 2015 no va haber ningún integrante de un antiguo gabinete",
desafió el propio Macri al tigrense en medio de las celebraciones porteñas.
"Massa ayer era una aliado, hoy es un adversario", sentenció la
senadora electa Gabriela Michetti.
La pelea entre
el PRO y el Frente Renovador tiene una explicación y fue anticipada por sus
protagonistas semanas atrás. En la lista de 35 postulantes a diputados
-ingresaron 16- que encabezó Massa figuran cuatro macristas de pura cepa.
Soledad Martínez (6º), de estrechos vínculos con el primo Jorge Macri; la
larretista y actual legisladora nacional del PRO Gladys González (12º); el
exdiputado del PRO Christian Gribaudo (13º), que reconoce como jefe político
al presidente de Boca, Daniel Angelici, y Marcelo D'Alessandro (14º), jefe de
la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) del Gobierno
porteño y sobrino de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Se estima que D'Alessandro
se quedaría en el FR, mientras que Martínez, González y Gribaudo se enrolarán
en el PRO. De este modo, el
massismo bajará de 19 a 16 miembros en la Cámara baja y el macrismo se
incrementa a 21, ya que con esta elección subió de 11 a 18.
Sin embargo, el
intendente de Tigre ya lanzó una telaraña para atrapar a otros legisladores que boyan
sin destino cierto en la Cámara baja. En las próximas horas Massa
buscará sumar a los diputados que responden a Hugo Moyano, José Manuel De la
Sota, Luis Barrionuevo, Mario Das Neves, Carlos "Lole" Reutemann y
Jorge Busti para conformar un interbloque de una treintena de diputados. Y
aunque en el Senado el massismo no tendrá representación por ahora, no se
descarta que el expiloto de F1 se convierta en su primer representan en la
Cámara alta.
Los dos fueron
los ganadores en los dos distritos electorales más importantes del país. En
el total país, Massa consiguió 3,8 millones de votos, mientras que Macri
apenas llegó a los 3 millones. Se unieron hasta hace horas para frenar el
avance del kirchnerismo, en particular en la Provincia, y lo logaron. Hoy son
dos feroces contrincantes.
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Así queda la
Cámara de Diputados y podrás comprender nuestra posición “mucho ruido y pocas
nueces” con que titulamos nuestra entrega de ayer. Y si los medios opositores
encontraron en la frase “una ajustada mayoría”, es para no decir lo que te
decimos: no tendrá problemas el Gobierno para gobernar mirado desde su
posicionamiento en el Congreso. Ciertamente, el Gobierno debe temer más de sí
mismo que de la composición legislativa. Fijate que de las 127 bancas en juego, el 37% fueron obtenidas por el oficialismo. UNEN-FAP-UCR levantaron un 28%. El peronismo disidente, el 20%. Pro, un 9%. La pérdida a nivel nacional contra el 54% de la elección presidencia, fueron 17 puntos. Es el electorado fluctuante, no habiéndose logrado perforar el importante electorado militante que acompaña al FPV. Lo que le restó fue más peronismo.
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¿Está el Papa redifiniendo la doctrina Católica?, se pregunta en un artículo Paul Simmons. Es lo que nos hemos preguntado desde Noticias de Fondo al inicio del Papado de Francisco. Transcribimos abajo tres artículos en los que se tratan concretamente declaraciones del Papa comparándolas con la doctrina oficial de la Iglesia. Transcribimos la versión original en inglés y nuestra traducción basada en el traductor de Google y nuestra propia interpretación. Si entendés que hay errores que cambien el sentido del articulista, estimamos nos lo digas al mail noticiasdefondo@gmail.com o en Comentarios. Podés no estar de acuerdo con el articulista en cuanto una posición ortodoxa ante un Papa reformador o revolucionario, aún no podemos saberlo. Lo que sí encontrarás son los temas hoy en debate dentro del mismo catolicismo, desde una perspectiva doctrinaria. Lo que muestra es que si Francisco efectivamente quiere reformular la doctrina encontrarás aquí la magnitud de lo que se propone. ...
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