Lunes 14-XII-09

Cinco "mentiras" sobre linchamiento y reforma del Código Penal

Por: Claudia Peiró cpeiro@infobae.com

No hubo consenso ni pluralidad en el proyecto; ni es cierto que todos los últimos cambios en materia penal hayan sido pro "mano dura"; fue más bien al revés. ¿Un debate al que le cabe el concepto –filosófico- de "bullshit"?

 

En los cruces de opiniones provocados por la revelación de que el Gobierno se proponía dotar al país de un nuevo Código Penal, abundó el bullshit. Se trata de un término queGuillermo Raffo y Gustavo Noriega desarrollan en su libro "Progresismo" y que toman prestado del filósofo Harry G. Frankfurt: el bullshit no es una mentira lisa y llana (por eso las comillas del título). Traducido al rioplatense sería: mandar fruta.  

El que practica el bullshit, dice Frankfurt,  "no siente la necesidad de alinearse ni con la verdad ni con la mentira. Los hechos son irrelevantes para él, salvo en cuanto sean pertinentes para poder decir lo que se le ocurre. No le importa si las cosas que dice describen a la realidad correctamente o no. Simplemente las va eligiendo o inventando para usarlas como él quiere."

El bullshit suele ser resultado de un adoctrinamiento o propaganda que lleva a negar la realidad y encerrarse en un discurso. Todo lo que se sale de él, es digno de ser atacado y descalificado.

Un repaso del bullshit de estos días arroja lo siguiente:

  1. El anteproyecto de Código Penal fue elaborado por una comisión plural
  Se argumentó hasta el cansancio que el documento presentado a Cristina Kirchner fue redactado por un grupo que cubría el entero arco político. "Una comisión de juristas de origen multipartidario" fue el estribillo de los defensores del proyecto, una frase en la cual tanto lo de "juristas" como lo de "multipartidario" está inflado.

Es cierto que, formalmente, sus integrantes pertenecen a diferentes partidos, pero el modo en que fueron designados y el secretismo con el cual se lanzó la iniciativa hizo que ni los propios dirigentes de esas fuerzas tuviesen idea de lo que se estaba emprendiendo. Durante casi dos años, y prácticamente sin publicidad, este equipo, coordinado por el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni e integrado por el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y la ex diputada María Elena Barbagelata (Frente Amplio Progresista), se dedicó a la redacción del nuevo texto.

A León Arslanián lo postuló Zaffaroni, que es como proponerse a sí mismo, ya que ambos son de la misma corriente penal. Y ambos pertenecen al kirchnerista Frente para la Victoria. Es absurdo sostener que Zaffaroni y Arslanian representan la totalidad del pensamiento del Partido Justicialista en la materia.

Lo mismo puede decirse de Gil Lavedra y Pinedo. A juzgar por las reacciones posteriores de sus respectivos partidos (UCR y PRO, que pidieron no avanzar con el proyecto), no parece que su nominación haya sido una decisión demasiado orgánica.

A diferencia del Código actual, elaborado durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen por una comisión encabezada por un opositor, el conservador Rodolfo Moreno, aquí la hegemonía fue del oficialismo, no sólo por la integración de la comisión sino porque la iniciativa fue de Zaffaroni; él le llevó la idea a la presidente, y sugirió los nombres, tanto de propios como de extraños, que por ende no lo fueron tanto. 

2. El anteproyecto fue consensuado, consultado, y se recibirán aportes y críticas

  Difícilmente una reforma casi secreta pueda ser calificada como fruto de un amplio acuerdo. Todo el procedimiento fue a espaldas de la opinión pública que recién se desayunó del asunto el pasado 1º de marzo cuando la Presidente inauguró las sesiones del Congreso. Basta con repasar los archivos de los diarios, para constatar que, con pocas excepciones, desde el 7 de mayo de 2012, cuando se inició el trabajo de la Comisión, hubo "silencio de radio" sobre las operaciones que comandaba Zaffaroni. Sin embargo, cuando estalló la polémica, uno de los argumentos esgrimidos por los autores fue el carácter consensuado del documento.

Véase esta imaginativa descripción de una columnista: "(El anteproyecto de Código Penal es) fruto de un intenso debate, trabajo, intercambio, proceso de consultas, solicitud de colaboraciones y opiniones de los más variados organismos gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo las universidades, docentes, investigadores y juristas con fuerte trabajo y trayectoria en el campo del Derecho Penal".

Puro bullshit, como lo demuestra la sorpresa con la cual fue recibida la iniciativa, no sólo a nivel del público en general sino incluso por parte de la clase política. A diferencia del Código Civil –o, mucho antes, de la Ley de Medios-, los argentinos ignoraban que una comisión de expertos estaba preparando un anteproyecto, ni más ni menos que para sustituir –no para reformar- el actual Código Penal por uno nuevo.

Además, las declaraciones de amplitud de los integrantes de la comisión se contradecían con sus quejas por la "filtración" (tal el término utilizado) de un proyecto cuyas implicancias para la vida futura del país apelaban a una mayor publicidad y transparencia en el procedimiento. Lo llamativo es que los primeros trascendidos sobre el contenido del proyecto aparecieron en medios "amigos" y con el fin de elogiar la reforma. 

En fin, curiosa queja por parte de quienes juran además estar abiertos a aportes y críticas al proyecto. ¿Cómo participar de lo que no se conoce?

Desde luego que un Código Penal no puede reformarse de modo colectivo; es tarea de expertos. Pero es insostenible decir que en esta comisión se resume el pensamiento y el acervo de los argentinos en la materia.

Además, si bien se ha anunciado que el proyecto será sometido a consulta en el Congreso, no existe garantía alguna de que vaya a haber receptividad a los aportes ni una seria búsqueda de consenso, teniendo en cuenta la afición de este Gobierno por la aprobación de proyectos a libro cerrado.

Para que no queden dudas de cómo será el debate –si lo hay-, el kirchnerismo parlamentario fue reunido el 20 de marzo pasado, no para debatir el proyecto sino para ser encolumnado detrás de él. En una cumbre del Acuerdo de Seguridad Democrática los legisladores firmaron una declaración de apoyo a lo que "sólo es un borrador" –otra mentirilla destinada a simular apertura-, denunciando el "discurso oportunista de demagogia punitiva".

  3. Relación entre código penal y seguridad
  El bullshit es también un recurso para minimizar un problema: se trata de citar otros tanto o más graves, pero de los que tampoco se ocupan. Si el tema es la inseguridad, se habla de la exclusión social, la corrupción policial, el hacinamiento y el maltrato en las cárceles, entre otros males, ampliamente diagnosticados, pero jamás enfrentados.

Es verdad que una reforma del Código Penal –inclusive una reforma de algunas leyes- no va a tener incidencia inmediata en el clima de inseguridad que se vive en el país.

El problema es que los principales voceros de esta postura son al mismo tiempo los responsables de aquellas cosas que sí tendrían incidencia directa e inmediata en enfrentar la ola delictiva: policía y sistema penitenciario, en especial. Pero, como si no llevaran diez años en el gobierno, algunos funcionarios hablan de "maldita policía" o de "cárceles reproductoras del delito"
 Y como si no supieran que el pescado se pudre por la cabeza, se dedicaron por ejemplo, durante años, a dar de baja a cientos de policías bonaerenses rasos desmantelando la fuerza sin lograr reformarla.

Tampoco se ha hecho nada para cambiarun sistema penitenciario que oscila entre el hacinamiento y el relajo, como lo demuestra la seguidilla de fugas.

No hay duda de que una policía eficiente, bien equipada, con directivas claras y con respaldo del poder político incidiría fuertemente en la prevención del delito.

¿Qué le impidió a un gobierno que gozó de mayoría parlamentaria por muchos años reformar el sistema carcelario? ¿Elaborar un nuevo estatuto de la policía o promulgar un régimen penal de menores?

Precisamente, si ellos mismos afirman que las principales falencias en materia de seguridad no vienen del Código sino de la mala conducción de las fuerzas de seguridad y la falta de una política de seguridad pública, o del deficiente y a la vez inhumano sistema carcelario, estamos ante un problema de inversión de prioridades. ¿Para qué se ponen a reformar ahora el Código Penal?, sería la pregunta obvia.

El consenso que no se buscó en los años de vacas gordas para diseñar soluciones estructurales a los problemas más graves, difícilmente se encuentre ahora, en un contexto de crisis económica y con un gobierno que está de salida.

  4. "Avanza el punitivismo"
  Otro leit motiv de los reformadores es que en los últimos tiempos quedó comprobado que un endurecimiento de las penas no disuade del delito. Es otra mentira-verdad. El bullshit no está en decir que mayores penas no disuaden a los delincuentes; porque es parcialmente cierto. Lo que no es cierto es que en estos años avanzó la mano dura o el "punitivismo" –nuevo término acuñado por los defensores de la reforma-. En los últimos tiempos no hubo más sino menos "punitivismo" 

Con excepción de las llamadas leyes Blumberg –bendecidas por Néstor Kirchner y votadas por muchos de los que hoy reniegan de ellas-, que incrementaron la pena para el robo a mano armada y el secuestro, muchas de las modificaciones de los últimos años –si no la mayoría- fueron de sentido opuesto a la "mano dura". Más bien tendieron a dar mayores garantías a los procesados y condenados. Veamos: ley del dos por uno, elevación de dos a tres años de prisión del máximo de la pena para la condena de ejecución condicional, probation, mayor número de salidas anticipadas, monitoreo electrónico, etcétera.

Eso, sin mencionar las interpretaciones del código en línea con la doctrina Zaffaroni, ya queson muchos los jueces que, sin esperar a una reforma del Código, declaran la inconstitucionalidad de la reincidencia o directamente la desconocen, dejando en libertad a delincuentes peligrosos que vuelven a cometer delitos aberrantes. Existe toda una corriente de jueces que, amparada en el clima de época, interpreta continuamente el código en un sentido que les permite liberar gente de modo anticipado: regímenes de prelibertad, libertad condicional, salidas laborales, todo ello concedido sin el debido control.

  5. "Los linchamientos son consecuencia de este debate"

Luego de desconocer el problema de la inseguridad durante años y, sobre todo, de no conmoverse por el sufrimiento que la violencia delictiva le estaba infligiendo a la sociedad, el frente oficialista unido de condena a la justicia por mano propia es conmovedor. Más aún teniendo en cuenta que se trata de gente que promovió y exaltó los escraches–otra forma de "justicia" por mano propia, frecuentemente antesala del linchamiento- contra adversarios políticos.

Más que bullshit, es cinismo el intento de relacionar los casos de linchamiento con las críticas a la reforma del Código. Lo de casos en plural es además una exageración, ya que después del primero, en Rosario, lo que hubo fueron situaciones dudosas, incluyendo la participación de un actor. Todo inflado por el propio oficialismo: extremar hasta la caricatura las posiciones contrarias es un viejo método de descalificación.

  Apostillas

Hubo otras perlitas en esta polémica. Acá van dos:

Leer o no leer, ésa es la cuestión

La acusación de opinar sobre el proyecto sin haberlo leído fue uno de los argumentos favoritos de los reformadores; repetido hasta el cansancio por políticos que tampoco lo leyeron.

En un debate en la TV pública, el penalista invitado, Julio Maier, empezó su intervención señalando que no había leído el proyecto... Y no fue por falta de acceso al mismo, ya que éste fue publicado incluso antes del estallido de la polémica por los pocos medios que se ocuparon del tema.

Segundas intenciones

La titular de Justicia Legítima, la camarista del Crimen María Laura Garrigós de Rébori, sostuvo que la comisión redactora del anteproyecto es "prestigiosa y nadie puede dudar de su honestidad".

¿Tampoco de sus intenciones? (ver Por qué quiere el Gobierno reformar el Código Penal). La virulenta reacción del titular de la comisión, poco acorde con su condición de juez de la Suprema Corte, habla a las claras de que el debate desencadenado por el diputado Sergio Massa torpedeó algo más que una reforma penal. Fue un tiro por elevación a la aspiración de pasar a la historia dando nombre a un nuevo código, pero también a la posible señal de largada de una candidatura política.