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¿QUÉ PARTE DE CLARÍN SE QUIERE
QUEDAR EL GOBIERNO?
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Llenito y cargadito NdF de hoy.
Todo grosso y para debatir
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NACIONES UNIDAS. Conmoción por
el ingreso de Venezuela en el Consejo
de Derechos Humanos
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NACIONES UNIDAS contra el bloqueo
yankee contra Cuba
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CUBA PRESA. Otro disidente en
cana a 14 años
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FRAGATA LIBERTAD, PRESA DE LA
ESTUPIDEZ DE UN GOBIERNO, DESDE LOS PIES HASTA LA CABEZA
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LO QUE SABATELLA DICE ES
VOLUNTARISTA Y ARBITRARIO. LA LEY DE MEDIOS PERMITE TODO LO QUE SE PROPONGAN
SOBRE LOS MEDIOS TAL COMO DIJERON SUS SUBORDINADOS
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ARGENTINA CRAZY: ¿RECORDÁS A DE
VIDO HABLANDO DEL SABOTAJE? ¡LA NATURALEZA LO SABOTEÓ! NI SIQUIERA TUVO
VIVEZA
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AGENDA TEMÁTICA DE LA PRESI. 10
TEMAS DE DIFICULTAD PARA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
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ARGENTINA GATA FLORA. EL
ANUNCIO DE MACRI SOBRE EL SUBTE GENERÓ REACCIONES EN EL PLANETA K
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ARTÍCULO DE FONDO: La movilidad
económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Informe del
Banco Mundial. La noticia en los medios (pobrecita) y parte del documento
transcripto por Noticias de Fondo sobre el contrato social, la fragmentación
social, movilidad social y claves para que entiendas los procesos que vivimos
en América Latina. Fuerte sesgo de “Estado de bienestar” pero ciertamente
llama la atención sobre la pobreza recurrente latinoamericana de harto valor
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¿QUÉ PARTE DE
CLARÍN QUERRÁ QUEDARSE EL GOBIERNO?
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Tanto
Cablevisión como Fibertel son medios que el Gobierno querría quedarse. La
primera por ser coherente con la captación de medios masivos, permitiéndole
entrar en las clases medias abonadas. Por su parte, Fibertel comienza a cobrar
protagonismo con las masivas marchas del 13S y 8N: las redes sociales pueden
ser el gran enemigo del Gobierno y, entonces, quedarse con Fibertel podría
permitirle interferir en el escenario. ¿Cuál entonces? Nuestra opinión, es
que hará algo para quedarse con las dos. Sabés ya que Cristina no tiene ley ni
derecho más que sí misma así que inventarán algo para ella en tal sentido.
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NACIONES UNIDAS. Ha
creado conmoción la incorporación de Venezuela en el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, cosa que informamos días pasados. Es como que
desprestigia al Consejo
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Analistas: admisión de Venezuela afecta
credibilidad de Consejo de Derechos Humanos
ANTONIO MARIA DELGADO
El
ingreso al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de
Venezuela, país acusado de violar sistemáticamente los principios
fundamentales de la agrupación, reanuda las dudas sobre si la organización
multilateral está realmente en capacidad de velar por la seguridad y
libertades de los ciudadanos, o si más bien sirve de instrumento para lavar
la cara de sus opresores…
…osé
Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que
Venezuela realmente no cumple con los requisitos establecidos por la propia
agrupación para estar dentro de sus filas.
“Es
lamentable que Venezuela, al igual que otros países como Pakistán y Etiopía
hayan sido elegidos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos porque
evidentemente no califican, no cumplen con los estándares elementales para
pasar a formar parte de ese Consejo”, dijo Vivanco.
“Las
reglas del Consejo señalan que para aspirar a integrarlo debe tratarse de
gobiernos que promuevan y protejan los derechos humanos. Ese no es el caso de
Venezuela, dados los retrocesos que se han registrado en materia de la
libertad de opinión, en materia de la independencia judicial y la no
existencia de ninguna institución en Venezuela que le pueda hacer frente a la
voluntad del ejecutivo”, expresó Vivanco….
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NACIONES UNIDAS,
una vez más contra el bloqueo yankee contra Cuba
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En la ONU todos votaron en
contra del
embargo de Estados Unidos a
Cuba
El
bloqueo económico-financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace 50
años fue rechazado por 21ra vez consecutiva por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por 188 países, en tanto 3 se negaron a rechazar la medida y
2 se abstuvieron.
La
resolución de que reclama el desbloqueo sumó dos miembros respecto de la
votación del año anterior, mientras que a las negativas del 2011 de Estados
Unidos e Israel se sumó ahora Palau, y las abstenciones correspondieron a
Micronesia y las islas Marshall….
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CUBA PRESA. Es
así, en estos regímenes disentís y fuiste. Es hacia lo que vamos en Argentina
aún cuando no vayas preso. Hay otras formas de anularte
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Condenan por espía a periodista
d
el diario oficialista
cubano ‘Granma’
JUAN O. TAMAYO
Un
periodista del diario Granma de Cuba fue sentenciado a 14 años de cárcel por
espionaje, una acusación presentada poco después de que reportara sobre el
mal manejo del gobierno de un crítico proyecto de construcción, según
disidentes.
José
Antonio Torres era corresponsal de Granma, publicación oficial del Comité
Central del gobernante Partido Comunista, en la ciudad oriental de Santiago
de Cuba, la segunda en importancia de la isla.
Arrestado
en febrero del 2011 y juzgado a mediados de junio, fue sentenciado más
recientemente a 14 años de cárcel y la suspensión de su título universitario
de periodismo, dijo el disidente José Daniel Ferrer García.
Los
medios de prensa de Cuba, controlados por el gobierno, han hecho sólo breves
referencias al caso de Torres, a pesar de lo bien conocido que son sus
reportajes y de la fuerte acusación presentada en su contra. Sólo se sabe de
unos seis a 12 cubanos encarcelados por acusaciones de espionaje.
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FRAGATA LIBERTAD.
Pobre, si hablara podría rebelarse contra quien debiera protegerla, la
Presidente de la Nación Argentina. Desde su expresión “…que se queden con la
Fragata…”, el Gobierno viene distrayéndose y
distrayéndonos con Naciones Unidas ahora el Tribunal del Mar, y sigue
dando vueltas. Si hasta nuestros cadetes podrían terminar presos en Ghana por
resistirse a una orden judicial de ese país.
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"en
el caso de la Argentina insista en que no va a pagar" a estos últimos
(los holdouts), "el conflicto no es más con los denominados hold douts o
fondos buitre, sino con la Justicia de USA", dijo el analista y agregó
que, en la misma línea, "en el caso del embargo de la Fragata, el
conflicto ya se mantiene con el Estado de Ghana y no con una extensión de los
fondos que quedaron afuera de la reestructuración"…"la Argentina se
encuentra en una situación de conflicto con el conjunto del sistema
internacional. Tampoco ha pagado los juicios perdidos en el caso sel tribunal
arbitral del Banco Mundial. Y por otro lado se encuentra denunciado y
sancionado en la Organización Mundial de Comercio, por las medidas de control
de cambio y de las importaciones". En este marco, sentenció: "Lo de
la Fragata es una humillación que el país está recibiendo de manera
sistemática por su aislamiento, que en términos políticos, es por su
debilidad política internacional".
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"…Ghana
tiene plazo hasta mañana, martes 13, para ordenar esa medida provisional y
liberar el buque", y agregó que "de no ser así, un día después, 14
de noviembre, el Gobierno argentino demandará esa misma medida al Tribunal
Internacional del Derecho del Mar, como lo dispone el artículo 290 párrafo 5
de la Convención".
(Del
Canciller Timerman y su ultimátum al Gobierno de Ghana en
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Andrés Cisneros,
ex vicecanciller, se pronunció muy explícitamente sobre la ilegalidad del
embargo de la Fragata Libertad. Enfrente, en el programa de Silvestre, estaba
Tarapow quien indicó que la Fragata ingresó al puerto en Ghana con los 21
cañonazos de rigor, tanto desde la Fragata como desde el lado ghanés. Cisneros remató: Argentina eligió el camino
político, que es rápido pero difícil. El camino judicial es más lento pero es
seguro ya que Argentina tiene razón (la nave es una embarcación con
indemnidad diplomática). Transcribimos estas opiniones ya que son voces
distintas respecto de las frases en las viñetas anteriores.
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LA LEY DE MEDIOS
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El
flamante capo de la AFSCA, el organismo creado por la Ley de Medios para su
implementación, seguimiento y como Autoridad de Aplicación, retrucando los
dichos de sus subordinados, no aclara el panorama.
La
capacidad de la entidad de analizar los CONTENIDOS de los medios es auténtica
y no es difícil: cualquier funcionario puede hacerlo y establecer si está en
la línea “correcta” o “incorrecta” en función de los parámetros del Gobierno.
Asi que la capacidad existe. Pero, además, la Ley de Medios da amplias
facultades al ente de tercer nivel para otorgar, quitar, modificar las
condiciones con cualquier medio. Por ejemplo, anualmente los propietarios de
medios deben presentarse ante la administración.
Así,
la capacidad de “leer los contenidos” que están al alcance de cualquier
persona como la capacidad de tomar decisiones en función de aquella
capacidad, hacen la situación de que Sabatella dice que no la usarán. Es,
entonces, un acto voluntarista con todas las herramientas a su alcance para
traicionarse o para que la aplique un sustituto nuestro.
A
diferencia de lo “institucional” se crea una situación arbitraria.
Muy
interesante fue una especie de editorial de Willy Kohan en Somos Nosotros de
ayer. “El Gobierno ya interviene en los contenidos de los medios a través de
la pauta publicitaria”. “Llevo 25 años en el periodismo, y desde el segundo
mandato de Cristina Fernández se ha agudizado la preferencia de la pauta para
aquellos que hablan a favor del Gobierno o, como Telefé, adquiere una
tonalidad neutra”.
Y
es un tercer elemento: a la capacidad de lectura y censura, a la capacidad
que les da la ley para establecer quien sí renueva y quién no renueva
licencia se suma la capacidad del Estado de asfixiar económicamente a un
medio o, por el contrario y si demuestra disciplinamiento, salvarlo
económicamente.
Y
es la gravedad de una Ley de Medios hecha para desguazar al Grupo Clarín que
contó con el voto de radicales y socialistas de Hermes Binner.
Y
si faltaba algo, en el modelo de “desinversión” (auténtica confiscación de lo
generado en base a la ley argentina) el Gobierno podría quedarse con
Fibertel, la mejor, más extendida y más confiable red de internet. Y si
pensás que la oposición se comunica por las redes sociales, podría el
Gobierno, al estilo China, al estilo Cuba, Irán, Vietnam o Venezuela,
complicar estas comunicaciones, reduciendo el ancho de banda, por ejemplo.
Es
muy grave lo que ocurre en nuestro país, bajo la mirada de una oposición más
cercana a la filosofía del Gobierno, al que le dio el voto en un montón de
cosas que, de pronto, están descubriendo que lo que votaban con la ingenua
percepción de estar contribuyendo a cambios profundos, simplemente les
facilitaron las herramientas económicas (confiscación de los fondos
jubilatorios) y los instrumentos mediáticos de hegemonía (medios).
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A ver, a ver. Si
la caída de un árbol generó el apagón quiere decir que no fue un sabotaje
como saliera a decir el Ministro De Vido. Al momento que llamó la atención pública
para informar la estupidez conspirativa, ¿desconocía De Vido la causa real?
Si no fuera así, se apresuró con la gansada porque debió de haber esperado
información fidedigna. Si fuera así, simplemente nos habría mentido, cosa que
no creemos. De ninguna manera. Que te quede en claro lector, lectora….
Pero, además,
parece que hubo una interna según Héctor Ricardo García anoche: estaba
manejando el tema eléctrico el señor Kicillof. Acaecido el apagón y la falta
de reacción de este funcionario, la Presidente habría –condicional- llamado a
De Vido para que se haga cargo. ¿Será así?
Sea como sea, la
caída de un árbol desmentiría la situación de colapso eléctrico que
difundimos hasta en NdF: un accidente puntual no es un sabotaje y menos aún
colapso del sistema. Pero entre la interna y la disparatada versión
conspirativa, el Gobierno se perdió de anotarse un punto en desmentir el
“colapso del sistema”, al menos esta vez.
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El lugar donde se originó
el apagón
Por Gerardo González y Federico Ibañez
Infobae
recorrió la zona de Quilmes en donde se produjo el accidente que dejó sin
energía a más de un millón de personas en la Ciudad, y halló el árbol que lo
habría provocado. “Se movió hasta el piso” contó una vecina. Un bombero que
ayudó a apagar el fuego avaló la versión de que una rama tocó el cable…
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AGENDA TEMÁTICA DE
LA PRESI. Se trata de un buen listado de temas económicos que deben de estar
acosando a la Presidente. El desarrollo de cada punto es largo y si te
interesa hacé clic en el link al final del artículo
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#Pelea contra los fondos buitre
# Jornada clave para el país en los tribunales norteamericanos
# La soja cayó y aún no tocó su piso
# Cayó un 20% las ventas de maquinaria agrícola
# Paritarias: buscando un
piso alto
# "La inflación es un tema preocupante"
# Reforma del mercado de capitales
# Crisis energética: "No se bajó la palanca"
# $ 6.000 millones menos a jubilados
# El dólar y el golpe fatal al mercado inmobiliario
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ARGENTINA GATA
FLORA. ¿Viste cuando hacés una cosa y te castigan y hacés la contraria y te
castigan igual? Bueno, Macri anunció que la Ciudad se hará cargo de los
subtes. ¿Y qué dicen los mismos que hace dos o tres meses lo cuestionaban
desde el Gobierno por no hacer cargo? Lee cuánta perversidad son capaces de desplegar estos tipos.
Fijate Lubertino que lo acusa de anunciar por TV. ¡Justo una militante de la
mayor anunciadora televisiva de nuestra historia, Cristina Fernández!. Palos
porque bogas, palos porque no bogas….
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Para los opositores, la
decisión de aceptar
el traspaso del subte llega
tarde
“Crónica
de un traspaso anunciado: la Ciudad se hace cargo de los subtes, como todos
pedimos desde hace casi un año”, escribió la diputada por Nuevo Encuentro
Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter a poco de que el jefe de Gobierno
porteño anunciara que a partir del 1º de enero su gobierno tomará el control
del servicio.
“Perdí,
me tengo que hacer cargo”, ironizó la legisladora, que se quejó de que Macri
“dio vueltas”: “Tanto gre gre para decir Gregorio”.
Lubertino,
por su parte, eligió la misma red social para opinar del tema. “Después de 10
meses de suspenso, tensión, juicios y abandono de usuarios, Macri nos vuelve
a anunciar que se hace cargo del subte”, dijo.
“Era
hora”, consideró la diputada, quien advirtió que ahora se debe aclarar “qué
va a hacer con las tarifas”.
Criticó,
asimismo, que Macri “volvió a cambiar de idea” y “otra vez en lugar de
dialogar hace anuncios por TV”.
También
por Twitter, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se quejó de que Macri “toma
la decisión de hacerse cargo del subte con 10 meses de atraso y pretende
quedar como estadista”.
“De
todas maneras más vale tarde que nunca y acompañaremos todo lo necesario para
que se mejore el servicio de subtes y para que se controle a Metrovías”,
agregó, y se mostró esperanzado en que Macri "no cambie de opinión
nuevamente".
Por
su parte, Francisco “Tito” Nenna destacó que la decisión del líder del PRO es
“importante” pero subrayó que lo hizo “después de mucho tiempo de haber
evitado” hacerlo. “Podría haberlo hecho en marzo”, agregó.
En
la misma línea se manifestó Juan Cabandié. En diálogo con Infobae, el
legislador conisderó que la decisión era "tardía" y que
"finalmente se le dio la razón al gobierno nacional".
“Pareciera
como que el jefe de Gobierno necesita ponerse a la defensiva para hacerse
cargo de los problemas”, remarcó.
Consultado
sobre la posición que adoptará su bloque sobre el proyecto de ley que Macri
informó que enviaría a la Legislatura, dijo que era imposible precisarla ya
que no tienen conocimientos sobre su contenido.
“Aunque
haya pasado un año celebramos que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo de
lo que correspondía por Ley, por historia y por propiedad”, destacó el
ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Teníamos razón! No tiene caso entrar en
polémica sobre las ya acostumbradas excusas del Jefe de Gobierno”, acotó.
En
tanto, desde la Colación Cívica, el titular de la bancada en la Legislatura,
Fernando Sánchez, destacó: “A casi un año de la firma del convenio de
traspaso, firmado entre ambos gobiernos, seguimos sin saber cuánto va a ser
la tarifa, quién lo va a administrar y en qué se gastó la plata. Un nuevo anuncio sin soluciones”.
“Desde
la Coalición Cívica sostenemos que la Ciudad de Buenos Aires debe administrar
los subtes pero vamos a ser muy cuidadosos con las soluciones que se plantean
ya que para el Jefe de Gobierno la plata sólo aparece luego del nuevo aumento
de impuestos”, agregó.
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Una jugada que se anticipó por la caída en las encuestas
Por Giselle Rumeau,
El jefe de Gobierno porteño había decidido
hace un mes aceptar el traspaso de la red de subterráneos, tras concluir que
la Casa Rosada no daría marcha atrás en el conflicto y que el costo político
de arrancar el próximo año electoral con un servicio paralizado por falta de
fondos complicaría su proyecto presidencial. La idea era demorar el anuncio
hasta diciembre, para intentar negociar algunos cabos sueltos con la Nación.
Si adelantó la jugada fue, precisamente, por la caída en su imagen que reflejaron
los sondeos de opinión el fin de semana…
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ARTÍCULO DE FONDO.
Las nuevas clases medias latinoamericanas
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BM: Clase media en América
Latina aumenta 50%
POR LUIS ALONSO LUGO
La clase media en América Latina se
incrementó en 50% durante la década pasada, dijo el martes el
Banco Mundial al calificar la tendencia como un logro histórico en una de las
regiones del planeta con mayor inequidad económica.
…El
presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim advirtió que "los gobiernos de
América Latina y el Caribe aún tienen mucho por hacer -un tercio de la
población sigue en la pobreza- pero debemos festejar el aumento de la clase
media y aprender de él".
Los
países donde la tendencia ha ocurrido con más fuerza son Brasil, donde la
clase media creció 40%; Colombia, donde el 54% de la población mejoró su
nivel económico entre 1992 y 2008; y México, que vio al 17% de su población
sumarse a la clase media entre 2000 y el 2010.
El
economista Ricardo Paes de Barros, secretario de Asuntos Estratégicos del
gobierno brasileño, destacó que las políticas sociales de distribución de
ingreso aplicadas desde 2003 fueron clave en ese ascenso, pero el factor más
importante a su juicio fue la generación de empleos formales.
"Hubo
un aumento de entre 15 y 19 millones de puestos formales de trabajo, no fue
sólo la política social la que ayudó al aumento de la clase media", dijo
Paes de Barro al comentar el informe en Brasilia.
El
informe define a los integrantes de la clase media como aquellos que perciben
entre 10 y 50 dólares diarios per cápita. Los agrupa como el 30% de la
población general, mientras que el grupo en pobreza representa otro 30%.
Entre
los factores que han contribuido con esta tendencia, Kim enumeró el mayor nivel educativo de los
trabajadores, un
mayor nivel de empleo formal, más personas viviendo en áreas urbanas, más mujeres en la fuerza
laboral y familias
con menos hijos.
Kim
también exhortó a los gobiernos de la región a asumir tareas complejas que le
permitan mantener el crecimiento económico de manera sostenida, tales como mejorar la productividad,
reducir el costo
logístico, renovar
infraestructura, mejorar
la calidad del sistema educativo y la transparencia de entes públicos….
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La movilidad económica y el
crecimiento de
la clase media en América
Latina
Extracto
del documento original que encontrarás completo en el link al finalizar la
transcripción. Es larga. Imprimila y leela: podrás explicarte el rumbo de
nuestros gobiernos basados en un contrato social bajo un estado de bienestar
(altos impuestos, servicios públicos antes que privados) y donde se cita una
sola vez la palabra “libertad” uno de los grandes problemas latinoamericanos
que confronta la libertad con el progreso. Presenta el informe en “El
contrato social” la fragmentación ocurrida en AL: ante las deficiencias de
las prestaciones del Estado, la clase media logró soluciones propias para
desarrollar su potencial, lo que dejó atrás a los pobres. Carga más sobre las conductas de la clase
media que la de Estados que coincidieron con un populismo exacerbado y lejos
de brindar servicios siquiera para los pobres, se empobrecieron para todos.
Muy interesante. Vale la pena el documento completo o, al menos, esta
transcripción. Será bueno que la lea Cristina: tal vez comprenda un poco
mejor lo que ocurre en el país.
“…En primer lugar, describamos los rasgos
objetivos comunes: en todos los países de América Latina, los cabezas de
familia de clase media tienen más años de escolarización que los de las
clases pobres o vulnerables, pero menos años que los ricos
>Los hogares de clase media también
tienen más tendencia a vivir en zonas urbanas que los grupos más pobres.
>Además, el empleo formal parece ser un signo
distintivo de la clase media en América Latina: es más probable que el
trabajador de clase media sea un empleado formal que un autoempleado, un
desempleado o un empleador.
>Al contrario, los pobres y vulnerables
dependen del autoempleo (o sufren el desempleo) más a menudo, mientras que
los ricos son más frecuentemente empleadores y, en algunos países,
autoempleados.
>En la mayoría de países de América Latina para los cuales existen
datos, el empleo en el sector público es más frecuente entre los ricos que en
la clase media (aunque México y Perú son excepciones)
>Normalmente, el trabajador de clase
media en América Latina es un trabajador de los servicios razonablemente
educado, empleado por una empresa privada con un contrato formal, es decir,
con un contrato que le da derecho a prestaciones sociales, en una zona urbana
Los hogares de clase media normalmente
tienen menos hijos y las mujeres participan en el mercado de trabajo más
frecuentemente: el 73% de las mujeres de clase media entre los 25 y los 65
años en América Latina están empleadas o buscan un empleo, en comparación con
el promedio de 62% para el conjunto de la población en la región. Sus hijos
normalmente van a la escuela: casi todos los niños de clase media de entre 6
y 12 años van al colegio, en comparación con las tres cuartas partes de los
que tienen entre 13 y los 18 años.
En resumen, a pesar de que hay visibles
variaciones en el perfil de la clase media de un país a otro, predominan las
similitudes: la clase media presenta un conjunto de patrones demográficos y
socioeconómicos distintivos en casi todos los países de América Latina.
¿Acaso significaría esto que la clase media también comparte sistemáticamente
opiniones y creencias acerca de la sociedad que difieren de las de otros
grupos? Nuestra investigación sugiere que éste no es el caso. Un análisis de
los valores y creencias de la clase media realizado utilizando encuestas de
opinión demuestra que las características de cada país explican mucho más la
diversidad en los valores de las personas que su pertenencia a una clase. En
particular, no hay evidencias sólidas que permitan hablar de una “excepcionalidad
de la clase media” en términos de valores y creencias. Desde luego, es
probable que los encuestados de clase media confíen más en las instituciones
de sus países (entre ellas el gobierno, los partidos políticos y la policía)
que sus contrapartes más pobres, y que declaren una fe más sólida en la
meritocracia de sus sociedades. También es probable que sean menos propensos
a percibir la violencia política como legítima.
Sin embargo, la mayoría de estas
asociaciones sencillamente reflejan correlaciones positivas con los ingresos
y la educación en lugar de tener que
ver específicamente con la condición de clase media. Es más, en general, los
ingresos y la condición de clase contribuyen a explicar sólo una pequeña
parte de la diversidad global en materia de valores.
Esta realidad contrastante se puede
describir sencillamente como sigue: cuando se trata de características
socioeconómicas y demográficas, una persona de clase media en Perú tiene más
en común con una persona de clase media en México que con una persona más
pobre en Perú; pero cuando se trata de valores y aspiraciones, la misma
persona de clase media en Perú tiene más en común con una persona pobre en
Perú que con una persona de clase media en México.
La clase media y el contrato social
¿Cuáles son, si es que las hay, las
implicaciones de una clase media en ascenso con estas características
—urbana, con mejores niveles educativos, en su mayoría empleados del sector
privado y con creencias y opiniones que, en términos generales, coinciden con
las de sus compatriotas más pobres y menos educados— para la política social
y económica? Concretamente, ¿hay alguna probabilidad de que el crecimiento de
la clase media de América Latina induzca a cambios en el contrato social
fragmentado de la región?
En un sentido amplio, un “contrato social”
puede entenderse como la combinación de acuerdos implícitos y explícitos que
determinan lo que cada grupo contribuye al Estado y lo que recibe de él. A
grandes rasgos, el contrato social de América Latina en la segunda mitad del
siglo XX se caracterizó por un Estado pequeño al que la elite (y la pequeña
clase media a ella unida) contribuía con impuestos bajos y del que se
beneficiaba en gran parte mediante un conjunto “truncado” de beneficios en
efectivo, como pensiones de jubilación, indemnizaciones por despido, etc., a
los cuales sólo tenían derecho los trabajadores formales del sector privado.
Quedaba, pues, poca cosa para proporcionar
servicios públicos de alta calidad en los sectores de la educación, la salud,
las infraestructuras y la seguridad, por ejemplo. Los servicios públicos en
estos sectores, por lo tanto, generalmente eran de baja calidad; mientras que
la amplia mayoría de la población (pobres y vulnerables) no tenía
alternativa, los ricos y la pequeña clase media renunciaron a ellos y
escogieron alternativas ofrecidas por el sector privado. La esencia de este
contrato (implícito) era sencilla: a las clases altas y medias no se les
pedía pagar demasiado y, a su vez, éstas tampoco esperaban recibir gran cosa
de los servicios públicos. Los pobres también pagaban poco y, en consonancia,
recibían poco en términos de beneficios públicos.
Una manifestación de este contrato social
era un Estado normalmente pequeño y con un sesgo hacia un sistema de pagos de
la seguridad social del sector formal a los más acomodados. Actualmente, con
la excepción de Argentina y Brasil, la región se caracteriza por tener
ingresos fiscales totales relativamente bajos. El promedio de los ingresos
fiscales totales en 2010 fue de 20,4% del PIB en América Latina, en
comparación con 33,7% en los países de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico, por ejemplo.
Por otro lado, en la composición de estos
ingresos fiscales tenían más peso los impuestos indirectos (a las ventas) y
las contribuciones a la seguridad social que el impuesto sobre la renta y la
propiedad, lo cual conducía a un sistema que no es especialmente progresivo.
Por el lado de los beneficios, la clase
media (y la elite) participaba de manera desproporcionada en el sistema de
seguridad social (incluyendo pensiones
de jubilación y de incapacidad, protección por desempleo, indemnizaciones por
despido y seguros de salud). Sin embargo, tendía sobre todo a no optar por la
educación pública ni por los servicios públicos de salud. En su lugar, las
clases altas y medias en América Latina suelen recurrir a alternativas
privadas para obtener estos últimos servicios. Esta tendencia a no optar por
el sistema público se extendió incluso a los servicios en que la provisión
pública debería ser la norma incuestionable, como el suministro eléctrico: en
algunos países de América Latina, según se observa todavía, la propiedad
privada de generadores de electricidad aumenta con los ingresos del hogar. Lo
mismo es válido para la seguridad pública, ya que en varios países en la
región la seguridad privada en condominios cerrados no es una realidad
infrecuente.
Sin embargo, éste no es un panorama
estático. A lo largo de los últimos 10 a 20 años, y sobre todo después de los
procesos de recuperación de la democracia en muchos países de América Latina,
este equilibrio político ha comenzado a cambiar, aunque sólo progresivamente.
La generalización de esquemas no contributivos de pensiones de jubilación y
seguros de salud, así como el aumento de las transferencias condicionadas de
efectivo ha posibilitado que las transferencias redistributivas del Estado
ahora lleguen a los pobres en una medida que hace 20 años era desconocida en
la mayor parte de la región. Al mismo tiempo, en la mayoría de países de la
región la ampliación de beneficios en efectivo a los pobres no se ha visto
acompañada de un retorno de la clase media a los servicios públicos de salud
y educación. Puede que el “estado de bienestar” en América Latina se haya
vuelto menos “truncado”, pero su contrato social sigue fragmentado.
Es natural preguntarse si América Latina
será capaz de continuar su reciente trayectoria de “crecimiento con equidad”
(o al menos con una disminución de la desigualdad) sobre la base de ese
contrato fragmentado, que genera inherentemente menos oportunidades para el
grueso de la población. Ya sea en la Europa occidental de la posguerra o
en la China de después de la
revolución, en la República de Corea
después de la reforma agraria o en Estados Unidos después del New Deal, el
progreso socioeconómico ha requerido a menudo una combinación de libertad
económica y sólidos fundamentos de educación, salud e infraestructura
públicas. Es casi seguro que la mayoría de países en América Latina y el
Caribe requerirán reformas adicionales de sus contratos sociales para
permitir a sus gobiernos proporcionar esos fundamentos y sostener el
crecimiento.
Sin embargo, ¿puede el auge de la clase
media documentado en este estudio facilitar estas reformas? ¿O, al contrario,
se consolidará la opción de la clase media por los servicios privados,
reduciendo así su disposición a contribuir al erario público con el fin de
generar oportunidades para aquellos que siguen siendo pobres? En cierto
sentido, a medida que evoluciona hacia una estructura social más madura, con
una clase media más grande que hace oír su voz más resueltamente, América
Latina se encuentra en una encrucijada: ¿romperá (aún más) con el contrato
social fragmentado que heredó de su pasado colonial y seguirá persiguiendo
una mayor igualdad de oportunidades o se entregará aún más decididamente a un
modelo perverso en que la clase media se excluye de participar y se vale por
sí misma?
Este estudio no responde a esas grandes
preguntas. Se limita a plantearlas, porque se derivan naturalmente de las
tendencias recientes en movilidad económica y del tamaño de la clase media
(tendencias que combinan las buenas noticias del reciente aumento de los
ingresos y la reducción de la pobreza con la realidad de una movilidad
limitada entre generaciones y la persistencia de la desigualdad de
oportunidades).
Aun así, el estudio sugiere que puede que
las clases medias no se conviertan automáticamente en el tan esperado agente
catalítico de las reformas. Aún queda por verse si y cómo la nueva clase
media contribuirá a fortalecer el contrato social de la región, y sin duda
estas preguntas serán el objeto de numerosas investigaciones en el futuro.
Sin embargo, el informe destaca tres sectores donde las reformas pueden
contribuir a conseguir el apoyo de la clase media para un contrato social más
justo y más legítimo: Incorporar el objetivo de igualdad de oportunidades más
explícitamente en las políticas públicas. Esto es fundamental para asegurar
que las clases medias sientan que viven en una sociedad donde esforzarse merece la pena y los méritos son
recompensados en lugar de una sociedad que tiende a favorecer a los grupos
privilegiados. También es fundamental para ampliar el acceso de aquellos que
siguen siendo pobres o vulnerables a buenos empleos y a fuentes estables de
ingresos. A pesar de que este esfuerzo requerirá reformas en una amplia gama
de ámbitos, este informe pone de relieve la necesidad de mejorar la calidad
de la educación pública, desde el desarrollo de habilidades cognitivas y
sociales durante la primera infancia hasta la creación de mejores institutos
universitarios y universidades. A su vez, una mayor igualdad de oportunidades
potenciaría la eficiencia económica, contribuyendo así a abordar el
persistente problema del bajo crecimiento en América Latina y mejorando las
condiciones para que el sector privado en la región genere mejores y más
estables empleos para todas las clases.
Embarcarse en una segunda generación de
reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda social y la
seguridad social. A pesar de que las mejoras específicas en el ámbito de la
ayuda social, previamente mencionadas, contribuyeron en gran medida a la
reducción observada de la pobreza y de las desigualdades en los ingresos
durante los últimos 10 a 15 años, su expansión no se ha integrado
adecuadamente en el conjunto del sistema de protección social, lo cual ha
generado nuevos desafíos tanto para la eficiencia como para la equidad.
Cada vez más, se pide a las clases medias
que paguen por servicios que se proporciona a otros gratuitamente. Puede que
un sistema de protección social dual basado en ayudas selectivas a los pobres
y en seguros (subvencionados) para las clases medias también esté mal
adaptado para una gran población vulnerable que no es ni pobre ni clase media
y cuya vulnerabilidad aumentará si el entorno externo se vuelve menos
favorable que en el pasado.
Por lo tanto, ha llegado el momento de
embarcarse en una segunda generación de reformas de protección social,
mediante las cuales se superará la fragmentación de manera que se potencie la
equidad, la solidaridad y la inclusión. Romper el círculo vicioso de los
impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos que lleva a las
clases medias y altas a optar por desvincularse. A pesar de que hay cierto
margen para mejorar la calidad de los servicios públicos en el marco de las
actuales partidas presupuestarias, será un desafío conseguirlo sin fortalecer
la base de los ingresos, que sigue siendo baja prácticamente en todas partes
excepto en Argentina y Brasil.
Mejorar la percepción que tienen las
personas de la equidad en los impuestos y de la eficacia redistributiva del
gasto público será clave para cualquier reforma exitosa. Las clases medias no
se prestarán ni contribuirán a un contrato social mejorado si los bienes que
tienen en tan alta estima (como la protección de los derechos civiles, la
educación, la policía y los servicios de salud) son suministrados
deficientemente por el Estado y si no perciben que los ricos contribuyen de
manera justa al contrato social.
Durante la mayor parte de los años 2000, la
mejora en el marco de las políticas en América Latina permitió a muchos
países aprovechar un entorno externo benigno para iniciar una impresionante
transición hacia una sociedad de clase media.
Esto ha creado grandes expectativas, que
corren el riesgo de convertirse en frustración si esta transición se detiene.
Sin embargo, la región no puede contar con
que el entorno externo seguirá siendo tan favorable como en el pasado
reciente para alcanzar más beneficios sociales y económicos. Por lo tanto, se
requerirá un esfuerzo mucho mayor en el diseño de las políticas para
consolidar y profundizar el proceso de la movilidad ascendente y hacerlo más
resistente a las potenciales perturbaciones adversas. Al final, la
responsabilidad recaerá fundamentalmente sobre los hombros de los dirigentes
políticos y las instituciones democráticas de la región, que se enfrentan al
desafío de replantear su contrato social
“…En
primer lugar, describamos los rasgos objetivos comunes: en todos los países
de América Latina, los cabezas de familia de clase media tienen más años de
escolarización que los de las clases pobres o vulnerables, pero menos años
que los ricos
>Los
hogares de clase media también tienen más tendencia a vivir en zonas urbanas
que los grupos más pobres.
>Además,
el empleo formal parece ser un signo
distintivo de la clase media en América Latina: es más probable que el
trabajador de clase media sea un empleado formal que un autoempleado, un
desempleado o un empleador.
>Al
contrario, los pobres y vulnerables dependen del autoempleo (o sufren el
desempleo) más a menudo, mientras que los ricos son más frecuentemente
empleadores y, en algunos países, autoempleados.
>En
la mayoría de países de América Latina
para los cuales existen datos, el empleo en el sector público es más frecuente
entre los ricos que en la clase media (aunque México y Perú son excepciones)
>Normalmente,
el trabajador de clase media en América Latina es un trabajador de los
servicios razonablemente educado, empleado por una empresa privada con un
contrato formal, es decir, con un contrato que le da derecho a prestaciones
sociales, en una zona urbana
Los
hogares de clase media normalmente tienen menos hijos y las mujeres participan
en el mercado de trabajo más frecuentemente: el 73% de las mujeres de clase media
entre los 25 y los 65 años en América Latina están empleadas o buscan un
empleo, en comparación con el promedio de 62% para el conjunto de la
población en la región. Sus hijos normalmente van a la escuela: casi todos
los niños de clase media de entre 6 y 12 años van al colegio, en comparación
con las tres cuartas partes de los que tienen entre 13 y los 18 años.
En
resumen, a pesar de que hay visibles variaciones en el perfil de la clase
media de un país a otro, predominan las similitudes: la clase media presenta
un conjunto de patrones demográficos y socioeconómicos distintivos en casi
todos los países de América Latina. ¿Acaso significaría esto que
la clase media también comparte sistemáticamente opiniones y creencias acerca
de la sociedad que difieren de las de otros grupos? Nuestra investigación
sugiere que éste no es el caso. Un análisis de los valores y creencias de la clase
media realizado utilizando encuestas de opinión demuestra que las características de cada
país explican mucho más la diversidad en los valores de las personas que su
pertenencia a una clase. En particular, no hay evidencias sólidas que permitan hablar de una “excepcionalidad
de la clase media” en términos de valores y creencias. Desde luego, es
probable que los encuestados de clase media confíen más en las instituciones
de sus países (entre ellas el gobierno, los partidos políticos y la policía)
que sus contrapartes más pobres, y que declaren una fe más sólida en la
meritocracia de sus sociedades. También es probable que sean menos propensos a percibir
la violencia política como legítima.
Sin
embargo, la mayoría de estas asociaciones sencillamente reflejan correlaciones positivas con
los ingresos y la educación en lugar de
tener que ver específicamente con la condición de clase media. Es más,
en general, los ingresos y la condición de clase contribuyen a explicar sólo
una pequeña parte de la diversidad global en materia de valores.
Esta
realidad contrastante se puede describir sencillamente como sigue: cuando se
trata de características socioeconómicas y demográficas, una persona de clase
media en Perú tiene más en común con una persona de clase media en México que
con una persona más pobre en Perú; pero cuando se trata de valores y aspiraciones, la misma persona de
clase media en Perú tiene más en común con una persona pobre en Perú que con
una persona de clase media en México.
La clase media y el
contrato social
¿Cuáles
son, si es que las hay, las implicaciones de una clase media en ascenso con
estas características —urbana, con mejores niveles educativos, en su mayoría
empleados del sector privado y con creencias y opiniones que, en términos
generales, coinciden con las de sus compatriotas más pobres y menos educados—
para la política social y económica? Concretamente, ¿hay alguna probabilidad de que el crecimiento
de la clase media de América Latina induzca a cambios en el contrato social
fragmentado de la región?
En
un sentido amplio, un “contrato social” puede entenderse como la combinación
de acuerdos implícitos y explícitos que determinan lo que cada grupo contribuye al Estado y lo
que recibe de él. A grandes rasgos, el contrato social de América
Latina en la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por un Estado pequeño
al que la elite (y la pequeña clase media a ella unida) contribuía con
impuestos bajos y del que se beneficiaba en gran parte mediante un conjunto
“truncado” de beneficios en efectivo, como pensiones de jubilación,
indemnizaciones por despido, etc., a los cuales sólo tenían derecho los
trabajadores formales del sector privado.
Quedaba,
pues, poca cosa para proporcionar servicios públicos de alta calidad en los
sectores de la educación, la salud, las infraestructuras y la seguridad, por
ejemplo. Los servicios públicos en estos sectores, por lo tanto, generalmente
eran de baja calidad; mientras que la amplia mayoría de la población (pobres
y vulnerables) no tenía alternativa, los ricos y la pequeña clase media renunciaron a ellos
y escogieron alternativas ofrecidas por el sector privado. La esencia de
este contrato (implícito) era sencilla: a las clases altas y medias no se les
pedía pagar demasiado y, a su vez, éstas tampoco esperaban recibir gran cosa
de los servicios públicos. Los pobres también pagaban poco y, en consonancia,
recibían poco en términos de beneficios públicos.
Una
manifestación de este contrato social era un Estado normalmente pequeño y con
un sesgo hacia un sistema de pagos de la seguridad social del sector formal a
los más acomodados. Actualmente, con la excepción de Argentina y Brasil, la
región se caracteriza por tener ingresos fiscales totales relativamente
bajos. El promedio de los ingresos fiscales totales en 2010 fue de 20,4% del
PIB en América Latina, en comparación con 33,7% en los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, por ejemplo.
Por otro lado, en la composición de
estos ingresos fiscales tenían más peso los impuestos indirectos (a las
ventas) y las contribuciones a la seguridad social que el impuesto sobre la
renta y la propiedad, lo cual conducía a un sistema que no es especialmente progresivo.
Por
el lado de los beneficios, la clase media (y la elite) participaba de manera desproporcionada
en el sistema de seguridad social (incluyendo
pensiones de jubilación y de incapacidad, protección por desempleo,
indemnizaciones por despido y seguros de salud). Sin embargo, tendía sobre
todo a no optar por la educación
pública ni por los servicios públicos de salud. En su lugar, las clases altas y medias en
América Latina suelen recurrir a alternativas privadas para obtener estos
últimos servicios. Esta tendencia a no optar por el sistema público se
extendió incluso a los servicios en que la provisión pública debería ser la
norma incuestionable, como el suministro eléctrico: en algunos países de
América Latina, según se observa todavía, la propiedad privada de generadores
de electricidad aumenta con los ingresos del hogar. Lo mismo es válido para la
seguridad pública, ya que en varios países en la región la seguridad privada
en condominios cerrados no es una realidad infrecuente.
Sin
embargo, éste no es un panorama estático. A lo largo de los últimos 10 a 20
años, y sobre todo después
de los procesos de recuperación de la democracia en muchos países de América
Latina, este equilibrio político ha comenzado a cambiar, aunque sólo
progresivamente. La generalización de esquemas no contributivos de
pensiones de jubilación y seguros de salud, así como el aumento de las transferencias
condicionadas de efectivo ha posibilitado que las transferencias
redistributivas del Estado ahora lleguen a los pobres en una medida que hace
20 años era desconocida en la mayor parte de la región. Al mismo tiempo, en la mayoría de países de la región
la ampliación de beneficios en efectivo a los pobres no se ha visto
acompañada de un retorno de la clase media a los servicios públicos de salud
y educación. Puede que el “estado de bienestar” en América Latina se haya
vuelto menos “truncado”, pero su contrato social sigue fragmentado.
Es
natural preguntarse si América Latina será capaz de continuar su reciente
trayectoria de “crecimiento con equidad” (o al menos con una disminución de
la desigualdad) sobre la base de ese contrato fragmentado, que genera
inherentemente menos oportunidades para el grueso de la población. Ya sea en
la Europa occidental de la posguerra o en la China de después de la revolución, en la República de Corea después de la reforma agraria
o en Estados Unidos después del New Deal, el progreso socioeconómico ha requerido a menudo una
combinación de libertad económica y sólidos fundamentos de educación, salud e
infraestructura públicas. Es casi seguro que la mayoría de países en
América Latina y el Caribe requerirán reformas adicionales de sus contratos
sociales para permitir a sus gobiernos proporcionar esos fundamentos y
sostener el crecimiento.
Sin embargo, ¿puede el auge de la
clase media documentado en este estudio facilitar estas reformas? ¿O, al
contrario, se consolidará la opción de la clase media por los servicios
privados, reduciendo así su disposición a contribuir al erario público con el
fin de generar oportunidades para aquellos que siguen siendo pobres?
En cierto sentido, a medida que evoluciona hacia una estructura social más
madura, con una clase media más grande que hace oír su voz más resueltamente,
América Latina se encuentra en una encrucijada: ¿romperá (aún más) con el contrato social fragmentado
que heredó de su pasado colonial y seguirá persiguiendo una mayor igualdad de
oportunidades o se entregará aún más decididamente a un modelo perverso en
que la clase media se excluye de participar y se vale por sí misma?
Este
estudio no responde a esas grandes preguntas. Se limita a plantearlas, porque
se derivan naturalmente de las tendencias recientes en movilidad económica y
del tamaño de la clase media (tendencias que combinan las buenas noticias del
reciente aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza con la realidad
de una movilidad limitada entre generaciones y la persistencia de la
desigualdad de oportunidades).
Aun
así, el estudio sugiere que puede que las clases medias no se conviertan
automáticamente en el tan esperado agente catalítico de las reformas. Aún
queda por verse si y cómo la nueva clase media contribuirá a fortalecer el
contrato social de la región, y sin duda estas preguntas serán el objeto de
numerosas investigaciones en el futuro. Sin embargo, el informe destaca tres
sectores donde las reformas pueden contribuir a conseguir el apoyo de la
clase media para un contrato social más justo y más legítimo: Incorporar el
objetivo de igualdad de oportunidades
más explícitamente en las políticas públicas. Esto es fundamental para
asegurar que las clases medias sientan que viven en una sociedad donde esforzarse merece la pena y los méritos son recompensados
en lugar de una sociedad que tiende a favorecer a los grupos privilegiados.
También es fundamental para ampliar el acceso de aquellos que siguen siendo pobres o vulnerables
a buenos empleos y a fuentes estables de ingresos. A pesar de que este
esfuerzo requerirá reformas en una amplia gama de ámbitos, este informe pone
de relieve la necesidad de
mejorar la calidad de la educación pública, desde el desarrollo de
habilidades cognitivas y sociales durante la primera infancia hasta la creación de mejores institutos
universitarios y universidades. A su vez, una mayor igualdad de
oportunidades potenciaría la eficiencia económica, contribuyendo así a
abordar el persistente problema del bajo crecimiento en América Latina y
mejorando las condiciones para que el sector privado en la región genere mejores
y más estables empleos para todas las clases.
Embarcarse
en una segunda
generación de reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda social y la seguridad
social. A pesar de que las mejoras específicas en el ámbito de la
ayuda social, previamente mencionadas, contribuyeron en gran medida a la
reducción observada de la pobreza y de las desigualdades en los ingresos
durante los últimos 10 a 15 años, su expansión no se ha integrado
adecuadamente en el conjunto del sistema de protección social, lo cual ha
generado nuevos desafíos tanto para la eficiencia como para la equidad.
Cada
vez más, se pide a las clases medias que paguen por servicios que se
proporciona a otros gratuitamente. Puede que un sistema de protección social
dual basado en ayudas selectivas a los pobres y en seguros (subvencionados)
para las clases medias también esté mal adaptado para una gran población
vulnerable que no es ni pobre ni clase media y cuya vulnerabilidad aumentará
si el entorno externo se vuelve menos favorable que en el pasado.
Por
lo tanto, ha llegado el momento de embarcarse en una segunda generación de
reformas de protección social, mediante las cuales se superará la fragmentación
de manera que se potencie la equidad, la solidaridad y la inclusión. Romper
el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos
que lleva a las clases medias y altas a optar por desvincularse. A pesar de
que hay cierto margen para mejorar la calidad de los servicios públicos en el
marco de las actuales partidas presupuestarias, será un desafío conseguirlo
sin fortalecer la base de los ingresos, que sigue siendo baja prácticamente
en todas partes excepto en Argentina y Brasil.
Mejorar
la percepción que tienen las personas de la equidad en los impuestos y de la eficacia
redistributiva del gasto público será clave para cualquier reforma exitosa. Las clases medias no se
prestarán ni contribuirán a un contrato social mejorado si los bienes que tienen
en tan alta estima (como la protección de los derechos civiles, la educación,
la policía y los servicios de salud) son suministrados deficientemente por el
Estado y si no perciben que los ricos contribuyen de manera justa al contrato
social.
Durante
la mayor parte de los años 2000, la mejora en el marco de las políticas en América
Latina permitió a muchos países aprovechar un entorno externo benigno para iniciar
una impresionante transición hacia una sociedad de clase media.
Esto
ha creado grandes expectativas, que corren el riesgo de convertirse en
frustración si esta transición se detiene.
Sin
embargo, la región no puede contar con que el entorno externo seguirá siendo
tan favorable como en el pasado reciente para alcanzar más beneficios
sociales y económicos. Por lo tanto, se requerirá un esfuerzo mucho mayor en
el diseño de las políticas para consolidar y profundizar el proceso de la movilidad
ascendente y hacerlo más resistente a las potenciales perturbaciones adversas.
Al final, la responsabilidad recaerá fundamentalmente sobre los hombros de
los dirigentes políticos y las instituciones democráticas de la región, que
se enfrentan al desafío de replantear su contrato social
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