Lunes 14-XII-09

Justicia x mano propia: una consecuencia de 

años de confusión de los gobernantes

¿Puede sorprender a un seguidor de la realidad social argentina los casos de justicia por mano propia? Solamente gente muy distraída puede sorprenderse. Tal vez pueda estar asustado, mas no sorprendido.

¿Hace cuántos años que desde los gobiernos se viene jugando con el tema? Decimos “jugar” porque la dirigencia “jugó” al gato y al ratón con el tema o simplemente a desconocerlo.

La inseguridad es anterior a los gobiernos kirchneristas. Ya en tiempos de Alfonsín se atribuía la creciente inseguridad a la salida de una dictadura y bajo explicaciones psicologistas hasta debía verse positivamente, como una expresión de las libertades conquistadas.

En tiempos de Menem hubo ya sucesos raros y llamativos, como el chiquilín que arma en mano exige a una señora entregue la cartera y esas cosas. La acompañaba su hija chica también. La mujer, ante la situación, se arrodilló ante el ladrón pidiendo que no la matara. ¿Qué hizo? La mató.

Con los años, la extensión del paco y la falta de cualquier acción estatal sobre miles de chicos en situación de pobreza, criados en ambientes netamente delincuenciales como muchas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país, han puesto en circulación mucha más gente dedicada a la delincuencia y con mayor agresividad. Las bandas del narcotráfico han venido a acrecentar el problema.

Las respuestas desde los gobiernos es por todos recordada: desde “sensación de inseguridad” de la Garré hasta el automáta “con fe, con trabajo, con dedicación…..” de Scioli. Solamente episodios de gran magnitud movieron a las autoridades a hacer alguna jugada de aquellas “hacer algo para no hacerlo”.

Uno de los argumentos que utiliza el grupo doctrinario Zaffaroni, es que los códigos penales no evitan el delito. Bajo este argumento, asociado a la victimización social del delincuente, trata de conformar un código penal de baja punibilidad. En la práctica, desde hace ya varios años, la Justicia trabaja de esta forma: liberaciones hasta el dictado de sentencia, por lo que muchos casos se pasan años en las calles; liberaciones anticipadas y escasísima resolución de casos con sentencia definitiva. El sistema de seguridad compuesto por las leyes, las policías, los fiscales, los jueces y el servicio penitenciario, aparece con el tiempo como un gigantesco conglomerado de bajísimos resultados. ¿Para qué tanto aparato que, además, es ingobernable al punto de la participación delictual de muchos de sus integrantes?

La percepción ciudadana de desprotección fue sumando años ante la reticencia gubernamental de encarar el tema, paralizado entre las demandas sociales y el principismo academicista. El conocimiento de una reforma de cuño multipartidario pero de doctrina abolicionista, exacerbó los ánimos y para mucha gente ha significado un basta, un límite a la situación actual. Fue la toma de conciencia de que la dirigencia insiste en unas cosas y que no está dispuesta a tratar el tema de fondo: ¿cómo hacemos para no vivir amenazados todo el tiempo? Es más, el descubrimiento que una  provincia como Santa Fé,  gobernada desde hace años por una coalición socialista-radical se había convertido en un foco de narcotráfico con crímenes de advertencia, de venganza y hasta el propio jefe de policía implicado en este tipo de delitos –lo cual fuera descubierto por el Gobierno  Nacional y sorprendiendo a tan “buenos” administradores como aquella alianza-, también contribuye a esta idea ya popular de que el sistema funciona hoy como un protector de la delincuencia, de la impunidad de la delincuencia antes que el fin tradicional de las policías, fiscales y jueces.

Hay un argumento que el zaffaronismo –apoyado por Gil Lavedra- no consideran. Ellos ven que el código penal no reduce el delito, ergo habría que derogarlo. Como esto último no es posible, se busca minimizarlo.  La situación de la reacción ciudadana contra delincuentes pescados in fraganti en la vía pública, con linchamiento en un caso, trompadas y patadas en otros, es propia de una sociedad que fue migrando de la esperanza de soluciones en el marco  legal, en forma sistémica  por parte de los poderes del Estado a esta situación de justicia por mano propia.

Este pasaje viene produciéndose desde hace varios años. No es de un día para otro.  Mucha gente empezó a ver la relación con la delincuencia de otra forma que las tradicionales de llamar a la policía, detengan al delincuente y lo lleven a juicio y a la cárcel. Hoy, no solamente puede que no ocurra la detención, más que temporalmente, y que llegue a juicio y aún a la cárcel y, si fuera este el caso, es incierto el tiempo real final en ella, sino que además, sea atacado por el propio delincuente libre en espera del trámite judicial o de la familia como una forma de venganza por el “buchoneo”.

Desde hace varios años CrónicaTV pasa compilados de justicia por mano propia: golpiza a violadores de niños en barrios pobres y hasta la quema de la casa del violador. En muchos casos, el hecho ocurre a la vista de los policías del lugar que se limitan a llamar a los bomberos.  ¿Extraña hoy lo que ocurre en Palermo, Recoleta, Córdoba o donde fuere?

Zaffaroni y sus seguidores utilizan un argumento tramposo: el código penal no evita los crímenes. Y esto es una verdad de Perogrullo, desde el código de Hammurabi en adelante. El código comercial no evita las defraudaciones. El código de familia no evita los divorcios. ¿Debemos prescindir, entonces, del “derecho”? Este pensamiento es útil para repensar los códigos y los principios que los sustentan. Sin embargo, el final de esto sería: pruebe sin ellos.

O pruebe con la derogación de la propiedad privada lo que, -conforme las izquierdas marxistas- permitiría que no haya más delitos contra la propiedad. Aquí ya no es “el derecho” quien lo sufra sino la capacidad de generar riqueza de esa sociedad: dentro del marxismo, una y otra vez vuelven a la propiedad privada por los perjuicios de su ausencia. Pero la idea existió y se aplicó. Hoy estamos experimentando con una idea de este tipo.

El derecho ha ganado trabajoso espacio en la historia de la humanidad. Cada sociedad, todas las sociedades, necesitan de  árbitros de las situaciones humanas que se desenvuelven en su seno. En los tiempos más primitivos y hasta no hace tantos años, el “jefe” podía surgir por derecho propio dada su fuerza, su instinto y su capacidad de lucha. Con los años, el “jefe” surgiría por el  derecho sucesorio del monarca. En el medio los señores feudales y sus ejércitos. Por siglos, los árbitros dentro de las sociedades fueron líderes iluminados, divinos o simplemente audaces y quienes ejercían el sacerdocio oficial. Con el advenimiento del derecho, comenzaba un intento de igualdad ante la ley, acotar los caprichos del gobernante, asegurar la defensa del acusado y proporcionar una pena a la transgresión realizada.

Debemos acotar que bajo ningún sistema se eliminó la criminalidad y otras yerbas de la conducta humana. Simplemente, cualquiera fuere el sistema, de lo que se trata es de arbitrar entre un damnificado, ofendido, injuriado, una víctima y su agresor. Altri tempi, ocurría que el ofendido tenía el “derecho” a vengarse y de su capacidad para ello dependía el “lavado” de la injuria. El “ojo por ojo y diente por diente”, fue un intento de proporcionar la pena a la transgresión, evitando así que la venganza se extralimitara (aquello de la extralimitación en la defensa propia). Más adelante, los códigos buscarían no la eliminación de la criminalidad, sino el arbitraje del Estado anten los agravios recibidos, en base a tipificaciones previas, con penas conocidas y procedimientos que debían respetarse.

En el Estado contemporáneo argentino, lo que la gente ha perdido de vista es la capacidad, eficiencia y, finalmente, la voluntad del Estado en arbitrar aquellas situaciones. Bajo esta óptica, la aplicación del código como elemento disuasor de cometer un delito no tiene importancia respecto de la confianza de la sociedad que trabaja, paga impuestos y lleva una vida dentro del sistema en que el Estado que lo rige y le cobra impuestos actuará como árbitro eficaz de las injurias que se reciben individual y colectivamente.

El Estado argentino ha ignorado el tema al no debatirlo públicamente y abroquelándose en interpretaciones de tratados internacionales desconocidos para el grueso de la población. La cantidad y virulencia de los delitos se incrementan mientras desde los gobiernos ni se trata el tema o se lo desmerece. Y cuando ese Estado  trata de reordenar el código penal, impulsa reducciones de penas y la  eliminación de la reincidencia, generando una repulsa generalizada.

De esta manera, un proceso de años culmina hoy con la ya certeza de la población de que se encuentra en una situación de autodefensa y, como consecuencia, comienzan a verse casos de justicia por mano propia que, como dijimos anteriormente, comenzaron hace años en los sectores pobres y como respuesta a violadores barriales.

Concluyendo, lo que Zaffaroni y Gil Lavedra no admiten o minimizan  es la función de articulación del Estado como árbitro eficaz de la seguridad. Con ello,   nos devuelven  a los tiempos de la “justicia por venganza” o “justicia por mano propia”, cayendo, también, la proporcionalidad entre la pena y la transgresión: la justicia popular es vengativa y carece de proporcionalidad alguna. En esta venganza, el delincuente pagará siempre más que bajo el sistema de derecho.

Así, un supuesto avance intelectual en materia del derecho penal , finalmente, nos devuelve al estado de naturaleza originaria, a una situación de la ley del más fuerte. Toda una regresión a lo primitivo del ser humano.